De qué hablo cuando hablo de desmontar al sistema.

Martín Moreno.

En una democracia consolidada, el asunto hubiera sido un escándalo nacional y sancionado severamente: una comisionada… ¡en funciones! y ex presidenta del instituto encargado de la transparencia dentro del Gobierno, es candidata a una diputación por el partido en el poder gubernamental. Sí: quien debiera ser imparcial e independiente, es premiada por el PRI en atención a los servicios prestados. Vaya cinismo.

El caso de Puente – una mujer que por conveniencia propia no milita en el PRI pero que es cercana e incondicional del Grupo Toluca-, es, en realidad, uno más de los eslabones de la cadena de complicidades que sostienen al PRI y que ha apuntalado, sobre todo en este sexenio, a la impunidad, favoreciendo la protección a los casos de abuso y corrupción que han marcado a la administración peñista.

Cuando en esta columna hemos escrito que Vicente Fox no desmontó al viejo sistema priista y en cambio se montó en él, beneficiándose de sus bondades oscuras y cómplices. Cuando señalamos que Felipe Calderón tampoco se atrevió a desmantelar la estructura de poder del PRI y prefirió encaramarse en ella para gobernar, ¿a qué nos estamos refiriendo de manera concreta?

¿De qué hablamos cuando hablamos de desmontar al sistema cómplice, opaco y podrido que sirve de soporte para que el PRI avale corruptelas gubernamentales, fraudes electorales, abusos de poder y fomente la impunidad en México?

Pues hablamos de que ya sea López Obrador, Ricardo Anaya o Margarita Zavala – Meade ya nos adelantó qué si él gana la elección presidencial la estructura priista, Peña Nieto y compañía quedarán intocables-, triunfen el próximo uno de julio, y si quieren pasar a la historia como los verdaderos reformistas del poder en México, deberán desmantelar, como condición forzosa e irreversible, cuatro aparatos de poder que, hoy por hoy, actúan para favorecer y proteger al PRI. ¿Cuáles son?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Instituto Nacional Electoral (INE).

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Mientras estos cuatro monstruos sigan apoyando al PRI, no habrá democracia consolidada y plena en México.

Así de sencillo. Así de grave.

La SCJN está integrada por alfiles del poder político-priista. La Corte es influenciada, en muchos casos, desde Los Pinos, mediante conveniencias, premios o amenazas. Ejemplos abundan. No la podemos considerar un órgano autónomo que beneficie a los intereses de una nación. Mientras siga dominada por la nomenclatura priista, estará supeditada a los mandatos del PRI.

El TEPJF está formado por siete magistrados, de los cuáles – de acuerdo a especialistas electorales que abundarán sobre el tema en mi próximo libro sobre la elección presidencial de este año-, cuatro de ellos son, en la praxis, una especie de bancada del PRI. Es decir: son mayoría para beneficiar al priato.

El INE tiene once consejeros. Cuatro de ellos también son considerados bancada del PRI y ejercen una fuerte influencia para beneficiar electoralmente al priismo.

El INAI – allí está el caso de Ximena Puente-, ni es transparente, ni da acceso a la información y ni protege los datos personales…a menos que se trate de favorecer al gobierno peñista. Por ejemplo: indignan los casos de información reservada qué de hacerse pública ahora, dañaría, aún más, la imagen del gobierno saliente. En la práctica, el INAI es ahora un elefante blanco que opera, marcadamente, en beneficio del partido en el poder.

Allí tenemos el nudo mayor que atora la consolidación de la democracia mexicana, sobre todo con el regreso del PRI al poder presidencial, mediante el priismo más corrupto, antidemocrático y opaco: el mexiquense.

¿Cómo desmontarlo? No sería fácil.

El próximo presidente (a), aun con los riesgos que ello implica, debería buscar los mecanismos legales para sustituir a los magistrados de la Corte y del tribunal electoral, así como a los consejeros del INE y a los comisionados del INAI, todos ellos impuestos y ligados a Los Pinos y a los partidos políticos. Mientras su origen sea el interés político, no habrá democracia plena en México.

A grandes males, grandes remedios. ¿Qué la Constitución no lo permite? ¿Golpe de Estado legislativo? ¡Vamos, no seamos hipócritas! ¡Cuántas veces se viola la Carta Magna en este país a diario y nadie protesta! Está en juego, nada menos, que el futuro democrático de México, y absolutamente nada debería estar por encima de ello.

La pregunta, luego, sería: ¿Quiénes deberían nombrar entonces a los nuevos magistrados, consejeros y comisionados?

Un escenario viable sería, por ejemplo, que los Rectores de las Universidades del país y no el presidente (a) de la República ni los partidos directamente, nombraran a magistrados, consejeros y comisionados ajenos al poder político, destacados en sus responsabilidades y de probada honradez, que puedan garantizar un brinco definitivo a la democracia. Seguramente entre 120 millones de mexicanos habrá muchísimos que valgan la pena.

Entonces sí podríamos llamarle “transición democrática”.

Mientras el presidente de la República o los partidos políticos sigan nombrando a los magistrados de la Corte o del TEPJF, a los consejeros del INE y a los comisionados del INAI, no habrá democracia consolidada en México.

Y a estas cuatro estructuras de poder habríamos de incluir el nombramiento del próximo Fiscal Anticorrupción que, en los hechos debería – tan sólo debería- ser ajeno a los intereses de Los Pinos o partidistas. Sin embargo, todo apunta a que habrá intentona de imponer a un aliado de la clase política.

¿Son propuestas radicales? Sí. Pero ya le urgen al país.

¿Habría desestabilización si se cambia a quienes detentan el poder absoluto en esos cuatro cuerpos? Tal vez. Sin embargo, peor es seguir como hasta ahora: hundidos en la corrupción (estafas maestras, peculados de gobernadores, enriquecimientos públicos, miles de millones de pesos gastados en imagen de EPN, etc), en la impunidad, en los fraudes electorales (compra de votos, dinero público para el PRI, etc), en los fallos favorables al abuso priista y en la opacidad que es la madre, precisamente, de esos abusos.

Ya dirá el próximo presidente (a) si quiere seguir nadando de a muertito, a costa de debilitar todavía más a la democracia, o quiere pasar a la historia como el reformador (a) e impulsor de la democracia mexicana.

Ya lo veremos.