Durante
2017, el Gobierno federal destinó un
mayor estímulo fiscal para amortiguar los precios de la gasolina y diésel
–porque aumentaron los precios internacionales del petróleo–, lo que le costó
al erario público 67 mil 900 millones de pesos.
De acuerdo
con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), después de que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), removiera el subsidio a combustibles en 2016 con la
finalidad de aumentar la recaudación, EL SALDO FINAL DE ÉSTA FUE NEGATIVO EN
2017.
Alejandro
Limón, investigador de Energía y Finanzas Públicas del CIEP, detalló que, de
acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2017, el estímulo fiscal tendría un costo de recaudación para la SHCP de 65
mil 929 millones de pesos. En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017,
la SHCP estimó recaudar 284,432.3 millones de pesos por concepto de IEPS a
combustibles; sin embargo, si restamos el costo del estímulo fiscal, la
recaudación del IEPS se redujo a un monto neto de 218,503.3 millones de pesos.
El
investigador del CIEP destacó que el aumento en el precio de la mezcla
mexicana, con respecto al estimado en
los Criterios Generales de Política Económica en 2017, implicó mayores ingresos
petroleros; no obstante, fueron inferiores al gasto que significó el estímulo
fiscal, de manera que el saldo final por un alza en el precio de la mezcla
mexicana fue de -27,991.9 millones de pesos en 2017, equivalente a nueve veces
el presupuesto aprobado para 2018, en conjunto, de la Secretaría de Energía, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
En México, consumir gasolinas y
diésel implica pagar diferentes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) como la cuota federal, cuota estatal y cuota de carbono. Sin
embargo, la SHCP ofrece un estímulo fiscal que tiene como objetivo disminuir el
precio final de los combustibles, con el fin de estimular su consumo.
De acuerdo
con el CIEP, el año pasado el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación tuvo
una tendencia creciente, por lo que el Gobierno federal aumento el estímulo
fiscal a gasolinas y diésel para suavizar el impacto del alza en los precios.
En lo que
respecta a la cuota de carbono, ésta es fija durante el año y se actualiza
anualmente con la inflación. En 2017, la cuota fue de 11.41 centavos por litro
para las gasolinas y de 13.84 c/L para el diésel. Este tipo de impuestos, cuyo
objetivo es encarecer el consumo de combustibles fósiles, es una de las
herramientas más efectivas y baratas de reducir las emisiones de CO2.
No obstante, el impacto de esta cuota
fue superado por el estímulo fiscal, que en 2017 tuvo un valor promedio anual
de 1.36 pesos, 0.24 centavos y 1.44 pesos para la Magna, Premium y diésel,
respectivamente. Es decir, el estímulo fiscal fue 11.9 veces mayor que la cuota
al carbono para la Magna, mientras que fue superior en 2.1 y 10.4 veces para la
Premium y diésel, respectivamente.
“Habría que cuestionarse si el
objetivo de la cuota al carbono, que es internacionalizar los costos
ambientales que el consumo de combustibles fósiles genera al medio ambiente, va
acorde a la política recaudatoria del IEPS a combustibles”, destacó el CIEP.
El análisis
del CIEP detalló que, si bien un mayor
precio del petróleo puede traer mayores ingresos petroleros, el beneficio
adicional podría verse disminuido por la pérdida del potencial recaudatorio que
el estímulo fiscal ejerza sobre el IEPS a combustibles, como sucedió en 2017.
La Reforma
Energética, que fue la acción política más importante de la administración del presidente
Enrique Peña Nieto, tiene ahora un saldo
negativo para la economía nacional y para los bolsillos de las familias
mexicanas, lo que por primera vez se ha expresado con molestia por parte de los
ciudadanos, quienes incluso se han lanzado a las calles para protestar contra
medidas como los llamados “gasolinazos” y las alzas continuas a las tarifas
eléctricas.
Desde los primeros días de Gobierno
de Enrique Peña Nieto, la población fue bombardeada con promesas que buscaban
la aprobación social de la Reforma Energética. En los eventos públicos se
hablaba de ella y se pagaron millones en publicidad para convencer que sería
sinónimo de modernidad para el país.
No sólo fue
la Presidencia de la República, el
discurso también lo tomaron el entonces Secretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Energía (Sener), Pedro
Joaquín Codwell, quien hasta hoy permanece en el cargo.
Hubo también
promesas de otra índole: que bajarían
los costos de la gasolina y de la electricidad, que habría 500 mil nuevos
empleos en el sector, que se crearía mayor infraestructura, que no se tendría
que recurrir a mayor endeudamiento público y que los índices de crecimiento
serían positivos.
Pero hoy, a
cuatro años de la aprobación de la Reforma Energética, las cifras, la percepción y la realidad no coinciden con lo que se
prometió en 2013. Ni para los hogares mexicanos ni para el propio Gobierno.
En 2017, de
acuerdo con el más reciente reporte de Pemex, el 71.58 por ciento de la
gasolina utilizada por los mexicanos fue importada. Hubo un total de 570.6
miles de barriles diarios traídos del extranjero, especialmente de Estados
Unidos. La cifra es histórica: es un aumento de 12.96 por ciento respecto a
2016 y es la más alta desde que se tiene registro (2006).
De acuerdo con el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC), el costo de las gasolinas en México de 2012 hasta
el 29 de noviembre de este año se ha incrementado en un 60 por ciento.
La SHCP gastó 67 mil 900 millones de
pesos durante 2017 en cubrir el estímulo fiscal que se ha aplicado para
amortiguar los precios de la gasolina y diésel.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.