Cuatro municipios más del estado de
Veracruz se sumaron para impedir la realización de proyectos mineros en sus
tierras, por considerar los riesgos que representan para su vida, salud y para
el medio ambiente.
Más de 35 mil personas de los
municipios de Tatahuicapan, Mecayapan, Soteapan y Pajapan, que integran la zona
sierra de Santa Martha, denunciaron que de llevarse a cabo proyectos mineros se
contaminarán los afluentes que abastecen de agua a la zona.
Incluso, parte del territorio del municipio de
Acayucan se vería afectado en caso de que se concretaran los proyectos, indicó
el síndico de Soteapan, Crisanto Bautista Cruz, quien confirmó que los
ciudadanos exigen seguridad ambiental para sus localidades.
De acuerdo
con los habitantes, una minera, de la
cual no tienen el nombre, comenzará con dos proyectos cerca de Nuevo México en
Soteapan hasta llegar a las colindancias con el municipio de Catemaco.
“Hemos acordado que no vamos a
permitir el ingreso de ninguna minera”, dijo Bautista Cruz, ex coordinador del Área de Vinculación
de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).
En agosto
pasado, Ramón García, integrante del
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”,
declaró que se trataba de una minera para la extracción de plata, pero había
poca información porque las empresas extranjeras y el mismo gobierno estatal
habían sido herméticos con el tema.
Hasta el momento se sabe de dos
proyectos: uno es extraer minerales en la zona norte y el otro para empezar a
hacer prospección en casi el 70 por ciento del territorio de Soteapan,
situación que mantiene preocupados a los indígenas de la región.
“Vamos hacer un frente como municipio
y no vamos a permitir que sucedan estas acciones. Para nuestra región donde
somos altamente productores de maíz sería una cuestión nociva”, explicó Crisanto Bautista.
Tanto el
activista como el funcionario han
calculado que 35 mil habitantes de la zona serrana serán afectados por con
estos proyectos mineros, que se prevén inicien este 2018 en la sierra de Santa
Martha.
A principios
de febrero, comunidades de los
municipios Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan entregaron a dependencias
de los gobiernos estatal y federal copias de Actas de Asamblea en las que ponen
de manifiesto que se declaran “libres de megaminería tóxica”.
A nivel
federal, las dependencias notificadas
fueron la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la
Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat). En el ámbito estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y
el Gobierno veracruzano.
En el estado
gobernado actualmente por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, justo en Alto Lucero y Actopan, la Asamblea
Nacional de Afectados Ambientales, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (Lavida), la Red de Información y Acción Ambiental de
Veracruz (RIAVER) y otras organizaciones luchan contra el proyecto minero
denominado Caballo Blanco de las compañías canadienses Gold Corp y Timmins Gold
Corp.
Las
organizaciones civiles Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
(UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
(PVUDV) informaron que la decisión se
encuentra amparada en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos,
en la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México,
entre los que se encuentra el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
De acuerdo
con información oficial, hasta 2013 en
Veracruz se hablaba de la existencia de 88 concesiones mineras en una
superficie total cercana a las 214 mil 700 hectáreas.
El rechazo
de los pobladores veracruzanos a la minería se suma a la lucha emprendida por habitantes del municipio chiapaneco
Acacoyagua. Recientemente, ejidatarios y comuneros de aquel municipio se han
levantado contra la invasión de empresas mineras en sus territorios, donde
existen 13 concesiones y ya han operado dos minas de las empresas Male SA de CV
y el El Puntal SA de CV.
En el acta
del Ejido Acacoyagua –entregada en el Ayuntamiento presidido por el Alcalde
Patricio Eli Matías Salas– los comuneros
establecieron que, en el ejercicio de sus derechos agrarios, “está prohibido el
paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras, en el tránsito de toda
superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros
caminos que con tanto sacrificio hemos logrado”.
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