Francisco
Ortiz Pinchetti.
Coincidió en un mismo día la
divulgación de dos noticias vergonzosas para los mexicanos. Uno fue el estudio
elaborado por especialistas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP),
que advierte que el índice de impunidad en nuestro país se elevó y México ocupa
hoy en ese tema el nada honroso primer lugar en América Latina y el cuatro en
el mundo. El otro es la virtual exoneración por parte de la
PGR del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, en el proceso más
grave de los 12 que se le siguen, lo que constituye un caso prototípico de
impunidad, auspiciada sin duda desde el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto.
Digamos que la determinación de la
cuestionada Procuraduría General de la República de dar carpetazo a la
averiguación previa que llevaba en su contra por lavado de dinero, delito
bancario y defraudación fiscal al estimar que no existen indicios probatorios en
su contra, viene a corroborar los niveles de corrupción e impunidad en que
estamos sumidos y
que la UDLAP midió en un índice de 69.8 por ciento, lo que significa que 7 de cada 10 delitos denunciados en el país quedan
sin castigo.
Asombra sobre todo que el gobierno de
Peña Nieto se atreva a desvirtuar una denuncia sólida y sobradamente
fundamentada presentada en noviembre de 2014 por el activista chihuahuense
Jaime García Chávez –a quien conozco bien– justo en los agitados momentos
preelectorales que vivimos y cuando se ha acusado a la PGR de un uso faccioso
de sus facultades para desprestigiar a los opositores políticos del PRI.
El atrevimiento revela sin embargo la
gravedad del caso y la importancia que para el presidente tiene salvar a Duarte
Jáquez de la cárcel. Ciertamente
quedan pendientes otras 11 denuncias, pero la que la PGR juzgó improcedente es la única de carácter grave a nivel
federal que enfrenta.
Esa acusación es por el desvío de 65
millones de pesos del erario para adquirir a título personal el 15 por ciento
de las acciones del Banco Progreso Chihuahua. Este banco fue constituido con la fusión de Unión de
Crédito Progreso, Akala, Financiera Popular y Única Casa de Cambio, la cual fue
autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Me parece que el asunto va mucho más
allá del cinismo que acusa el gobernador panista Javier Corral Jurado en esa
determinación, atribuible por supuesto a una decisión presidencial. La decisión
de no ejercer acción penal contra Duarte Jáquez, que durante su gestión se
enriqueció de manera escandalosa, no parece obedecer a una actitud de mera
lealtad de Peña Nieto a su amigo y correligionario. Es evidentemente un caso de
complicidad.
La exoneración de la PGR está
precedida de diversos hechos que corroboran esa percepción.
Una es la plena impunidad de la que
gozó el entonces gobernador priista para endeudar a la entidad norteña mediante
sucesivas “restructuraciones” hasta
niveles de virtual bancarrota, arriba de 42 mil millones de pesos, con la anuencia
y el aval –ojo—de la secretaría de Hacienda, encabezada en esos años por el
actual canciller Luis Videgaray Caso. Otra, la ya denunciada transferencia de
recursos federales al PRI durante la campaña electoral estatal de 2016,
igualmente desde la dependencia que lleva las finanzas del país.
También lo fueron las facilidades con que contó
Duarte Jáquez para huir del país y avecindarse en Estados Unidos y la elocuente
resistencia del gobierno federal para solicitar al vecino país, con base en 12
órdenes de aprehensión dictadas en contra suya, su detención con fines de
extradición, lo que hasta el momento se mantiene en una sospechosa opacidad.
La inacción gubernamental es este
caso flagrante de corrupción, junto con el congelamiento de apoyos pactados por
900 millones de pesos al gobierno de Chihuahua (cuyo pago quiso condicionarse a
los alcances de la investigación contra Duarte Jáquez, precisamente), fueron motivos de la llamada
Caravana por la Dignidad encabezada por Corral Jurado entre enero y febrero
pasado y que derivó en un acuerdo firmado en la Secretaría de Gobernación para agilizar ambos temas. La entrega de las
partidas pendientes se cumplió finalmente, pero
en el caso del ex gobernador multi inculpado no ha ocurrido nada… ¡salvo su
exoneración!
El propio
Corral Jurado acusa que esta resolución
lo único que confirma es que el presidente no ha podido superar el compromiso
político de protección que tiene hacia el ex gobernador, porque (…) “esa
carpeta de investigación en donde se acreditan varios delitos del orden
federal, ha sido una carpeta robusta en elementos probatorios”.
Llamarle “compromiso político”
resulta a estas alturas un eufemismo. Yo le llamaría directamente complicidad, originada
muy probablemente en los cuantiosos apoyos económicos que el entonces gobernador
Duarte Jáquez otorgó a la campaña electoral de Peña Nieto por la Presidencia de
la República, en 2012.
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