Deploran negligencia oficial ante el problema de los desaparecidos en Querétaro.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, encaró a funcionarios locales por su “falta de sensibilidad y comprensión” ante los familiares de personas desaparecidas.

Avante los increpó: “Haremos entender a cualquier gobierno de cualquier entidad federativa que la problemática de las personas desaparecidas en este país no se debe subestimar… Quien no lo quiera entender, que acuse recibo.”

Los integrantes de la asociación civil Desaparecidos Justicia piden la reinstalación de unas mesas de trabajo con diversas autoridades, toda vez que fueron canceladas en marzo de 2016, por el actual mandatario, el panista Francisco Domínguez Servién.

El viernes 9 de marzo se cumple un mes de que Avante llegó a Querétaro, donde ha tenido encuentros con autoridades locales y familiares del colectivo, pero las autoridades locales no responden a las peticiones de las víctimas.

En el primer encuentro pactado, dicen los agraviados, no estuvo el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, ni el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres.

En esa ocasión fueron sólo la vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, Margarita Luna Téllez Girón, y el subsecretario de Gobierno, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Téllez Girón expuso: “Se va a organizar un Congreso Nacional de Justicia Oral en Querétaro y el señor fiscal es el encargado de un panel. Está ahorita en secretaría de Gobierno, presentando su ponencia para revisión. Él no se encuentra ahorita dentro del edificio”. Con ello pretendió excusar la ausencia del fiscal Echeverría Cornejo.

Sin embargo, Avante la increpó: “No sabe, de verdad, cómo lo lamento. Me parece que atender la necesidad de las personas que están queriendo localizar a sus seres queridos, es infinitamente más relevante que presentar una ponencia; es muy lamentable la falta de atención y el desprecio que le están dando a las personas que necesitan ser escuchadas y atendidas”.

Y añadió: “La petición que me han transmitido (los familiares de los desaparecidos) y que, en este momento, por conducto de ustedes, hago llegar al señor fiscal y al señor secretario de Gobierno y que yo personalmente haré saber al señor gobernador, con mi extrañamiento también, porque esto lo hablé con el gobernador.

“La petición muy respetuosa que hacen es que a la brevedad podamos reinstalar esas mesas de trabajo. Pregunto, señor subsecretario, señora fiscal: ¿podemos dar ese compromiso?”

La vicefiscal le respondió: “Yo, por el momento, no puedo establecer ningún compromiso”.

Avante insistió: “No tengo (de los dos funcionarios que el Gobierno del estado les encomendó la atención de un tema tan delicado como los desaparecidos) la más mínima comprensión y sensibilidad para, por lo menos, comprometerse a brindarle unas mesas de trabajo, atención a los familiares. ¿Es eso lo que debo entender?”.

El subsecretario de Gobierno de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, salió al quite: “No… en este caso la información está disponible… y que, como sabemos, cada una de las personas que se encuentran aquí o que pudiesen estar vinculados con algunos de estos temas y que pudiesen tener una legitimación, pueden asistir, recibir la orientación y la información correspondiente del estado que guardan cada uno de estos expedientes.

El desencanto

Sin embargo, los integrantes del colectivo Desaparecidos Justicia desmintieron al funcionario estatal. Expusieron que para ellos es importante recibir la atención de manera grupal –y no individualizada, como pretenden las autoridades de Querétaro– porque se sienten protegidos.

La señora Elizabeth Villarreal Rodríguez, quien busca a su hijo Édgar Abdul Villarreal Rodríguez desde 2014, añadió: “En ningún momento se nos ha dado la atención, ni siquiera se han tomado la dignidad de agarrar y hablar por teléfono personalizado, a cada uno, como ellos dicen.

Brenda Rangel Ortiz, fundadora del colectivo y quien busca a su hermano Héctor Rangel Ortiz, desaparecido desde noviembre de 2009, recordó que en diversas ocasiones han solicitado a las autoridades locales que les reinstalen las mesas de trabajo, pero no les han hecho caso.

“La licenciada vicefiscal aquí presente, Margarita (Luna Téllez Girón), nos decía que se habían suspendido por tiempos de vacaciones, pero también porque había el cambio del nuevo sistema de justicia penal y que se iban a tomar capacitación, pero de ahí estamos hablando del treinta de marzo del 2016. Hoy estamos a 9 de febrero de 2018. Yo creo que no se han terminado de capacitar, porque no se han vuelto a reanudar y las hemos solicitado, ya en otras ocasiones, y no ha sido posible”.

Avante Juárez preguntó a la vicefiscal Luna Téllez Girón: “¿Usted puede comprometerse a constituir esas mesas de trabajo?”

La funcionaria contestó con una negativa.

Al necesitar a un funcionario de la fiscalía con capacidad de decisión para comprometerse a reinstalar las mesas de trabajo, Avante Juárez preguntó por el titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas. Le contestaron que “no estaba disponible”.

“Nosotros no sabíamos que ustedes querían que se convocara al titular de la unidad. El titular de la unidad tiene un horario de 9 a 5 de la tarde”, comentó Luna Téllez Girón.

“¡Ah, es un asunto de horarios, vicefiscal! ¿De verdad? –expresó Avante–. ¡No me diga! Es un tema de abrir y cerrar la ventanilla. Me parece muy bien. Sólo para tener claridad, ¡eh!, porque yo necesito saber que no voy a decir ni faltar a la verdad en lo que le habré de reportar al secretario de Gobernación (Alfonso Navarrete Prida) y al gobernador (Domínguez Servién).”

Propuesta a medias.

El subsecretario de Gobierno de Querétaro, Jesús Hernández, propuso al coordinador para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos del gobierno estatal, José Antonio Ledesma Ferrusca, para que fungiera como enlace de las familias del colectivo Desaparecidos Justicia con personal de la fiscalía, con el propósito de llegar a un acuerdo, lo que ha sido una petición que siempre negaron a los familiares de desaparecidos.

Avante expuso: “Me queda claro que la fiscalía no pinta en este momento porque la persona que está aquí no tiene ninguna facultad para hacer, más que llevar el mensaje; es decir, nos mandaron a una mensajera. Entonces vamos a enviar el mensaje y el mensaje es: utilizaremos todas las instancias y todas las estrategias políticas y administrativas, al alcance del gobierno de la República, como lo hizo saber el secretario de Gobernación (Alfonso Navarrete Prida) en la reunión de la Conago; como se lo hice yo saber, personalmente, al señor al señor gobernador (Domínguez Servién), como le pedí al gobernador la importancia de tener este encuentro y encontrar salidas.

“Si después de darle el voto de confianza a este funcionario (José Antonio Ledesma Ferrusca), no se observan resultados, tengan la garantía de que será trabajado su tema y encontraran cabal respuesta, aún a costa de la resistencia o de la negligencia de las autoridades locales.”

Sin embargo, a casi un mes de esta reunión, las mesas de trabajo con familiares del colectivo Desaparecidos Justicia no han sido reinstaladas.

La Fiscalía en Querétaro es encabezada por Alejandro Echeverría Cornejo, quien, pese a que al inicio del sexenio era el procurador del actual gobernador y admitió públicamente ser socio del secretario de gobierno, Juan Martín Granados Torres, fue elegido fiscal por nueve años por un congreso con mayoría panista, donde el coordinador de la fracción es Antonio Rangel Méndez.

En su declaración 3 de 3 Echeverría dijo ser socio del secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, hermano del secretario de Gobierno, en la empresa Consultores Asociados en Seguridad Humana.