A pesar de que las
empresas mineras provocan diversos daños sociales, medioambientales y de salud,
en México tienen la puerta abierta para operar con total impunidad, ya que
tanto el Gobierno federal como los locales favorecen los intereses de las
compañías y no los de la población, denunciaron especialistas en materia.
La semana pasada, Primero Empresa Minera SA de CV,
perteneciente al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros
de solución cianurada al río Piaxtla, ubicado en el municipio de San Dimas,
Durango, localidad donde se extrae oro y plata.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el derrame se dio a causa “de
un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanente
de solución cianurada, la cual se quedó sin combustible en un terreno con
pendiente, ocasionando que drenara la solución hacia el río Piaxtla”.
Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora,
académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Gustavo Lozano,
integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertaron que la impunidad juega un papel
importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en
el país, ya que, las empresas –la mayoría de procedencia extranjera–, al no
hacerse acreedoras a sanciones justas, continúan con la destrucción.
“El derrame de Durango
ratifica la impunidad con la que se opera y se desarrolla la mega-minería en
nuestro país con el supuesto falso de que las inversiones del sector serían la
clave para el desarrollo regional, de los estados y para el crecimiento
económico”, dijo el
investigador García Zamora. El especialista agregó que “[la minería] viene a institucionalizar la impunidad en los
territorios, los recursos naturales y las comunidades, que están totalmente
subordinadas al interés de las grandes corporaciones”.
“Esta gente que provoca
desastres ambientales en México lo hace porque difícilmente será sancionada y,
en caso de que sea sancionada, el castigo o la pena puede ser pagada
fácilmente, por lo
que esas grandes corporaciones pueden seguir operando; es decir, no hay
incentivos por parte de las autoridades federales y locales en la aplicación de
la Ley para que las empresas dejen de actuar abusiva y descuidadamente”, añadió
el académico de la UAZ.
Al respecto, Gustavo Lozano urgió a la Profepa a investigar exhaustivamente de qué manera ocurrió
el derrame y en caso de ser necesario sancione a la empresa.
“Lo que sigue es que la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indague sobre el nivel de daño
que ha ocurrido, establezca responsabilidades y sancione conforme a la Ley.
Además, debe haber una sanción de remediación para limpiar la tierra y el agua
de contaminantes”,
exigió.
El investigador García Zamora destacó que a pesar de que la Profepa y la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desarrollan estudios
diagnósticos “son incapaces de realizar cualquier sanción a estas grandes
corporaciones. Las empresas tienen todo el respaldo de la Presidencia de la
República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la
Secretaría de Gobernación (Segob) y hasta del Ejército”.
“[La Semarnat y la
Profepa] son dependencias cosméticas que no van más allá de los diagnósticos.
Están dirigidas, como en el caso de la Semarnat, por funcionarios corruptos que
se van a pasear”,
dijo en referencia al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Rafael Pachiano Alamán, quien
–de acuerdo con una investigación del diario Reforma– aprovecho el puente del
fin de semana pasado para viajar a Aspen, Colorado, en un avión privado: un
Learjet 40, matrícula XA-USP.
Lozano afirmó entender que los accidentes suelen sobrevenir y
que la mayoría de las veces, quienes los provocan poco pueden hacer para
evitarlos, no obstante, remarcó, “también
sabemos de las prácticas de las empresas mineras que no tratan adecuadamente
los pasivos ambientales que generan”.
CIANURO, VENENO PODEROSO.
La mega-minería,
comentó el doctor García Zamora, genera desastres ambientales y sociales
permanentes en donde opere.
“Lo que llama la atención
es la ausencia total de las dependencias federales y estatales frente a este
tipo de enormes ecocidios que no solamente afectan de inmediato los mantos
acuíferos y la tierra, sino que destruyen los ecosistemas y la estructura
tradicional de vida de las comunidades”, criticó.
Lozano, por su parte, aseguró
que el cianuro es uno de los venenos más poderosos del mundo.
En el mismo sentido, en el documento “Cianuro. La Cara Tóxica del Oro”, realizado por el Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), se lee que la minería de oro es
“la fuente de mayor contaminación de las aguas por cianuro”.
El texto plantea que
la exposición crónica al cianuro por periodos extensos en dosis pequeñas tiene
“efectos considerables” en la salud, entre ellos se encuentran la pérdida de
apetito, migrañas, nauseas, irritación de los ojos e incluso puede atacar las
fibras musculares del corazón o afectar al funcionamiento de la tiroides. Sin
embargo, la investigación indica que en dosis mayores, el cianuro llega a ser
letal.
En los peces, el
cianuro suele ser fatal en corto tiempo. De hecho, en el caso del río Piaxtla,
en el municipio de San Dimas, Durango, la Profepa dio a conocer que “un número
indeterminado de peces” murió a causa de la solución derramada el pasado 11 de
marzo que, una vez que alcanzó la corriente del río, se desplazó
aproximadamente 245 metros lineales, causando la muerte de peces, en su mayoría
especies juveniles de uno a cinco centímetros de talla.
En el caso de la
planta de Cianuro que –con el apoyo del Gobernador de Durango, el panista José
Rosas Aispuro, y la Presidenta Municipal de Gómez Palacio, Durango, la priista
Leticia Herrera Ale– pretende construir la estadounidense Chemours Company, Gustavo
Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asegura que la
compañía presentó una manifestación de impacto ambiental que contiene un montón
de irregularidades, de falsedades y mentiras, lo que los obligó a interponer
una demanda de nulidad ante la resolución de la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental de la Semarnat, misma instancia que permitió la instalación
esa empresa.
Entre las irregularidades, Lozano destaca que Chemours afirmó que el proyecto “no se ubicará en las
cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios, dado que se
encuentra a una distancia de 7 kilómetros localidad de Brittingham y a 8
kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo
minero Dinamita”. Cuando la realidad es que el ejido El Siete, donde habitan
unas mil personas –muchos de ellos pensionados y jubilados–, se encuentra a
menos de un kilómetro.
Según Lozano, establecieron
que en la zona no existe fauna y flora registrada en la Norma Oficial Mexicana 059,
que tiene que ver con especies altamente protegidas, cuando, la realidad
planteada por la REMA es que existen cactus propios de la región, aves y
animales de suelo que están incluidas en la NOM y reconocidas en los
ordenamientos territoriales.
Además, pobladores de
El Siete y el integrante de REMA afirman que no sólo esta comunidad se podría
ver afectada por la contaminación del cianuro, sino también otros poblados como
Abisinia, La Aurora, Martha, Numancia, el Volado, Las Américas, entre otras.
EL GOBIERNO APOYA A MINERAS.
Tanto Lozano como el doctor García Zamora afirmaron y reprobaron que el Gobierno
mexicano favorezca el interés privado, sobre el bienestar de la sociedad, el
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente el de las
mineras provenientes de Canadá, dueñas del 75 por ciento del total de minas que
hay en México.
“El Gobierno es
cómplice a nivel nacional del ecocidio, de la destrucción de los territorios,
de la destrucción de las comunidades. Es una complicidad en la economía de la
muerte. La minería destruye la estructura productiva, la tierra, el agua, la
cohesión social y de alguna manera subordina totalmente los poderes judicial,
legislativo y ejecutivo de acuerdo a sus intereses”, apuntaló García Zamora.
Además, recordó que en el país la minería es considerada como
una actividad preponderante, tal como lo establece el Artículo Sexto de la Ley
Minera.
“Prácticamente se le
invita a la inversión extranjera a destruir, extraer la riqueza sin que existan
consecuencia y eso está muy cerca del tema de la corrupción, de la complicidad
y de la destrucción del Estado mexicano en términos de un Estado que ha
claudicado en defender los intereses de la mayoría de la población, para
salvaguardar simplemente los intereses de la acumulación de capital por todos
los medios”, destacó.
Lozano recriminó que
el Gobierno de la República, por un lado conduzca la política en materia de
minería, sepa de qué manera operan, conozca la problemática, los daños
ambientales que genera, los problemas sociales que desencadenan “y aun así siga
estimulando el negocio a través del otorgamiento de títulos de concesión
minera”.
MINERAS EXTRANJERAS Y DESTRUCCIÓN.
Son innumerables los
casos en los que las mineras han arrasado con territorios, en los que han
pisoteado los derechos humanos y en los que han afectado la salud y el medio
ambiente.
En octubre de 2017, cuatro trabajadores de First Majestic
murieron intoxicados con dióxido de carbono, según información que la minera
entregó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En Chicomuselo, Chiapas Mariano Abarca Roblero se oponía a la
empresa minera Blackfire Exploration. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009.
Desde entonces, su hijo José Luis Abarca Montejo ha emprendido una búsqueda
incansable para encontrar justicia que lo ha llevado hasta Canadá, luego de que
en México los empleados de la minera detenidos por el homicidio fueran
liberados.
Hace algunas semanas, José Luis detalló que -de la mano de
organizaciones mexicanas y canadienses- entregó una denuncia administrativa
ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá
para exigir que se lleve a cabo una investigación sobre “las acciones y
omisiones” de la Embajada canadiense en México en el crimen, ya que acusa que
el asesinato se perpetró desde la compañía.
En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto
de minería de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la
canadiense Almaden Minerals, ha puesto en riesgo la salud de los pobladores, el
medio ambiente e incluso el acceso al agua.
Por ese tema, en diciembre pasado, un grupo de pobladores,
acompañados de activistas, visitó Canadá para instar al Gobierno del país
norteamericano y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos
humanos y daños ambientales asociados con dicho proyecto.
Por Ivette Lira
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