Carmen Aristegui: tres años.

Gabriel Sosa Plata.

Este martes 13 de marzo se cumplen tres años del último noticiario de Carmen Aristegui en Noticias MVS, un hecho que marcó al Gobierno actual, al Presidente, la historia del periodismo y de la radiodifusión mexicana.

De entonces a la fecha, una de las consecuencias más importantes es que la periodista pudo trasladar su tarea informativa de la radio a internet y romper así el cerco gubernamental para que regresara al aire en algún otra radiodifusora o televisora nacional. Su noticiario en vivo se transmite desde enero de 2017 en su portal Aristegui Noticias y se convirtió en una influyente fuente periodística, desde la cual se generan noticias y reportajes que, como antaño, marcan agenda. La censura fue derrotada.

Con el respaldo de su audiencia y sus lectores, Aristegui Noticias es ya el portal de noticias con más consultas en México, de acuerdo con un estudio “Digital News Report 2017”, elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism (RIS), en colaboración con la Universidad de Oxford. Nada mal para una periodista que sigue acosada por prolongados y costosos juicios legales, que se iniciaron inmediatamente después de sacarla del aire.

Esta aceptación a su sitio web permite a la periodista y su equipo de trabajo mantener vivo un proyecto periodístico, pese a los malos augurios o dudas que hubo al inicio de este emprendimiento. También es un ejemplo de cómo algunos medios digitales pueden transformarse en medios competitivos, viables económicamente, pero ante todo independientes del poder político, bajo un sistema mediático en el que hay cada vez más opciones de información, a diferencia de lo que sucedía en la era analógica.

El trabajo de Aristegui y de quienes forman parte de Aristegui Noticias ha sido reconocido nacional e internacionalmente, sobre todo en los últimos años. El reportaje de la “casa blanca” de Peña Nieto y otras revelaciones periodísticas son referentes fundamentales del periodismo en un país que en los últimos años se ha caracterizado por la enorme y creciente violencia hacia periodistas, la cual alimenta la censura, la autocensura y la desinformación.

AUDIENCIAS SUBESTIMADAS.

En cuanto a las audiencias, la expulsión de Carmen demostró el enorme reto para garantizar sus derechos. Los más de tres mil amparos que presentaron radioescuchas que consideraron que hubo una violación a sus derechos de recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político y social de la nación, así como de programas que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, fueron literalmente bateados por jueces y tribunales que no entraron al fondo del asunto.

Para el Magistrado Jean Claude Tron Petit esta proclividad a subestimar los derechos que exige la ciudadanía respecto a los contenidos de radiodifusión se debe a “la incapacidad de los jueces para el análisis de políticas públicas y sus consecuencias, en razón de la falta de idoneidad técnica” de los mismos jueces “para entender el problema, así como el respeto a la cláusula democrática”.

Los jueces, añade, carecen de una visión o pensamiento comprensivo que les permita apreciar las consecuencias de sus decisiones en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, considerados en la segunda generación de los derechos humanos (voto particular del magistrado en el amparo 124/2016, promovido por el abogado César Enrique Olmedo Piña).

No sólo eso. Una de las mayores decepciones provino de uno de los logros de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cual se le dotó de las atribuciones para vigilar, supervisar, verificar y garantizar que el servicio de radiodifusión se preste conforme a lo previsto en el marco jurídico correspondiente, específicamente por lo dispuesto en los artículos 6º y 7º constitucionales.

En el caso de los amparos presentados por los radioescuchas, el IFT se deslindó, no obstante que en 2015 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión detallaba sus atribuciones en los derechos de las audiencias, ya previstas en la Constitución.

Para el magistrado Tron Petit, el órgano regulador incumplió “con el deber que le impone el marco normativo, pues no existe en los autos del juicio (el 124/2016) constancia o actuación alguna de las cuales se desprenda que el Instituto ha desplegado las facultades de supervisión que constitucional y legalmente tiene otorgadas, a fin de verificar que, aun con la supresión del programa radiofónico ya citado, la concesionaria cumple con su obligación de transmitir programas que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico del país” (voto particular ya referido).

¿OTRAS OMISIONES?

Esta omisión en ese y otros juicios similares, aunada a la contrarreforma de octubre del año pasado, hace más endebles los derechos de las audiencias, pero esto no elimina las facultades que debe continuar ejerciendo el IFT en contenidos. Por ejemplo, la ley estableció que el órgano regulador también está obligado a “vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales”. Hasta ahora no hay un solo informe público sobre si los concesionarios están cumpliendo o no con esta disposición.

Tampoco hay informes sobre los resultados de la supervisión para “que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil”.

Si esto agregamos el desinterés de la mayoría del pleno del Instituto para presentar una controversia constitucional con motivo de la reforma (contrarreforma) a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que arrebató sus atribuciones en derechos de las audiencias, que no ejercía, el panorama para radioescuchas y televidentes es de mayor vulnerabilidad ante contenidos, por ejemplo, de publicidad o propaganda que se presentan como información periodística o noticiosa o que son contrarios al interés superior de la niñez.

La expulsión arbitraria de periodistas, la cancelación de programas o noticiarios, como el Carmen Aristegui, son hechos que en ocasiones rebasan algún diferendo comercial o contractual entre particulares, porque trascienden socialmente y pueden llegar a tener un impacto en los derechos de las audiencias.

Por eso era necesaria la intervención del IFT, para saber si hubo o no vulneración de derechos y por qué, para conocer si el concesionario cumplió con la ley y las obligaciones establecidas en el título de concesión, para aplicar indicadores sobre pluralidad y diversidad en la radiodifusión, para dar seguimiento a las recomendaciones de la defensoría de la audiencia y que el concesionario ignoró pese a tratarse de derechos supuestamente vulnerados. Pero nada de eso ocurrió y no ocurrirá hasta que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promovidos por senadores, por organizaciones sociales y particulares.

A tres años de la expulsión de Carmen Aristegui, queda una lección muy clara: no todas las audiencias se quedan con los brazos cruzados ante decisiones que a su parecer vulneran sus derechos. También, que están dispuestas a tomar diferentes caminos en la defensa de dichos derechos: quejas ante las defensorías de las audiencias y los medios, campañas en redes sociales, amparos, protestas sociales, etc. Esta experiencia es útil para quienes tienen el privilegio de explotar frecuencias del espectro radioeléctrico, ya que es una manera de recordarles que deben actuar apegados a la ley, conforme a las obligaciones establecidas -sobre todo en la función social- en sus títulos de concesión y respetando los derechos de las audiencias.