La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) le quitó a las procuradurías la facultad de asegurar cuentas
bancarias, títulos o derechos de operaciones financieras y estableció que el
ministerio público sólo puede hacerlo si tiene autorización de un juez.
En la reforma de justicia penal de
2008 se creó la figura del juez de control con el propósito de autorizar las
técnicas de investigación por parte del ministerio público, argumentaron los ministros al
resolver las acciones de inconstitucional promovidas contra el Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Durante la investigación del delito,
los jueces de control son garantes del debido proceso y del respeto a los
derechos de las partes que intervienen o que pueden ser afectadas por las
actuaciones de la autoridad.
Bajo ese
principio, el pleno de la Corte declaró
inconstitucional el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales
referido al aseguramiento de cuentas y de títulos o derechos relacionados con
operaciones financieras y que facultaba para ello al ministerio público.
La intervención del juez es
fundamental, pues el ministerio público dejaba al particular privado de la
posibilidad de disponer de su dinero.
La Corte estableció que el mismo principio aplica
para el embargo de bienes del imputado para garantizar la reparación del daño o
como una pena en el caso de que resulte culpable.
En este
caso, el juez podrá asegurar otros
bienes del imputado, incluso ajenos al delito, si el responsable oculta o
desaparece sus propiedades.
Las acciones de inconstitucionalidad
fueron promovidas en 2014 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Como parte
de esas acciones, los ministros le
dieron el aval constitucional a las inspecciones policiales a personas y
vehículos sin orden judicial cuando haya flagrancia o “duda razonable” de que
un individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo
instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como
delito y que se investiga.
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