Después de más de dos años en el
gobierno municipal y el Congreso del estado, diputados y alcaldes que pedirán
el voto a los ciudadanos para reelegirse no han presentado sus declaraciones 3
de 3 ante el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
Los presidentes municipales panistas
de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero; de Amealco, Rosendo Anaya
Aguilar; Cadereyta, León Enrique Bolaño Mendoza, y Pinal de Amoles, Gloria Inés
Rendón García, así como Raúl Orihuela, del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM, alcalde de Tequisquiapan, se encuentran en esta condición.
En el
Congreso, buscan la reelección y no han
presentado sus declaraciones los panistas Eric Salas, Luis Gerardo Ángeles Herrera,
Antonio Zapata, Verónica Hernández, Roberto Cabrera, José González, Aydé
Espinoza y Leticia Rubio, así como la priista Leticia Mercado Herrera.
Sin embargo,
a partir de mayo este trámite formará parte de las obligaciones de todos los
servidores públicos de los Poderes del estado, los órganos autónomos y los 18
ayuntamientos.
La
legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), Daesy Alvorada Hinojosa,
presidenta la Comisión de Participación Ciudadana, quien impulsó en el Congreso
del estado que estas declaraciones formaran parte de la ley y no de voluntad de
los servidores públicos, asegura que se busca que “los ciudadanos vean cómo
llegamos al cargo y cómo estamos saliendo; que todo sea conforme a los ingresos
que tenemos en nuestro ejercicio como servidores públicos”, detalló.
Se busca así reconstruir la imagen
que tienen los ciudadanos de los servidores públicos a través de la
transparencia y la rendición de cuentas.
Cuando entró
en vigor la Ley General del Sistema Anticorrupción y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el
gobierno del estado firmó un convenio de colaboración Declaranet Plus de la
Secretaría de la Función Pública, a través de la cual los 60 mil servidores
públicos de Querétaro deberán presentar de manera obligatoria sus declaraciones
patrimoniales, de interés y fiscales.
El
secretario de la Contraloría estatal, Alfonso Chávez Fierro, explicó “ese sistema de declaración se estará
llevando en pleno cumplimiento a las responsabilidades que obliga la Ley
General del Sistema Anticorrupción, así como la Ley General de
Responsabilidades Administrativas”, refirió el funcionario.
Esta herramienta informativa permite
llevar a cabo el control sobre las declaraciones y evoluciones del patrimonio
de los servidores públicos en el estado de Querétaro, quienes están obligados a
presentar y actualizar su información patrimonial, de conflictos de intereses y
fiscal. En tanto, quienes están activos en el servicio público del estado de
Querétaro harán su declaración en el mes de mayo de cada año.
Chávez
Fierro resaltó el compromiso de Querétaro con el tema del combate a la
corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, al haberse erigido como
el primer estado en adecuar sus leyes y activar su Sistema Local
Anticorrupción.
Otros estados como Aguascalientes,
Sinaloa, San Luis Potosí, Campeche, Colima, Puebla y Zacatecas también firmaron
el convenio con la Secretaría de la Función Pública a fin de que de forma
obligatoria los funcionarios presenten sus declaraciones en la plataforma
Declaranet Plus.
En
Querétaro, 30 funcionarios del gobierno
estatal, así como el gobernador, presentaron sus declaraciones; 49 funcionarios
municipales, nueve de cabildo, siete diputados locales y dos federales, así
como un senador.
Además, en
Querétaro hay actualmente 268 servidores públicos que fueron elegidos
directamente por los ciudadanos en los comicios locales de 2015. De ellos, únicamente 21 han hecho públicas
sus declaraciones, es decir, sólo 8 por ciento.
Ramiro
Suárez investigador del área finanzas públicas del Imco, sostuvo que la importancia de presentar las declaraciones radica en que
los representantes populares y funcionarios públicos sean transparentes
respecto a qué propiedades tienen al asumir cargos de elección popular y los
ciudadanos puedan conocer y dar seguimiento.
“La ciudadanía tiene que valorar si
su diputado es transparente y si tiene la iniciativa de presentarse ante la
sociedad como un legislador que no tiene nada qué ocultar, y se le pueda dar
seguimiento a su riqueza”, refirió.
El
investigador señaló que lo anterior es
importante ya que ha habido casos de funcionarios que asumen cargos del
gobierno con un patrimonio y terminan con excesivas riquezas.
Quienes también competirán en las elecciones
y tampoco han publicado sus declaraciones son las panistas Sonia Rocha,
senadora y Guadalupe Murguía, diputada federal.
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