La Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentará una denuncia ante la Corte
Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por
exfuncionarios del Estado Mexicano en contra de la población civil del estado
de Oaxaca, durante el conflicto sociopolítico de 2006 y 2007, los cuales se
encuentran en la absoluta impunidad.
Entre los funcionarios
que serán llevados a la Corte se encuentran los expresidentes Vicente Fox
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como los entonces funcionarios
federales Francisco Ramírez Acuña, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y
Ardelio Vargas Fosado.
De igual forma el
exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores Jorge Franco
Vargas, Manuel Teófilo García Corpus, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, Alma López
Vásquez, Sergio Segreste Ríos, Manuel Moreno Rivas, Daniel Camarena Flores,
Pedro Hernández Hernández, así como Alejandro Barrita López y Aristeo López
Martínez (estos dos últimos asesinados).
Para la Defensoría, durante
los años 2006 y 2007, las instituciones de seguridad del Estado (cuerpos
federales, estatales y municipales de policía) cometieron crímenes graves, en
particular asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir
crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como
parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones
definidos y por el carácter organizado de su accionar.
En conclusión, la
defensoría resumió que hubo un patrón persistente de ilegalidad en actuaciones
de autoridades en sus diferentes niveles de gobierno con respecto al conflicto
del 2006 y 2007 que conllevaron a que hasta ahora persista la impunidad, dado
que no ha habido responsabilidad penal contra los autores de violaciones a los
derechos humanos pese a que se cuenta con elementos suficientes para inculpar,
detener, procesar, a diferentes personas como responsables, el Estado sólo ha
consignado averiguaciones.
Agregó, las denuncias
que se presentaron en el ámbito de lo administrativo, no han sido resueltas, lo
que siguen siendo actos que continúan violando los derechos humanos de las
víctimas y así manteniendo una situación de impunidad.
“Para este organismo de
derechos humanos, lo sucedido durante 2006 y 2007 en Oaxaca son crímenes de
lesa humanidad que agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, ni
a sus familiares, ni a sus comunidades, son fenómenos que atentan contra la
humanidad entera pues niegan a la persona su derecho de ser y existir, por lo
tanto, por justicia, por dignidad y por humanidad, si queremos evitar que en
cualquier lugar del mundo esto se repita, no debemos permitir que ninguno de
estos crímenes quede impune”.
Es por ello, que la
Defensoría presentará en próximos días una denuncia ante la Corte Penal
Internacional buscando con ello restituir la deuda histórica que el Estado
mexicano tiene respecto al derecho a la justicia de las personas directa e
indirectamente afectadas.
“Crímenes que no
obstante su gravedad, los gobiernos tanto federal como estatal, han omitido
investigarlos o haciéndolo lo han hecho de manera fraudulenta buscando exculpar
a los responsables de tales hechos, quienes se encuentran en completa
impunidad”, se
puntualizó.
El ombudsman Arturo Peimbert Calvo declaró que ya se sometió esta información a la Fiscal de la CPI para
su conocimiento con miras a la adopción de una decisión según el artículo 53
del Estatuto de Roma.
Cabe señalar que el
Estatuto de Roma entró en vigor en México el 1 de enero de 2006 y la
información que se presenta se refiere a crímenes cometidos durante el período
de 2006 a 2007 en el territorio mexicano, por lo tanto, estas conductas entran
en la competencia temporal y territorial de la Corte Penal Internacional.
Y es que, durante los
años 2006 y 2007, el Estado empleó a las instituciones encargadas de la
seguridad pública para la formación y el empleo de grupos armados ilegales que
tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme.
Dichos grupos, lo mismo tomaron la forma de porros infiltrados en el movimiento
social, que de caravanas de la muerte que atacaban durante la noche a la
población civil.
Explicó que el
movimiento social de 2006 y 2007 en Oaxaca inició con las demandas del magisterio,
luego se fue alimentando de la inconformidad de amplios sectores de la
población hasta convertirse en una insurrección en contra de la forma de
ejercer el poder por parte del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
La administración de
Ruiz Ortiz se caracterizó por la violencia y amenazas contra las personas
opuestas a sus planes económicos y políticos, la corrupción y la falta de
políticas públicas para enfrentar problemas estructurales como la pobreza y
desigualdad, así como el incremento de la marginación y la exclusión de los
servicios públicos, la falta de transparencia en el gasto público, el
nepotismo, entre otros elementos autoritarios.
A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal
con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento social se fortaleció y se
vio apoyado por más personas inconformes. El objetivo común fue la destitución
de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio
político y se decretara la desaparición de poderes.
El movimiento se dio a
la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de
instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los
paros sindicales y las manifestaciones.
Sin embargo, la estrategia
del Estado, primero a nivel estatal y después federal, fue la de combatir al
movimiento social a través de tácticas antisubversivas, a pesar de que este se
condujo de forma civil y rechazó expresamente la opción armada. En contraparte,
el Estado empleó a las instituciones encargadas de la seguridad nacional —como
el Cisen, AFI, PFP, Sedena y Semar— para idear e instrumentar planes que
contemplaron varios operativos de seguridad.
Dentro de estos planes
de seguridad NO se escatimó la formación y el empleo de grupos armados ilegales
que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población
inconforme.
Las autoridades instrumentaron los siguientes operativos: Operativo 14 de junio, Plan General de
Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de
Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de
2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de
enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).
Los operativos fueron
una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que
aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se
profundizaran sus consecuencias.
De esta forma, señaló, el
Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos:
violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías
judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes;
así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones
extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La
tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el
conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta
práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa
humanidad.
Peimbert Calvo recordó
que en el conflicto social de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes, de las cuales
24 fueron en el año de 2006 y tres en 2007. De estos casos, 9 asesinatos
podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales. Además, se mantiene la desaparición forzada de los
miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular
Revolucionario (PDPR-EPR), Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, que desaparecieron en el contexto
del movimiento social en Oaxaca en 2006 y 2007.
Mientras que a 149
personas detenidas el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Oaxaca se le
sometieron a tortura y tratos crueles y degradantes.
Entonces, los
asesinatos, la privación grave de la libertad física, la tortura, y la desaparición
forzada de las víctimas, no son hechos fortuitos o casuales, sino que provienen
de una innegable política de estado que busca eliminar a todo aquel que pudiese
ser considerado un obstáculo.
Como pruebas para la
presentación de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional está la propia
información de la DDHPO documentada en esos años y las conclusiones, así como
el Informe realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de
su Facultad de Investigación 1/2007; la Recomendación 15/2017 de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y el informe de la Comisión de la Verdad de
Oaxaca.
En todos estos informes, se
señala como responsable a nivel estatal de la violación sistemática a los
derechos humanos en Oaxaca durante el conflicto de 2006 y 2007 al entonces
gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, quien generó todas y cada una de las condiciones
necesarias para la operación de grupos armados ilegales, los cuales llevaron a
cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura,
así como también ordenó y encubrió el uso excesivo de la fuerza cometido por
sus subordinados.
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