Fortalecer el Estado de Derecho para
erradicar la corrupción, inseguridad e impunidad, es la reforma pendiente que
dejará el sexenio de Enrique Peña Nieto, aseguró la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo
con el organismo patronal, las reformas
estructurales aprobadas al inicio de la administración no pueden inducir en el
desarrollo de México si no se fortalece el “frágil” Estado de Derecho,
especialmente en estados y municipios, donde el 60 por ciento de la población
considera que la corrupción gubernamental es un fenómeno generalizado.
“La ausencia de credibilidad en las
instituciones en México, tiene un efecto determinante en los bajos niveles de
productividad y crecimiento económico, y detona un desencanto con la democracia
como medio eficaz para ordenar la convivencia social”, destacó la Coparmex en un
comunicado.
Para los
empresarios de México, los temas de
atención prioritaria para fortalecer el Estado de Derecho son: la erradicación
de la corrupción, la mejoría en la seguridad pública, personal y patrimonial,
y, el combate a la impunidad.
México ocupa el último lugar en
combate a la corrupción entre los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y empeoró en el índice de Percepción de la
Corrupción. De los 180 países evaluados, México ocupa el penoso lugar 135.
De acuerdo
con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las motivaciones para incurrir en actos de
corrupción están mayoritariamente asociadas a agilizar trámites, evitar multas
y obtener licencias o permisos. Esto cuesta al sector empresarial poco más de
1,600 millones de pesos anuales, un promedio por empresa de más de 12 mil
pesos.
La Coparmex detalló que el costo de
la corrupción es aún mayor si consideramos que estos actos inhiben la inversión
en el país, como se afirma en el Reporte de Competitividad Global publicado por
el Foro Económico Mundial, donde determinan que la corrupción es el factor más
problemático para hacer negocios en México.
“Vivimos en un país donde el 50 por
ciento de los encuestados reporta haber tenido que pagar algún soborno a algún
servidor público, siendo éste el mayor porcentaje en América Latina”, detalló el comunicado.
La Coparmex demandó al Senado de la República se nombre
el Fiscal Anticorrupción y a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa que juzgarán las faltas graves en materia de corrupción.
También consideró necesaria despejar las dudas
sobre cualquier concertación política tendiente a atenuar la profundidad de las
acciones del Auditor Superior de la Federación, recién designado por la Cámara
de Diputados.
REDUCIR
NIVELES DE CORRUPCIÓN.
El 43 por ciento de las empresas
instaladas en México han denunciado haber sido víctimas de la inseguridad, y de
acuerdo a encuestas de victimización y violencia, hay una tasa de casi 29 mil
delitos por cada 100 mil habitantes, y en el ámbito productivo.
Para la
Coparmex, los cambios al sistema de
justicia penal y a leyes secundarias asociadas, no podrán ser eficaces, a menos
que se garanticen políticas públicas coherentes que garantice su adecuada
implantación.
“Hemos sostenido la necesidad que se
apruebe una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que después de un
difícil proceso de consenso en el Senado de la República, fue desechada
inexplicable de forma íntegra por la Cámara de Diputados”, mencionó.
El sector patronal pidió regular el
modelo policial de México, el desarrollo, la formación y la certificación las
fuerzas policiales civiles, así como la naturaleza del mando.
También consideró necesaria la expedición de una
Ley General de Seguridad Privada que homologue los requerimientos estatales
para obtener los permisos, brindando con ello certeza jurídica tanto a
proveedores como a contratantes del servicio.
COMBATE A LA
IMPUNIDAD.
La Coparmex exigió una reforma de
fondo al artículo 102 constitucional, en el que se sienten las bases de una
Fiscalía General de la República, un órgano verdaderamente autónomo y
funcional, que no represente ningún interés político y cuente con la confianza
ciudadana.
“Para que prive un auténtico Estado
de Derecho, es necesario contar con una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que
persiga y que esté libre de la influencia de intereses políticos; cuyo titular
sea una persona competente y no un aliado del gobierno en turno”, explicó.
En México, más del 93 por ciento de
los delitos no se denuncian, o no tienen averiguación previa o carpeta de
investigación, que por lo menos indique la intención de castigar a quienes
violan la ley.
Según el
índice Global de Impunidad, México es el
cuarto país del mundo y el primero en América Latina con mayor impunidad. En el
mundo es el lugar 66 de los 69 evaluados.
Según este
estudio, el resultado no es producto de
una carencia de fuerzas policiales, sino un problema de funcionalidad y
estructura de nuestro sistema de justicia.
La Coparmex hizo un llamado a los actores políticos
para mostrar voluntad política e impulsar lo que consideró la más importante
reforma de México: el Estado de Derecho.
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