Salvador Camarena.
Érase una vez que este
gobierno iba a construir un tren de la Ciudad de México a Querétaro. Pero luego
ocurrió que uno de los contratistas de esa empresa había hecho el favor de
construir una casa a la esposa del presidente y el proyecto ferroviario
descarrilose para enfado de, entre otros, la nación china que, contrato en
mano, se quedó sin obra.
Érase otra vez que justo
hace un año un día sí y el otro también se apuraban los trabajos del Paso
Exprés de Cuernavaca. El secretario Ruiz Esparza quería quedar bien con su jefe
y hacer que la obra inaugurara la vacación de la Semana Santa. Dos meses
después, un socavón mató ahí a dos personas que circulaban sobre la flamante,
pero hueca, autopista. Cuando se revisaron los contratos, supimos que la
carretera había costado el doble de lo presupuestado, y también descubrimos que
ninguno de los contratistas tuvo a bien considerar un cuerpo de agua que lleva
ahí toda la vida.
Érase, finalmente, una administración que no podrá inaugurar
el otro tren que pensaba tener listo para este año. Así que el mandatario
mexiquense no podrá hacer en ferrocarril, el 1 de diciembre, el trayecto de
regreso a su añorada Toluca: los contratos, por lo pronto, no tuvieron la
palabra de honor y esa obra no se verá concluida antes del 30 de noviembre.
En el sexenio de la
'estafa maestra' (convenios bien firmados por cientos de millones de pesos que
no son lo que dicen ser), los empresarios se dicen al
punto del infarto porque un candidato (ya saben quién) ha prometido revisar los
contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los
otorgados en las rondas petroleras.
En la administración
que no le cuidó las manitas a los Duarte, a Borge, a Sandoval… en los tiempos
en que se ha vuelto más que leyenda una industria multimillonaria de empresas
fantasma, escuchamos el rasgamiento de las vestiduras
porque qué será de nuestro impoluto Estado de derecho si el próximo presidente
no honra (qué gran verbo, supongo que algo tendrá que ver con honradez) los
compromisos de México con el gran capital.
Jesús bendito, ¿qué
irán a decir de nosotros en la OCDE si la próxima administración revisa con
lupa algún contrato del NAICM? ¿Con qué cara iremos a las reuniones de la APEC?
¿O a Davos? Supongo que con la misma cara de ser la única nación de América
Latina que al revisar las confesiones de corrupción de Odebrecht nomás no
encuentra ni un triste peso podrido de esas operaciones en suelo mexicano, ni
mucho menos a quien se lo embolsó. Y de todo eso hay contratos entre la constructora
brasileña y Pemex, contratos que por cierto luego se pagaron muy por encima de
lo estipulado al firmarlos.
En ese mismo país, en la presente elección hay un candidato
presidencial que busca que la gente le crea que enjuiciará a Enrique Peña Nieto
por eventual corrupción. Si tal oferta de Ricardo Anaya fuera consistente,
tendría que ser él, antes que otro, quien más solicitara que ya se instale un grupo de revisión transexenal de lo que Ruiz
Esparza está haciendo en el NAICM (¿o ustedes honrarían, a ciegas, lo que
hubiera amarrado el secretario de Comunicaciones y Transportes?).
Solo por si hiciera
falta decirlo, estudios de México Evalúa
(http://mexicoevalua.org/2016/04/29/resumen-ejecutivo-de-metrop/ en 2016) y del
IMCO
(https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/)
dan cuenta de un rosario de
insuficiencias (sistémicas para sorpresa de nadie) en los contratos que firma
nuestro gobierno: hay enorme falta de transparencia, por decir lo menos.
Por último, los
contratos de obra pública están de manera permanente en revisión, tanto que se
amplían o autorizan mayores presupuestos, de ahí que no sea una locura que
alguien busque que se analicen una vez más.
Por lo que es pertinente preguntar, en el marco de los escándalos de corrupción de este sexenio, ¿de qué se
tratan los lamentos de la IP, de hacer imperar aquello de lo caido caido, o de
hacer cumplir –de verdad– el Estado de derecho?
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