La percepción de que
México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este
rubro entre los países que conforman el G20 y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de
Percepción de la Corrupción 2017 (IPC).
El índice realizado por Transparencia Mexicana y
Transparencia Internacional reveló que
la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una
escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100
es el mejor evaluado en la materia.
Esto ubica al país en
la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se
encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo
de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y
Paraguay.
Es además el país peor
evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
Países como Chile o
Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el
ranking, comprueban que la corrupción es un problema institucional en el país.
Diversos organismos
nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones
independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en
México.
Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente
Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero
aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual
es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el
privado.
URGEN IMPLEMENTAR SISTEMA ANTICORRUPCIÓN.
La organización Transparencia Mexicana realizó una serie de
recomendaciones para México, como
asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
en todo el territorio nacional.
También solicitó
incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones
de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”.
Demandó la creación de
una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para
asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política,
ni de intereses privados.
Por último, la
organización recomendó a México avanzar hacia sistemas de información
interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la
máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos
políticos y sus proveedores.
De acuerdo con el Banco
de México (Banxico) y el Banco Mundial, la corrupción en México representa
cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) la sitúa en 10 por ciento del
PIB.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha
reportado que en números equivale a 347 mil millones de pesos, una cifra parecida
a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.
A las empresas la corrupción en materia regulatoria costó mil
600 millones de pesos durante 2016, reveló una encuesta del Inegi. Por cada
compañía, el promedio fue de 12 mil 243 pesos.
La violencia de género también tiene un costo económico.
Derivado del daño físico y emocional que demanda gastos médicos, terapia
psicológica, absentismo laboral y políticas públicas, la violencia contra las
mujeres costó en México 245 mil 118 millones de pesos en 2015, lo que equivale
al 1.4 por ciento del PIB, de acuerdo con el estudio “El costo de la violencia
contra las mujeres en México” realizado por el Programa Universitario de
Estudios de Género (PUEG).
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