La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de
Competencia Económica investiga la
posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la
distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país.
Se indaga por ejemplo “la
posible realización de acuerdos entre competidores para manipular precios,
restringir o limitar la oferta o la demanda, o dividirse o segmentarse el
mercado”.
Aproximadamente 90
millones de mexicanos usan el gas LP como combustible doméstico y en los
últimos meses han reportado una escalada en el precio en todo México.
En la capital del país, un
tanque de 30 kilogramos puede llegar a costar cerca de los 600 pesos, cuando en
enero del año pasado costaba menos de 500.
Fue la propia Comisión Reguladora De Energía (CRE) la que
identificó comportamientos potencialmente anticompetitivos en este mercado y
presentó una denuncia ante la Cofece, que a su vez abrió una investigación con
el número de expediente DE-022-2017, se informó a través del Diario Oficial de
la Federación.
“Esta investigación, que inició el 24 de agosto de 2017, no
debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad
para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica”,
refirió el organismo. Y es que “hasta el momento no se han identificado, en
definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica,
ni el o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como
probables responsables al término de la investigación”.
No obstante, “cuenta con elementos suficientes para el inicio
de una investigación”.
Las familias del país
destinan, en promedio, el 4.4% de su gasto total a cubrir los consumos de
electricidad y gas en sus viviendas.
Derivado de la reforma
energética, los precios al público de este insumo se liberaron a partir de
enero de 2017, por lo que el costo que pagan los consumidores por este debe
determinarse por las condiciones de oferta y demanda.
La Cofece recordó que “se
consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios,
arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo
objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la
oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o
coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de
información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas
anteriores”.
“El plazo para esta
indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de
inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta
por cuatro ocasiones”, precisó y llamó a que “cualquier persona que cuente con
información o pueda coadyuvar con el procedimiento” se acerque a la Comisión.
“Si al término de la
indagatoria no se encuentran elementos que presuman la realización de una
práctica anticompetitiva, el Pleno podría resolver el cierre de la
investigación. En caso de que encuentre elementos que presuman una violación a
la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un
procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa”, adelantó.
“De comprobarse la existencia de una práctica monopólica
absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus ingresos.
También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado,
propiciado o inducido la comisión de las prácticas. Las personas físicas que
hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de
acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el
Código Penal Federal hasta por 10 años”, advirtió.
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