Pese al plan de austeridad pregonado
por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el rezago educativo en que
se encuentra la entidad, la Secretaría de Educación reporta excesivos gastos en
burocracia.
La abultada estructura administrativa
de la SEG, conformada por 105 trabajadores, entre ellos el titular de la
dependencia, José Luis González de la Vega Otero, así como subsecretarios,
directores y jefes de departamento, representan un gasto burocrático en sueldos
de 2 millones 984 mil 401 pesos mensuales, es decir, 35 millones 812 mil 815
pesos al año indican documentos oficiales.
Los informes
advierten que cuatro colaboradores
considerados como los más cercanos de González de la Vega, gastaron 707 mil 787
pesos de un fondo revolvente ejercido con opacidad durante el periodo del 29 de
enero al 2 de marzo de este año.
El desglose
del gasto burocrático de la oficina del titular de la SEG advierte que sus cuatro colaboradores se adjudicaron
bonos de 30 mil pesos; facturaron pagos de hasta 8 mil pesos por concepto de
comidas y reportaron consumos excesivos de gasolina, así como material de
papelería y pasajes aéreos sin justificación alguna, indica un informe
general de “solicitudes de pago” de la Dirección General de Recursos
Financieros de la dependencia estatal.
El denominado Staff del secretario de
Educación en Guerrero está conformado por el secretario técnico, Jorge
Sotomayor Landeta, el secretario particular, Fernando Calderón Neri; el
coordinador de Asesores, Luis Alberto Sánchez Martínez, y la secretaria
privada, Yeny López Ortiz, todos vinculados al Partido Nueva Alianza y al grupo
político de la exlideresa del magisterio Elba Esther Gordillo.
De la Vega Otero y su equipo ocuparon
los mismos cargos durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo de 2005 a
2011, y su gestión en ese entonces estuvo plagada por diversos escándalos de
corrupción y acusaciones por desvío de recursos.
Entre los casos documentados destaca
la venta de varias toneladas de libros de texto gratuito a un reciclador de
papel, en diciembre de 2005, y la adjudicación directa de un contrato por 100
millones de pesos que benefició a 12 empresas constructoras, presuntamente
vinculadas a amigos y familiares de Torreblanca Galindo, en 2008.
Además, González de la Vega mantuvo una
confrontación directa con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG) y normalistas de Ayotzinapa, a quienes acusó de
pertenecer a la guerrilla.
Ahora, el millonario gasto burocrático reportado
oficialmente por la SEG, que dirige nuevamente González de la Vega, contrasta
con el plan de austeridad y el decreto para el ejercicio fiscal del gobierno de
Astudillo.
El plan de
austeridad.
En enero de
2017, Astudillo Flores anunció un plan de
austeridad que contemplaba la supuesta reducción del 30% de su salario mensual
y del resto de sus colaboradores, luego de que el Congreso de la Unión aprobó
el incremento al precio de los combustibles que desataron la indignación social
ante el despilfarro y opulencia que caracteriza a la clase política.
En ese
entonces, el gobernador exhortó a los
representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 81
alcaldes y dirigentes partidistas para que asumieran medidas de austeridad que
implicaran ahorro en el gasto público, en solidaridad con el resto de la
sociedad que en su mayoría vive en extrema pobreza y marginación, y ahora
resiente el incremento de combustibles y productos básicos.
Incluso, el
decreto número 654 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, plantea que el gobierno estatal tendrá
como prioridad el establecimiento de una política de gasto responsable y
congruente, así como reforzar programas de “prevención y seguridad ciudadana, y
mejorar el acceso y la calidad de los servicios de educación, salud y
alimentación en las zonas más marginadas”.
“Se considera reducir las
asignaciones de aquellos rubros de gasto corriente burocrático que generen poco
o nulo valor para la sociedad, canalizando a la vez más recursos a otros que
ofrezcan mayores beneficios sociales y se mantendrán las medidas de austeridad
en las dependencias y organismos, como son la reducción de los ingresos de las
y los funcionarios de primer nivel”, indica el decreto oficial.
El rezago
educativo.
La SEG es la dependencia que ejerce el mayor
presupuesto estatal con un monto para este año de 19 mil 403 millones 635 mil
pesos, no obstante, Guerrero es la entidad con el mayor índice de rezago
educativo en el país y la infraestructura escolar resultó severamente dañados
en los últimos años tras los sismos y huracanes que han afectado el estado.
Esta situación ha desatado protestas
y bloqueos carreteros impulsados por padres de familia y docentes que exigen
seguridad para ejercer su labor y certeza básica para garantizar el derecho al
a educación de la niñez guerrerense.
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