#NoALaLeySíndromeDeDown

Javier Risco.

Cuando creo que la última legislatura de la Asamblea de la Ciudad de México no puede dejar más rastros de su desastrosa herencia, me sorprenden y se superan. El 5 de marzo, después de estar en el cajón por 14 meses, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, publicó en la Gaceta Oficial la Ley para la Atención de Personas con Síndrome de Down que impulsaron las diputadas Elena Segura y Elizabeth Mateos, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. No, no se deje llevar por el nombre, no es una buena noticia.

Ayer en el mundo conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down, que nos recuerda que requerimos ser un mundo incluyente, que nos falta aún mucho para integrar a las personas con esta y cualquier discapacidad a nuestra sociedad. En el marco de este día y con la guía y explicación de activistas en el tema como la periodista Katia D’Artigues, nos enteramos de que la ALDF nuevamente se lució dejándole a la ciudad una legislación retrograda, discriminatoria y que tiene una redacción tan confusa que podría prestarse a la criminalización.

Y es que en el profundo desconocimiento que los legisladores capitalinos tienen de su propia Constitución, así como de aquello que México firmó en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD), se dieron a la tarea de generar una ley sobre una discapacidad específica, que de entrada es excluyente con el resto de las discapacidades. O es que, como dice Katia, ¿ahora tendremos diputados dedicados a generar una ley particular para cada una?

“En general la ley considera a las personas con síndrome de Down como personas sujetas a la voluntad y resguardo de otras personas y que poco reconocen las capacidades de autonomía, toma de decisiones, autodeterminación y autocuidado, y a otros derechos que mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, explica Katia.

Y es que tanto los diputados como los dos consejeros jurídicos que tuvieron en sus manos el análisis del texto que se aprobó en 2016 –Manuel Granados y Vicente Lopantzi– y el jefe de Gobierno, pasaron por alto preguntarle a expertos, a las asociaciones involucradas en el tema y a las mismas personas con síndrome de Down lo que pensaban de esta ley limitativa, que les quita la oportunidad de decidir sobre aspectos fundamentales en la vida de cualquiera, como sus derechos reproductivos y sexuales. Sí, porque las personas con discapacidad también ejercen su sexualidad.

Durante años, México y los activistas en favor de la inclusión han derribado muros y prejuicios para que entendamos que no es construyendo guetos como vamos a proteger a las personas con alguna discapacidad como el síndrome de Down, sino generando políticas públicas que favorezcan su integración a la sociedad. ¿Por qué insistir en tratarlos como personas incapaces de desarrollar habilidades que les permitan decidir sobre muchos aspectos de su vida?

La legislación aprobada bajo el cobijo de la bancada perredista en la ALDF es además criminalizadora. Y es que basta con ir al artículo 37 de esta legislación para darse cuenta de que los diputados dijeron sí a cosas como que la policía capitalina pueda detener en la calle a una persona que identifique por sus rasgos físicos como alguien con síndrome de Down y, sin necesidad de avisarle a sus familiares, le ponga un tutor. ¿De verdad? ¿En qué siglo viven en el Palacio Legislativo de Donceles?

Y en vez de proteger, esta es una ley que discrimina y D’Artigues nos enumera tres razones: “1.- La Constitución y la CDPD incluyen a todas las personas con discapacidad, y aunque se puede distinguir las diversas discapacidades como es la intelectual, nunca utiliza un diagnóstico médico para definir a cuáles personas proteger y a cuáles no.

“2.- Únicamente busca realizar acciones respecto a las personas y los familiares de personas con síndrome de Down. Nosotros ya sabemos qué hacer: la sociedad y las instituciones son las que deben cambiar y prepararse para prestar apoyos. El problema es la sociedad, no la persona o su familia.

“3.- Las acciones para visibilizar y garantizar los derechos de personas con síndrome de Down o personas con discapacidad se pueden realizar reformando y fortaleciendo la Ley de personas con Discapacidad. Una ley nueva sólo genera problemas sobre cuál ley aplicar, cuál serviría mejor. Duplica y excluye”.

La Primera Legislatura de la ALDF significó la posibilidad para todos de votar por nuestros representantes. Era un avance democrático que permitiría que quienes vivían aquí y conocían las problemáticas específicas pudieran decidir las leyes que antes se dictaban desde el Congreso de la Unión. Con leyes como ésta, la última legislatura demostró que esa posibilidad se desvaneció entre intereses políticos, falta de profesionalización e irresponsabilidad legislativa.