Raymundo
Riva Palacio.
En 2012,
Napoleón Gómez Urrutia apostó su futuro en Andrés Manuel López Obrador. Había
tenido acercamientos indirectos con él y a través de personas en el equipo
íntimo del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard,
que fueron varias veces a platicar con él a Vancouver, donde se había refugiado
mientras enfrentaba a la justicia mexicana por un fraude millonario. Gómez
Urrutia esperaba que, de ganar López Obrador la presidencia, la acusación en su
contra se cancelaría. Cuando perdió López Obrador, cambió su discurso para
apoyar al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. El regreso del PRI a
Los Pinos, le daba esperanzas de libertad.
Desde que comenzó el gobierno de Peña
Nieto, Gómez Urrutia buscó vías de comunicación a través de poderosos políticos
priistas del norte del país, quienes cabildearon en su nombre. 'Napito', como
llamaban al hijo del líder vitalicio de los mineros, Napoleón Gómez Sada,
confiaba que podría regresar del exilio canadiense, porque las señales que
recibía apuntaban en ese sentido. Lo que escuchó es que el gobierno peñista no
quería mantener vivo un problema heredado por el gobierno de Felipe Calderón
–que a su vez lo había recibido de la administración de Vicente Fox– y que
trabajaría para cerrar el caso.
En el gobierno había preocupación,
sin embargo, por el respaldo que le habían dado los sindicatos canadienses y,
en particular, los sindicatos de la industria automotriz en Estados Unidos, con
quienes había acordado que, a cambio del apoyo recibido en su exilio en
Vancouver, al regresar a México trabajaría para que los contratos colectivos en
las armadoras instaladas en este país, los controlaran ellos. El presidente
Peña Nieto quería saber de primera mano qué pensaba él y sus expectativas, por
lo que mandó a Canadá, para entrevistarse con él, al entonces secretario del
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que hoy despacha en Gobernación.
Antes del
encuentro, a mediados de ese año,
comenzaron a producirse eventos inusuales que beneficiaron a Gómez Urrutia. El
día seis se produjo el derrame de 40 millones de químicos peligrosos de la mina
Buenavista del Cobre, en Cananea, propiedad de Germán Larrea, con quien se
había enfrentado 'Napito', y donde 10 mil mineros lo denunciaron por un
fraude de 55 millones de dólares. El derrame confrontó públicamente al gobierno
federal y a grupos políticos del PRI con Larrea, quien se distrajo de su pleito
legal con Gómez Urrutia para enfrentar la embestida ambiental del peñismo. Tres semanas después del derrame en
Cananea, el día 28, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito del Distrito Federal canceló la última orden de aprehensión vigente en
contra de él, al declarar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión y
de la negativa de amparo.
En los juzgados se enfrentaron los
jueces por el caso de Gómez Urrutia. Por un lado, los expedientes en la
jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de México, los tribunales fueron
fallando sistemáticamente a favor de 'Napito', aunque hubo magistrados que
establecieron que los dictámenes no significaban que no fuera responsable de
uno o varios delitos que le imputaban, y que tenían que seguir siendo
investigados para determinar sus responsabilidades. En el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal sucedió algo aún más
extraño, porque para el voto sobre el caso del exlíder minero se incorporó a un
juez, que, tras emitirlo a favor de la cancelación de la orden de aprehensión,
fue retirado de ese órgano y nunca más regresó. Nunca se dio explicación alguna
sobre la aparición efímera de ese juez que sólo participó en el voto sobre
'Napito'.
Después de la cancelación de la orden
de aprehensión, Navarrete Prida, quien había estado en Vancouver en noviembre
de 2013 para ver un programa de intercambio de braceros, se reunió dos veces
con Gómez Urrutia en esa ciudad y una tercera más en San Francisco, California,
pero no se conocen los detalles de esos encuentros. Abogados de los mineros mostraron
en su momento extrañeza por lo que sucedió después de agosto y tras las
reuniones con Navarrete Prida. En agosto y septiembre de 2014, en la prensa se
habló ampliamente que el regreso de Gómez Urrutia era “inminente”, pero nunca
se dio. Aunque el fallo fue en firme, o sea, sin posibilidad de apelación,
'Napito' no regresó a México. Los jueces
no lo exoneraron del delito, sino aclararon que tendría que ser llevado a un
ámbito no penal. Desde entonces, la PGR no le ha abierto un nuevo caso, ni
Gómez Urrutia ha amagado con los sindicatos canadienses y estadounidenses.
En una conversación con su abogado,
Marco Antonio Del Toro, afirmó que su cliente ganó todos los casos y no hay en
estos momentos ninguna orden de aprehensión en su contra, pero que por
recomendación suya no ha regresado a México porque teme que Grupo México busque
una nueva orden de aprehensión en contra de su cliente.
La libertad
de Gómez Urrutia es relativa. Lo que se pudo haber logrado en los tribunales
mexicanos con los apoyos priistas, que no tuvo 'Napito' en el gobierno de
Calderón, no le alcanza para darle la tranquilidad. La posibilidad de regresar
finalmente del largo exilio canadiense se la ha brindado Andrés Manuel López
Obrador al incorporarlo en la lista plurinominal del Senado. Es la puerta al
fuero constitucional para que regrese a México sin temor a que le vuelvan a
pedir cuentas por el fraude que, insisten los mineros, cometió, cueste, a quien
sea, lo que cueste.
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