El Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado
–presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de
Cuenta Pública 2016– mostró que las
entidades con el peor promedio en gestión de los recursos federales recibidos
mediante gasto programable y participaciones fueron Michoacán (64.1), Veracruz
(64.4), Guerrero (70.8), Tamaulipas (71.4) y Oaxaca (71.9).
El valor promedio nacional del índice en 2016 fue de 79.6
puntos, en donde a mayor puntuación corresponde un mejor desempeño en el empleo
del dinero federal del gasto programable y participaciones. Considera
aplicación oportuna, calidad y transparencia.
De los recursos federales enviados a estados, municipios y
delegaciones de la Ciudad de México, la
Auditoría Superior de la Federación observó 98 mil 102 millones 900 mil pesos
(69 por ciento gasto programable y 31 por ciento participaciones federales), de
los cuales hubo un subejercicio por 14 mil 997 millones 600 mil pesos. Faltan
aclarar 4 mil 252 millones 200 mil pesos y hay un impacto económico por 78 mil
853 millones 100 mil pesos.
Veracruz (19 mil 728
millones), Nuevo León (9 mil 841 millones), Morelos (3 mil 42 millones), Baja
California Sur (2 mil 2 millones) y Tamaulipas (5 mil 437 millones) fueron las
entidades con mayor monto observado.
Sin embargo,
considerando lo no solventado hasta enero de 2018, respecto al gasto
programable para las 32 entidades en 2016, el órgano fiscalizador señaló que hay un monto pendiente de
solventar por 51 mil 624 millones 700 mil pesos. Los estados que más tienen
recursos públicos por solventar son Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Estado de
México y Guerrero.
De acuerdo con la tercera entrega del informe de la ASF, de
los 12 mil 149 millones 700 mil pesos observados a Veracruz de su gasto programable, 10 mil 816 millones 900 no han sido
solventados; de los 5 mil 481 millones 200 mil a Michoacán, 3 mil 845 millones están pendientes; de los 3 mil 678
millones 300 mil pesos a Oaxaca, 3 mil
633 millones 400 mil están pendientes; de los 7 mil 320 millones 600 mil a Estado de México, 3 mil 627 millones 400
mil están pendientes; y de los 3 mil 49 millones 600 mil observados a Guerrero, 3 mil 25 millones 800 mil no
están solventados.
En cuanto a las participaciones para los estados de la
República, la Auditoría observó 30 mil
259 millones de pesos con impacto económico pendientes de solventar. Por
entidad, los que acumulan un monto con más aplazamiento son Veracruz, Nuevo
León, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.
El informe de la Cuenta Pública 2016 revela que de los 7 mil
578 millones 400 mil pesos que a
Veracruz se le observó de sus participaciones, no ha solventado hasta enero de
2018 7 mil 578 millones 300 mil pesos; de los 5 mil 823 millones 800 mil
pesos a Nuevo León, 5 mil 823 millones
500 mil están pendientes; de los 3 mil 33 millones 200 mil a Tamaulipas, 3 mil 32 millones 500 mil
están pendientes; de los 2 mil 111 millones 700 mil pesos a Quintana Roo, 2 mil 69 millones 600 mil
no se han solventado; y de los mil 983 millones 500 mil pesos a Sinaloa, siguen pendientes los mismos mil
983 millones 500 mil pesos.
IRREGULARIDADES EN EDUCACIÓN.
La Auditoría Superior
de la Federación realizó observaciones a las entidades respecto al uso de
recursos federales, entre otros rubros, en el sector educativo, entre ellas a
Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, las peor posicionadas en el índice de
Desempeño.
En 2016, Veracruz,
todavía gestionado por Javier Duarte de Ochoa, no realizó una gestión eficiente
y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo al generar un probable daño a la Hacienda Pública
por 370 millones 459 mil pesos.
Del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), hubo un daño probable
de recursos públicos por un millón 999 mil pesos y se determinó una afectación
a la población objetivo al no ejercer recursos por 4 millones 505 mil pesos,
reveló la ASF. Asimismo, el estado no entregó recursos del FAETA a las áreas
ejecutoras por 365 millones de pesos ni los 35 millones de pesos de intereses.
En el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) Veracruz tampoco hizo una gestión eficiente
al generar un probable daño por 43 millones 694 mil pesos ni tampoco en el
Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación dado el daño por 50 millones 962
mil pesos.
Además, el estado no
le entregó a la Universidad Veracruzana 10 millones 138 mil pesos de los
recursos acordados para el subsidio; a su vez, la Universidad no enteró al SAT
547 millones 697 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y
realizó pagos improcedentes por 3 millones 627 mil pesos por dar a trabajadores
durante su licencia sin goce de sueldo y por 187 millones de pesos por pagos
posteriores a la baja del trabajador.
Michoacán, gobernado
por Silvano Aureoles Conejo, generó un probable daño por 504 millones 106 mil
pesos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, y otro daño por 25 millones 954 mil pesos del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos.
Además, se registraron
incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del
Programa de Escuelas de Tiempo Completo por un daño al erario público por un
millón 551 mil pesos. Por parte de la Universidad de Michoacán, hubo un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29 millones 154 mil pesos que
corresponden a pagos no procedentes de nómina y conceptos no autorizados en el
convenio, así como pagos fuera del objetivo del programa.
Asimismo, se detectó
falta de transparencia sobre la gestión de los recursos de Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación por un daño por 822 millones 522 mil pesos.
En Guerrero, el
gobierno Héctor Astudillo Flores no realizó una gestión eficiente y
transparente de los recursos del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de
Educación por causar un daño al erario público por 210 millones 750 mil pesos,
y se determinó una afectación al no ejercer recursos por un millón 429 mil
pesos. Asimismo, se detectaron
recursos transferidos a otras cuentas no reintegrados por 68 millones de pesos
y no se presentó la documentación soporte de los recursos pagados por concepto
de recuperaciones por 209 millones 982 mil de pesos, por lo que no se pudo
comprobar que los pagos cumplieron con los objetivos del programa.
Además, la Secretaría
de Finanzas local incurrió en un probable daño por un importe de 561 millones
de pesos, por no transferir a la Universidad Autónoma de Guerrero los
rendimientos financieros generados en la cuenta de los subsidios.
Finalmente, en Oaxaca,
entonces gobernado por Gabino Cué Monteagudo, luego de observarse ausencia de
transparencia en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo, se detectó un daño por 324 millones 086 mil pesos. También hubo un
daño por 4 millones 970 mil pesos del Programa de Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación.
Por su parte, la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca no realizó una gestión eficiente
y transparente de sus recursos al causar un posible daño al erario público por
56 millones 108 mil.
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