Araceli
Damián.
¿Por qué no
desea el gobierno de Enrique Peña Nieto encontrar la verdad sobre la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
Porque encontrarla significaría un
fuerte golpe para su gobierno, porque encubre la red de corrupción en torno a
la producción, circulación y venta de la heroína; porque para dar a conocer la
verdad se tendría que desenmascarar la participación en estas actividades
delictivas de personajes de alto nivel de los gobiernos locales, estatales y
federal; porque el gobierno tendría que reconocer que algunos miembros de los
cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas, del más alto rango y jerarquía,
están coludidos con la delincuencia organizada y que, incluso, saben la
ubicación de plantíos de amapola en donde mano de obra secuestrada y
esclavizada es puesta a trabajar hasta su muerte y, porque el gobierno de Peña
tendrían que reconocer que no hacen nada por detener el traslado de drogas y
dinero en camiones de pasajeros y de carga.
La “verdad histórica” sobre la
desaparición de los 43 estudiantes es sólo un cuento del ex procurador Jesús
Murillo Karam. Desde que lo dio a conocer, Fiscal tras Fiscal repite lo mismo,
a pesar de que la propia Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con
abundante evidencia en contra de este cuento infernal del gobierno federal.
La versión
de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y que sus
cenizas fueron tiradas al Río San Juan, se
basa en una única prueba material: un fragmento de hueso que corresponde al ADN
de uno de los estudiantes, que supuestamente fue encontrado en dicho Río. La
demás “evidencia” se obtuvo, sobre todo, mediante declaraciones realizadas bajo
tortura.
Esto fue documentado ampliamente hace
dos años, en abril de 2016, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
presentó el Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la
investigación, búsqueda y atención a víctimas. Con base en el análisis de 17
casos, el GIEI concluyó que existía
clara evidencia de tortura cometida contra los principales inculpados. Los
expertos se basaron en los propios expedientes médicos, siendo su conclusión
más relevante la siguiente:
El análisis
ponderado de todas las declaraciones, evidencias físicas puestas a disposición
y los demás materiales analizados, muestra a juicio del GIEI, que en todos ellos se incluyen indicios
significativos de malos tratos y torturas, tomando como pruebas los propios
informes existentes en el expediente.
Por supuesto, el gobierno negó que se
hubiera cometido, de manera generalizada, tortura en contra de los implicados. En aquella ocasión, también el GIEI reveló el video que muestra que
Agustín García Reyes, uno de los acusados, es llevado por el entonces titular
de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, sin la
presencia de un abogado defensor y sin la autorización del Ministerio Público,
a las orillas del Río San Juan, lugar donde supuestamente se encontró el único
resto humano que sustenta la “verdad histórica”. Fue tal la molestia del
gobierno por las revelaciones hechas por el GIEI, que ningún funcionario
federal se presentó a la entrega del Informe.
La semana pasada, a casi dos años de
aquel Informe del GIEI, la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dio a conocer el documento
Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la
investigación del caso Ayotzinapa. En éste, la ONU- DH profundiza en la
investigación sobre tortura y refuerza lo señalado por el GIEI.
De nuevo, el gobierno federal niega que la tortura
haya sido generalizada en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
El Informe de la ONU-DH es de nuevo
contundente.
Se documentan
ampliamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en la etapa de la
investigación (septiembre de 2014 a enero de 2016), con base en “una exhaustiva
revisión de algunos aspectos del expediente judicial y diligencias del caso, y
entrevistas con víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014,
detenidos, testigos, abogados y autoridades relevantes.” Resalta que, mientras
el GIEI documentó la tortura cometida contra 17 de los 129 detenidos, el
informe señala que, de 63 expedientes revisados, en 51, el 80%, se obtuvo
información que indicaba posibles actos de tortura, pero que la revisión sólo
se concentró en 34 casos, al existir “fuertes indicios de la comisión de
tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.” 1
Entre las violaciones a los derechos humanos señaladas están: la tortura,
evidenciada por el aumento en el número de las lesiones que se reportan en los
informes médicos realizados después de cada etapa del proceso (detención,
traslado a la SEIDO, 2 presentación ante el Ministerio Público y toma de
declaración de inculpación); validación por la aceptación, como evidencia, de
“declaraciones espontaneas” realizadas al momento de la detención sin la
presencia de un defensor; demora, fuera de los tiempos fijados por la Ley, para
la presentación de inculpados ante un juez; traslado de uno de ellos a la
escena del crimen sin abogado y sin la presencia del Ministerio Público;
tolerancia e encubrimiento de los actos de tortura realizados por personal de
la PGR, Policía Federal y Marina, y la modificación, sin sustento, de las
conclusiones de la investigación interna realizadas por la Visitaduría, en las
que se señalaba la comisión de delitos graves por parte de las autoridades a lo
largo del proceso.
Como bien se
dice en el documento, la investigación
sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa representa una doble
injusticia: contra los procesados, por la comisión de actos de tortura y
violación de sus derechos humanos y, contra las víctimas, porque se obstruye su
derecho a la verdad y a la justicia por los actos criminales cometidos en
Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. El gobierno de Peña, tarde o temprano
será juzgado por este doble crimen.
1 El Informe
no aclara si posteriormente se darán resultados del análisis del resto de los expedientes
de los implicados.
2
Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada.
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