La necedad de cumplir
una promesa que el presidente Enrique Peña Nieto hizo en campaña, amenaza una
vez más a habitantes de comunidades y ejidos en el Altiplano potosino, quienes
corren el riesgo de quedarse sin agua por la construcción de un acueducto que
conectaría a La Maroma, una presa que no existe.
En mayo de 2012, Peña
ofreció que dicha presa se construiría en la Sierra de Catorce, a 34 kilómetros
de Matehuala, supuestamente para garantizar el abasto de agua a esa ciudad por
los siguientes 20 años.
Sin embargo, habitantes
de los poblados de esa región, en el municipio de Villa de Guadalupe, así como
ejidatarios y avecindados del ejido La Presa, ven con total desconfianza la
construcción del acueducto que se levanta muy cerca de los brotes naturales
como el manantial La Alberca, que les provee el agua que utilizan, y les
preocupa que, como ha ocurrido con otros proyectos, se priorice el abastecimiento
a las ciudades, sin respetar su derecho al agua, como quedó establecido desde
1995 en el Diario Oficial de la Federación.
El temor al despojo
cunde entre los habitantes de las comunidades La Presa, La Presita, Depósitos,
Chilares, Biznaga y otras de la zona, por la construcción de la presa que a lo
largo del sexenio se ha aplazado, cancelado, retomado y vuelto a aplazar.
En los últimos meses la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el organismo estatal aceleraron las
obras del acueducto, y de manera enfática han anunciado la construcción de la
presa que, aseguran, estará lista antes de que Peña Nieto deje la presidencia.
En respuesta, un grupo de personas del ejido recurrió a
investigadores y abogados del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San
Luis, la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis
y el Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos y, luego de realizarse una investigación de campo, determinaron que
emprenderán varias acciones en el ámbito social y legal para garantizar que no
se toque la dotación de agua que tienen establecida.
A principios de marzo
interpusieron dos amparos, uno agrario firmado por los ejidatarios de La Presa
y otro de tipo administrativo ambiental, avalados por las personas avecindadas
del mismo ejido, informó a Apro Daniel Jacobo Marín, abogado y profesor de
Derecho de Aguas del Colegio de San Luis (Colsan).
En conferencia de
prensa, a la que asistieron los abogados, investigadores y ejidatarios,
Guillermo Luévano Bustamante, doctor en Ciencias Sociales, explicó que se
realiza el acompañamiento en este caso “por las notables irregularidades
administrativas del proyecto y las eventuales afectaciones a derechos agrarios
y ambientales” de
los habitantes de estas comunidades.
Los amparos ante juzgados federales son una estrategia
jurídica para combatir los permisos con los que pretende operar este proyecto,
apuntó.
“(Sabemos que) suelen
estar orientados a favorecer a intereses privados, afectando derechos de las
comunidades”, añadió
Luévano Bustamante.
Se ha constatado que,
si bien se habilitó el acueducto, éste afectó superficies de uso común del
ejido y no hay presa, además de que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
no está plenamente aprobada.
“Esperamos que los jueces
tengan la sensibilidad de reconocer los derechos agrarios de los ejidatarios,
la dotación de tierras desde 1922 y la dotación de aguas desde 1955”, señaló el especialista.
La MIA correspondiente al proyecto establece que, además del
abasto de agua a Matehuala, “se modernizarán las unidades de riego en los
ejidos La Presa y La Biznaga en Villa de Guadalupe, que tienen una dotación
presidencial de 12 mm3”.
De igual manera, destaca que las obras previstas incluirían
la rehabilitación de caminos de acceso y la apertura y explotación de dos
bancos de roca y cuatro de tiro de materiales, así como la rehabilitación de
dos presas derivadoras y la construcción de una línea de conducción de agua
para área de riego, pero también el estudio de aprovechamientos superficiales y
coadyuvar con el abasto para algunas localidades ubicadas en el área de
influencia del proyecto, mediante la perforación de cinco pozos que se
conectarán al acueducto actual.
El documento oficial
asienta que la producción agrícola de la zona es sólo para el autoconsumo y se
cuenta con un “inventario ganadero insignificante”, por lo que la inexistencia
de ingresos obligará a los pobladores a que con el tiempo emigren hacia la
ciudad y abandonen las parcelas.
Incluso, en los
objetivos específicos se incluye “evitar las posibles presiones sociales
generadas por la ausencia o irregularidad en la prestación del suministro de
agua”.
Compromiso cancelado.
En diciembre de 2016,
el alcalde de Matehuala, Everardo Nava, anunció que todo estaba listo para el
arranque de la construcción de la presa La Maroma, en la que se invertirían 376
millones de pesos.
Sin embargo, en
septiembre del año siguiente un reporte publicado en el periódico Reforma sobre
los compromisos de campaña de Peña Nieto, que derivaron en compromisos
presidenciales, destacó que se había dado por cancelada la construcción de la
presa, además de otros cuatro proyectos que tampoco se alcanzarían a concretar.
El tema resurgió en
enero de este año, cuando funcionarios de la Conagua y de la Comisión estatal
en San Luis señalaron públicamente que sí se construirá la presa y que estará
terminada en noviembre. Precisaron que la obra arrancaría en marzo, para elevar
una cortina de 51 metros de altura y casi 32 kilómetros de tubería de 14 pulgadas
para abastecer de agua a Matehuala.
Sin la certeza de que
la Conagua cuente con los permisos de cambio de uso de suelo forestal, así como
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el uso de explosivos, y
ante el rechazo de la mayoría de los ejidatarios y personas avecindadas, éstos
expusieron públicamente la necesidad de emprender las medidas de defensa del
agua y el territorio.
Antonio Ramírez (ejidatario), Héctor González Cruz
(avecindado), Sanjuana Moreno (ejidataria de La Presa), Augusto García
(secretario del Comisariado ejidal) y muchas otras personas, quienes recibieron
el respaldo del Programa de Agua y Sociedad del Colsan, la Clínica de Litigio
estratégico de la UASLP y el Centro Samuel Ruiz, subrayaron:
“Nos quieren violentar
nuestro derecho de dotación de agua. Por los años veinte luchamos por esa
dotación y se quieren llevar el cien por ciento del agua a sabiendas de que
tenemos una dotación oficial. Simplemente estamos peleando el derecho que
tenemos. No estamos en contra del ducto, de que se lleven agua, pero que nos
dejen la que nos corresponde”.
Remataron: “No estamos
peleando contra nadie, sino defendiendo nuestros derechos como ejidatarios; que
nos respeten, porque han entrado sin ningún permiso ni nada. El permiso que
dicen que tienen lo firmaron unos pocos. Llegaron a hacer una reunión, pero ya
la red la traían avanzada. La duda es dónde se va a conectar este acueducto,
parece que pretenden conectarse de los manantiales. De la presa no hay nada y
desde años atrás han tratado de llevarse el agua”.
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