Las irregularidades en el proceso
electoral de la sucesión presidencial ya iniciaron y el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado
de México, dijo el ex Diputado Constituyente Porfirio Muñoz Ledo.
El político acudió hoy en representación de un grupo de
30 académicos y organizaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) para solicitar una serie de medidas que permitan blindar la
elección del 1 de julio, dijo Muñoz Ledo.
“Es parte de la operación del PRI
estar atacando a [Ricardo] Anaya, como atacaron a Josefina Vázquez Mota. Están
Chepinizando a Anaya. El (Juan) Zepeda de ellos es un independiente, no digo
cuál. Tratan de poner un empate absurdo, porque no lo hay a nivel nacional;
quieren poner a [Andrés Manuel] López Obrador y [José Antonio] Meade. Están
siguiendo paso por paso lo que hicieron en el Estado de México; la diferencia
es que es nacional y que no nos vamos a dejar, eso es claro”, afirmó.
Muñoz Ledo, Javier Quijano, el
Embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel
Velázquez acudieron a una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, Magistrada
Presidenta del Tribunal para entregarle un documento con una serie de medidas
que permitan “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica” y evitar
lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila.
“Hay una conciencia pública,
extendida en encuestas que dicen que el 70 por ciento opina que las elecciones
recientes en México no han sido limpias y auténticas. La última vez que la
opinión internacional reconoció elecciones limpias en México son las del 2000, la de Vicente Fox; y la anterior la
de 1997 cuando ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados. Hay dudas sobre los comicios de 2006 y
sobre todo de los de 2012”, explicó.
Muñoz Ledo precisó que acordaron con
la Magistrada que se conformaría un observatorio constituido por los
académicos, políticos y organizaciones firmantes, para denunciar ante el
Tribunal cualquier desviación u omisión del Tribunal.
Entre la medidas que solicitan investigadores como Sergio Aguayo,
Lorenzo Meyer Cossío, ex consejeros electorales como Eduardo Huchim May e
íconos de la izquierda mexicana como Ifigenia Martínez y Hernández está el publicar informes pormenorizados de
los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral (INE), promover acuerdos de civilidad política
entre los partidos y los candidatos, sancionar severamente las campañas negras,
sin menoscabo a la libertad de expresión.
Además, solicitaron instalar una plataforma digital
que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que se alimente
de forma permanente por datos aportados por la población, es decir un Sistema
Integral de Fiscalización preciso.
Los
firmantes solicitaron coordinar a las
autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de
Transparencia para fiscalizar “estrictamente el ejercicio de los recursos
públicos y el uso electoral de programas sociales”, para sancionar la compra y
coacción del voto.
El documento
entregado a la Magistrada pide
flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero,
verificar de manera permanente a los OPLE e investigar el eventual conflicto de
interés por los vínculos de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del
PRI-Verde-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. De
comprobarse ese conflicto, destituir al titular.
“Considerar la cancelación del
registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el
artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales”, dice.
El documento
alerta que las irregularidades en los
últimos procesos electorales se observan antes, durante y después de la jornada
electoral.
“Son cometidas por una multiplicidad
de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios
públicos; involucran a otros entes sociales y económicos”, precisa.
Esas irregularidades incluyen
transferencia de dinero de los gobiernos locales a las campañas electorales, agrega.
“Los fraudes de 2006,2012 y los
abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y
Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018”, dice.
Los
firmantes advierten que si sus
peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
“Vivimos un momento particularmente
dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de
grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”, finaliza.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.