“Lo que sucedió es lo oficial, la
Fiscalía ya tomó nota, no se basa en lo que dicen, se basa en hechos, hubo un
enfrentamiento”, dijo el panista Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de
Veracruz. Pero una fotografía, en la que se alcanza a ver aún con vida a una de
las jóvenes asesinadas en Río Blanco, derrumbaría su versión…
Las dudas vuelven a posarse sobre los
uniformados: ¿Asesinaron sin razón a los ocupantes de la camioneta Honda que
circulaba cerca de una plaza comercial, en Río Blanco, el sábado 10 de marzo?
¿Hubo de verdad intercambio de fuego? ¿Por qué los testigos, de acuerdo con
medios locales, aseguraron que las hermanas Nefertitti y Grecia Camacho Martínez
recibieron un tiro de gracia? ¿Los policías hicieron su trabajo o ejecutaron de
manera extrajudicial?
Las preguntas sobre el caso se dan también en el marco de una nueva revelación periodística que
involucra a Jaime Ignacio Téllez, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno
de Miguel Ángel Yunes, quien, se afirma, está ligado a Guadalupe Hernández
Hervis, “La Jefa”, operadora de Los Zetas en la entidad, según señala una
investigación realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO), a la cual tuvo acceso el periódico Reforma.
De acuerdo con el diario capitalino,
la Procuraduría General de la República (PGR) sospecha que “La Jefa” desempeña
la función de “notificadora” y “enlace” de Los Zetas con el funcionario
estatal. También expone que luego de intervenir llamas, tras recibir una
autorización judicial, la SEIDO descubrió que “La Jefa” mantenía comunicación
con Jaime Ignacio Téllez durante el mismo lapso en el que ella negociaba el
pago de 2 millones de pesos como rescate de una persona secuestrada que luego
fue asesinada por sus captores.
QUE PGR ATRAIGA INVESTIGACIÓN.
La Procuraduría General de la
República (PGR) debe atraer el caso de las dos hermanas asesinadas, demandó el
grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde el
Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.
A través de Jesús Valencia Guzmán, secretario de la Comisión
de Derechos de la Niñez, Morena exigió
el jueves 15 de marzo que “haga un enérgico pronunciamiento institucional por
parte de la Cámara de Diputados condenando el asesinato de dos hermanas menores
de edad en Río Blanco, Veracruz, presuntamente a manos de autoridades del
Estado”.
“El caso cobra relevancia debido a
que la mayoría de los periódicos consignan fotografías de Nefertiti, de 16
años, sentada en la calle cabizbaja, sin armas ante la vigilancia de un
policía, y minutos después tirada boca abajo en medio de un charco de sangre al
pie de un agente policiaco. Su hermana Grecia, de 14 años, aparece también
muerta boca abajo con un arma de fuego en sus manos”, explicaron.
Por los hechos, Morena
solicitó la renuncia del Secretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco
Castán, y del Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.
El mismo día, y en una conferencia
trasmitida en redes sociales, la Fiscalía veracruzana volvió a justificar lo
ocurrido. Expuso las mismas conclusiones
que Linares: eran criminales, levantaron sus armas.
Según la información, una denuncia anónima llevó a los
funcionarios a realizar un recorrido por calles de Río Blanco. Y fue ahí que, a
través de comandos de voz, se pidió que el vehículo se detuviera. Y no…no lo
hizo.
“Los policías repelieron la agresión y como consecuencia
abatieron a los jóvenes. Es importante señalar que en este evento no hubo
ninguna ejecución extrajudicial. Armas de fuego ponían en riesgo a los policías”,
indicó el Fiscal.
Hacía mucho tiempo que Nefertiti y Grecia habían abandonado
sus estudios y casa, y se habían unido al crimen, justificó.
EL VERACRUZ VIOLENTO.
Veracruz, el de Yunes Linares, cerró
2017 con 1, 562 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Al menos cuatro
personas, según lo anterior, fueron asesinadas al día. Es decir, en la entidad
mataban a alguien por lo menos cada seis horas.
A la cifra hay que sumarles los 79
feminicidios que contabilizaron las autoridades.
A finales de febrero, la
agencia AP reportó que la policía del estado de Veracruz, “infestado de
corrupción, creó unidades que empleó tácticas de guerra sucia para secuestrar,
matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes,
sospechosas de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco”.
Las acusaciones presentadas contra ex
jefes policiacos de Veracruz “muestran todas las señales de las violaciones de
derechos humanos de las tristemente célebres campañas contra las guerrillas en
los años de 1960 y 1970”.
“La policía en sus patrullas recogía
a los jóvenes, pero no registraba los arrestos. Los entregaba a escuadrones
especializados en interrogatorios y torturas que funcionaban en la misma
academia de policía, que luego los mataban y hacían desaparecer los cuerpos”, detalló la agencia que tuvo acceso a
las actas.
Así actuaban hace décadas y siguieron haciéndolo.
También en este 2018 se supo que la
Fiscalía veracruzana tenía abiertas 124 carpetas de investigación por
desaparición forzada. Uniformados, según la información, participaron en al
menos 202 casos en 52 municipios. Todos habrían ocurrido durante la
administración de Duarte de Ochoa.
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