México ocupa
el lugar 66 de 69 países con mayores niveles de impunidad, de acuerdo con del
Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI) de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP).
Entre 2016 y 2018, los niveles de
impunidad en México aumentaron. El promedio nacional del IGI, tomando en cuenta
las 32 entidades federativas, pasó de 67.42 a 69.84 puntos sobre 100.
Los
mexicanos “estamos acorralados por la
impunidad. Vivimos en la impunidad”, dijo este día el doctor Luis Ernesto
Derbez Bautista, Rector de la UDLAP.
“La impunidad debe de estar en el
centro de discusión de los candidatos estatales y federales […]. Estamos
terminando el sexenio y se están desbordando la impunidad y la corrupción”, abundó.
En la
opinión del académico, se tiene que
actuar sobre aquellas condiciones que están generando las situaciones de
impunidad. “Enfrentar la impunidad es un problema de falta de voluntad
política”, recalcó.
Los
resultados del IGI 2018 arrojan que 16 de 32 estados de la República presentan
niveles “muy altos” de impunidad. El
Estado de México encabeza la lista, seguido de Tamaulipas, Baja California,
Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Oaxaca,
Tlaxcala, Durango, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán y Querétaro.
El resto de
las entidades federativas tiene niveles “altos”, a excepción de la Ciudad de México, que tiene nivel “medio”; y
Campeche, con nivel “bajo”. Además, Michoacán
y Nayarit están clasificados como casos “atípicos”, pues la información respecto
de ellos no es confiable.
Mientras que
en los últimos dos años la impunidad ha ido en aumento, sólo dos estados
redujeron su índice en más de dos puntos porcentuales: Campeche [2.16] y
Morelos [5.84].
Tan grave es la situación de
impunidad en todo el territorio nacional que el promedio a nivel estatal es de
70 puntos sobre cien. Esto quiere decir que la mayor parte de los delitos en
nuestra nación no son castigados.
En México,
según el IGI, del total de delitos
consumados sólo el 4.46 por ciento termina en sentencia condenatoria. Y sólo
siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados.
“La razón de fondo que desincentiva a
los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos
tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de
seguridad, justicia y derechos humanos”, se lee en el informe.
El bajo nivel de denuncia y el ínfimo
grado de delitos condenados implican “que la impunidad simple y llana,
entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en
México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son
castigados”.
Entre los
factores que alimentan a la impunidad están:
Uno: El déficit en el sistema de justicia.
“Debemos recordar que México tiene
cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo [apenas 3.9 por
cada 100 mil habitantes]. El país se encuentra en esta situación por el déficit
de estas instituciones tanto en los estados como en el ámbito federal”, refiere
el informe.
Dos: El homicidio no se castiga en México.
“El porcentaje de encarcelados por
Homicidios […] bajó de 27.5 a 17.09 por ciento. La disminución de casi 10
puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales
de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal. Las instituciones
no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con
capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”, concluyó el estudio de la UDLAP.
Tres: La cifra negra, o los delitos no
denunciados, se mantiene en niveles altos.
La cifra
negra “inclusive aumentó casi un punto
porcentual en dos años al pasar de 92.8 a 93.7 por ciento [ENVIPE INEGI]. Lo
que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones
de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron
víctimas”.
Cuatro: Deterioro de la infraestructura y capacidad
humana de los ministerios públicos.
“El número de agencias para atención
es tan sólo 3.53 agencias por casa 100 mil habitantes. El personal de los MP
cayó de 33.0 a 31.19 al igual que los agentes de 7.6 a 6.27 por cada 100 mil
habitantes. También descendió la tasa de agentes para la atención de los
delitos. Para cada mil delitos registrados la proporción de agentes disminuyó
de 5.31 a 4.97”,
indican datos de la UDLAP.
Cinco: Déficit de policías estatales
profesionales: tenemos la mitad de los que deberíamos de tener y sólo la mitad
de ellos pasa las pruebas de confianza.
Seis: Saturación del sistema de justicia y
reducción del personal penitenciario hasta en un 15 por ciento.
Para el
doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, “la impunidad en México es un problema generalizado y por desgracia se
ha normalizado a nivel social y político. Mientras no dé marcha atrás, el
Estado de derecho en nuestro país no mejorará”.
Y según su
estudio, “la impunidad alimenta la
corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Los países con
altos niveles de impunidad son susceptibles de tener episodios nacionales de
violaciones graves a los derechos humanos”.
En
consecuencia, urgió a plantear soluciones y tomar medidas ad hoc.
Entre las
recomendaciones de la UDLAP están: profesionalizar
a las instituciones de seguridad a nivel local; garantizar la autonomía de las
instituciones de justicia a nivel local y federal, además de las comisiones
locales de derechos humanos; evaluar el sistema penitenciario; castigos
ejemplares a los agentes y funcionarios que favorezcan la corrupción; promover
políticas públicas de justicia cotidiana; mejorar los mecanismos de cooperación
y coordinación interinstitucional entre autoridades y órdenes de gobierno;
aplicar las recomendaciones internacionales; entre otras.
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