Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias.

“Se merece la violencia porque parece un hombre”, se lee en la sentencia que un juez de Campeche emitió por violencia de género en contra de una mujer. “Como es una persona que no sabe qué es normal y qué no, no podemos decir que se tratara de una violación”, aporta un juez de Yucatán en sentencia por doble agresión sexual contra una mujer indígena con discapacidad. “Hubo exceso de legítima defensa”, asevera un juez de Ciudad de México en sentencia por violación a una mujer que durante el ataque alcanzó a herir a su agresor.

Estas resoluciones judiciales forman parte de una lista que ha logrado recabar la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en sentencias de jueces, a las que ha tenido acceso a través del trabajo colaborativo con organizaciones locales que llevan los litigios.

Las tres pueden ser ejemplo de lo que ocurre a la hora de impartir justicia a nivel nacional. O no. Esto no se sabe porque los poderes judiciales de las entidades federativas se han escudado en el argumento del “interés público” para afirmar que ninguna de las sentencias lo es y así violar el derecho de acceso a la información, explica la organización.

Por esa razón, el pasado viernes 23 de marzo, un colectivo integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar interpusieron un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, así como contra otras autoridades incluido el gobernador, el magistrado presidente y el titular de la Unidad de Transparencia de la entidad, por no cumplir con su obligación de hacer públicas en el Portal Nacional de Transparencia las sentencias que han emitido.

Las OSC decidieron empezar con este estado porque forma parte de un grupo de entidades que desde hace dos años no publican una sola sentencia. Y escogieron solo dos municipios “para que (no salgan) con el argumento de que necesitan notificar al juez de Sombrerete, Zacatecas, y se tomen más tiempo. Una vez avanzado el litigio, se promoverá la demanda en contra del resto de los jueces (105 en total en la entidad)”, explica Gerardo Carrasco de MCCI.

La importancia de que estas disposiciones sean públicas quedó demostrada con el caso del llamado juez “Porky”, dice Carrasco. “Si se pudo saber de eso, es porque el Poder Judicial de la Federación sí cumple con la obligación de publicar sentencias, por eso se supo lo que estaba pasando en ese juzgado y el juez no tuvo de otra más que intentar mejorar su actuar, por el escrutinio de la sociedad. Lo que queremos es que en Zacatecas se haga esto y replicar la estrategia en los demás estados”.

Apenas es el inicio.

Zacatecas no es el único estado que no ha hecho pública ninguna sentencia en dos años. A la lista se suman Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Campeche. Hay, además, otros estados donde los Poderes Judiciales tienen menos de 50 sentencias publicadas. En el periodo de 2015 a 2017, el Poder Judicial de Yucatán solo publicó 30, el de Puebla 11 y el de Chiapas dos.

El problema radica en que los poderes judiciales de las entidades han usado un tecnicismo para no cumplir con su obligación de hacer públicas las sentencias, explican los denunciantes. En 2015, una reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública (LGTAIP) introdujo la consideración de hacer públicas sólo aquellas sentencias de “interés público”, pero no definieron el término. Así, tal concepto quedó sujeto al criterio de los poderes judiciales para decidir qué sentencia es de interés público y cual no.

Esta opacidad no permite evaluar la forma en que se hace justicia, advierten los denunciantes. “Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, ni se pueden detectar actos de corrupción pues la labor de este Poder se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. La publicación de las sentencias es una herramienta que también permite evaluar si las capacitaciones en los Poderes Judiciales Locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos en los últimos 10 años, realmente están teniendo un impacto positivo”.

Este hecho ya fue reconocido por el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas, que en un informe justificado del pasado 3 de abril, dos semanas después de interpuesto el juicio de amparo, respondió que “es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional”.

Aunque la mayoría de las entidades no publica todas las sentencias, las OSC demandantes eligieron a Zacatecas por su nivel de opacidad, su cercanía con Ciudad de México y su número de jueces. “Evaluamos una combinación de factores: en Zacatecas tenemos contactos y capacidad para llegar a través de las organizaciones involucradas. Pero no va a ser el único estado, vamos a seguir”, señala Ana Pecova, de EQUIS Justicia para las Mujeres.

Los siguientes pasos de este litigio estratégico dependerán de los resultados. “En contra de lo que esperábamos -porque luego los jueces de distrito prefieren lavarse las manos y dejar que resuelva un tribunal colegiado- el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Iván Ojeda Romo, admitió la demanda. Tenemos confianza, es buena noticia que sin haberle temblado la mano, como a otros, la haya admitido, esto es una buena señal, ya seguiremos aportando pruebas e información para que se conceda el amparo de la justicia federal”, afirma Carrasco.

“Quizá esto genera el debate que queremos provocar y el poder judicial recapitula. Quizá éste sea el precedente que estábamos buscando y no va a ser necesario seguir con ningún otro estado, pero si no es así, seguiremos”, considera por su parte Pecova.

Entre los objetivos del colectivo se encuentra sentar jurisprudencia y que se defina el término interés público para frenar el retroceso que significó la reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública. “El contenido que buscamos que se le dé a este concepto es que todas las sentencias son de interés público, porque todas sirven para monitorear cómo se imparte la justicia, que, además, es un servicio público. El poder judicial debe mostrar en qué consiste su trabajo”, puntualiza Pecova.

Por lo pronto, EQUIS Justicia prepara una campaña para emitir postales con las resoluciones discriminatorias que ha logrado recabar en las sentencias de jueces de todo el país, para que se conozca el tipo de lenguaje que utilizan “y todo lo que nos estamos perdiendo porque nos bloquean el acceso a las sentencias”, señala Pecova.