La Fiscalía General de Justicia de
Veracruz ejecutó el operativo denominado “Tiro de Gracia” que permitió
cumplimentar 19 órdenes de aprehensión en contra de ex mandos de la Secretaria
de Seguridad Pública durante el gobierno de Javier Duarte, y elementos de dicha
corporación, por su presunta implicación en un esquema organizado a través del
cual se cometieron por lo menos quince desapariciones forzadas en 2013.
Entre los
probables responsables se encuentra
Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública del estado; José
Oscar “N”, exjefe de reclusorios de la entidad; José Nabor “N” ex subsecretario
de Seguridad Pública; José Manuel “N”, exdirector de Operaciones Especiales;
Roberto “N” exdirector de la Fuerza Civil del estado; Manuel Alejandro “N”,
exdelegado de Seguridad Púbica y excomandante de la Fuerza de Reacción; y
Roberto Carlos “N”, exdirector de la Secretaria de Seguridad Pública y
exdirector de Policía Ministerial en Tamaulipas.
De acuerdo
con la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 las personas en contra de
las que se ejecutaron en las últimas horas las 19 órdenes de aprehensión son responsables de haber implementado una
“política ilegal” a través de la cual se detuvo sin órdenes judiciales a
supuestos miembros del crimen organizado, que luego eran torturados y finamente
desaparecidos.
“Esta política, consistió en
detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente, a personas supuestamente
vinculadas a grupos de la delincuencia organizada. Un juicio sumario, al que se
enfrentaban sin defensor y sin garantías judiciales, sujetos a la apreciación
de elementos policiacos”, indica el expediente de las autoridades.
Para llevar
a cabo estas acciones ilícitas, detalla la indagatoria, la Secretaría de Seguridad Pública contaba en el sexenio de Duarte con
dos grupos que actuaban de forma plenamente organizada, ambos bajo el mando de
Bermúdez Zurita.
El primero denominado Fuerza de
Reacción de la División de la Policía Estatal, creado por orden directa de
Bermúdez, y el cual se encargaba de hacer las “detenciones” de personas que a
su exclusivo criterio consideraran “sospechosas”. El objetivo era extraer
información de los detenidos con mecanismos de tortura e incluso de abuso
sexual.
Posteriormente
dicha Fuerza de reacción entregaba a los
detenidos al segundo grupo denominado Fuerza Especial de la Secretaría de
Seguridad Pública, un grupo de élite no reconocido oficialmente, pero que
operaba bajo orden directa de Bermúdez, y cuyos elementos eran en su mayoría
exmilitares.
“Este
segundo grupo, FUERZA ESPECIAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, recibía a las víctimas y las trasladaba a LA
ACADEMIA DE POLICÍA ESTATAL, ubicada en EL LENCERO, donde las torturaba,
extraía información y después, las personas desaparecían. Tal es el caso de las
15 víctimas dentro del presente expediente, de quienes, a partir de esta
entrega, no se volvió a tener noticia sobre la suerte y paradero”, indica la
indagatoria.
Con este modus operandi la Fiscalía
acreditó la desaparición forzada de 15 personas tan solo entre abril y octubre
de 2013, la mayoría de ellos jóvenes y entre los que había cuatro menores de
edad. Todos fueron detenidos por elementos de la policía estatal y nunca se
volvió a saber de su paradero.
Se trata de una acusación inicial. La
Fiscalía que encabeza Jorge Wnckler investiga por lo menos 110 presuntas
desapariciones forzadas más en la gestión de Javier Duarte.
Tras su detención las personas
implicadas en esta acusación fueron trasladadas al penal estatal de Pacho Viejo
donde quedaron a disposición de un juez de control quien primero calificará su
detención y en los próximos días, definirá si hay elementos para vincularlos o
no a proceso.
De los 19
acusados había dos que ya estaban detenidos previamente por otros casos y
recluidos en Pacho: Arturo Bermúdez y José Oscar “N”
Cabe señala que el delito que se le
imputa a todos los detenidos es el de desaparición forzada que ya de por si es
un ilícito grave, pero que además tiene una pena más alta cuando hay víctimas
menores de edad. Se prevé que los implicados, si son declarados culpables,
alcancen penas que podrían de hasta 90 años de cárcel.
La Fiscalía
de Veracruz destacó que este es un caso inédito a nivel nacional pues es el
primero que llega ante un Juez bajo la nueva Ley General sobre Desaparición
Forzada. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas.
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