La implementación de una política
pública en materia de desaparición forzada ha sido un fracaso por la falta de
interés y coordinación entre las autoridades, destacó hoy el Observatorio Nacional Ciudadano al presentar
el segundo fascículo de su proyecto “¿Cómo entender las desapariciones forzadas
e involuntarias? Perspectivas de política pública”.
“Las desapariciones son como una
herida que no cierra y en nuestro país está herida sigue presente, sigue sin
cicatrizar”, comentó
Francisco Rivas, director de la organización en rueda de prensa hoy.
“Como
sabemos la delincuencia desaparece personas […] pero más grave aún es que el Estado a través de sus autoridades también
cometen este grave delito y que también protegen a quienes desaparecen usando
una placa”, dijo Rivas.
Uno de los invitados especiales en
este evento era el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro,
quien asumió ese cargo el 7 de marzo pasado. Pero no acudió a la cita, y los
organizadores no supieron por qué. Previó a la presentación del fascículo se colocó su nombre
en la mesa de exponentes; pero posteriormente tuvieron que quitarlo.
Al finalizar
la conferencia algunos de los presentes
que notaron la ausencia del nuevo Comisionado la cual, la calificaron como “acorde”
a lo expuesto en el informe: la falta de
interés de las autoridades en el tema de desaparecidos.
Antes de
ocupar ese cargo, Cabrera Alfaro fue coordinador general de Estrategias del
Sistema de Seguridad Pública en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la
que es titular Renato Sales. Ahí se encargaba, según su perfil en esa
dependencia, del “desarrollo e instrumentación de la Estrategia de Búsqueda,
Localización e Identificación de Personas Desaparecidas, desde la oficina del
comisionado nacional de Seguridad”.
EL INFORME.
El proyecto
“¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntaria?” fue lanzado desde
el año anterior y se divide en cuatro fascículos: El registro estadístico de la
desaparición: ¿delito o circunstancia?; Marco legal, políticas públicas y
líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias; Estatus
de las instituciones relacionadas con las desapariciones: procuración, atención
a víctimas y áreas forenses y ¿Cómo entendemos la desaparición forzada e
involuntaria? Víctimas, especialistas y autoridad.
Los
documentos tienen la finalidad de generar una mejora de la gobernanza en
materia de desapariciones en México a través del análisis de las acciones
emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno.
Hoy, el
Observatorio Nacional Ciudadano presentó la segunda entrega que muestra un
inventario de las acciones y políticas implicadas en el ámbito nacional y
estatal en materia normativa sobre las desapariciones forzadas. A partir de
dicho inventario, presenta un análisis sobre el grado de avance de las
políticas pública.
La
organización inició con la investigación del tema desde hace tres años,
especificó su director.
El estudio destaca “el fracaso en la
implementación” de las políticas donde a diez años aún no se ha podido
establecer una política coherente, transparente, sostenible y evaluable.
“No se ha articulado una política
coherente, seguimos teniendo una carencia en la materia, tenemos sólo acciones
cosméticas, hay descoordinación entre autoridades, no solo por fuera sino
dentro de las instituciones, y repetimos acciones con mismo objetivo. Las
desapariciones nos ponen en evidencia la carencia que tienen las
instituciones”,
añadió Francisco Rivas.
Otro de los
aspectos que enfatizó Rivas es que en México
aún existe un grave problema de rendición de cuentas y de criminalización de
las víctimas.
“En nuestro país seguimos apostando a
descalificar a una víctima antes de buscarlas y admitir que el Estado sigue
fallando”, afirmó.
La explicación para el fracaso es que
a los funcionarios no les interesa atender la problemática de la desaparición
forzada y como ejemplo de ello, el informe destacó el caso de Ayotzinapa:
“La relevancia de este fascículo se
explica por el fracaso existente en la materia. […]Este fracaso evidencia
contundentemente la falta de interés y coordinación que debiera existir a la
luz de la magnitud del problema. Asimismo, este fracaso se hace más visible al
considerar cómo ha sido la respuesta institucional en casos emblemáticos como
el de Ayotzinapa y Allende pues aun hoy no existen certezas en torno a lo
sucedido. Pensar que tras diez años el logro más importante es la promulgación
de una ley”,
establece el documento.
El fascículo
también subraya que la desaparición
forzada aún no se encuentra tipificada de manera completamente homologada en la
Declaración sobre la Protección de todas las personas, que no se han emitido de
manera completa los protocolos de búsqueda a nivel nacional y no hay una
completa capacitación en derechos humanos a las dependencias públicas de
seguridad.
“Lo que más nos preocupa es que en México
ya se han aplicado Reformas […] las cuales han quedado en materia muerta”, agregó Francisco Rivas.
Por su
parte, Birgit Lamm de la Fundación Friedrich Naumann señaló: “lo que a mí me preocupa es que las
desapariciones no son casos aislados sino es un fenómeno estructural que se
realiza en México desde hace muchos años, no solo es Ayotzinapa, sino es una
estructura, un fenómeno que viven muchas familias aquí en México”.
La
representante de la organización internacional comentó que la desaparición de personas por el crimen organizado es alarmante pero
más grave es que en este tema también están involucrados actores con cargos
políticos, funcionarios.
“Es una violación más grave porque
son funcionarios, que supuestamente están para proteger a los individuos,
quienes ni siquiera cumplen con eso sino se hacen común con la delincuencia, y
eso realmente es el tema que requiere mucha atención”, consideró Lamm.
RETOS EN
MATERIA LEGAL.
Francisco
Rivas del Observatorio Nacional indicó que uno
de los grandes retos para la implementación de esta Ley es la asignación de
recursos. La información pública establece que se destinaron alrededor de 282
millones de pesos para el Sistema Nacional de Búsqueda, presupuesto que tendrá
que cubrir las 32 comisiones locales; sin embargo, no es suficiente.
“No podemos contar con una Ley que
sea simplemente una referencia y para que esta Ley pueda funcionar requiere de
recursos”, detalló.
Otro reto es de recursos humanos y la
sensibilización a los servidores públicos de atención, seguridad, de todas las dependencias en donde llegan atender a familiares de
personas desaparecidas.
“Si no se sensibiliza, la Ley va a
quedar en letra muerta, en un país donde la desaparición es una realidad”, recalcó.
La mejora de los servicios forenses,
la necesidad de que funcionen los registros nacionales de fosas, de personas
fallecidas no identificadas y no reclamadas, y el administrativo de detención,
así como el Banco Nacional de Datos, son otros pendientes clave en México.
Aracely Rodríguez
lleva 8 años 4 meses y 4 días en búsqueda de su hijo Luis Ángel, un policía
federal desaparecido en Michoacán: “No
saber de su paradero es muy doloroso, al igual que darnos cuenta que muchas
veces que se está normalizando la desaparición”, dijo en la misma rueda de
prensa.
La
integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos recalcó que para las familias la Ley General para Personas
Desaparecidas no es exactamente la ley que querían pero que sí lleva la voz de
los colectivos, de familias, y aunque es perfectible tienen esperanza que poco
a poco pueda avanzar.
El
Observatorio Nacional Ciudadano propuso
crear un mecanismo de monitoreo y seguimiento para la implementación de la
nueva ley, en el que participe la sociedad civil para que exista una verdadera
rendición de cuentas.
“En México no podemos seguir permitiendo
que una y otra vez las personas no tengan acceso a la justicia, a la verdad,
que las familias sean borradas”, apuntó Francisco Rivas.
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