El nuevo aeropuerto, un festín depredador en el que hasta los huachicoleros caben.

Jesusa Cervantes.

La edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (uno de los temas centrales en el debate de la elección presidencial) no ha traído más que devastación ambiental a numerosas comunidades aledañas al lago de Texcoco: depósitos de lodo tóxico que contaminan los mantos freáticos, deforestación, uso de explosivos prohibidos en minas clandestinas y desecación de cuerpos de agua donde habitan especies endémicas son algunas de las calamidades que Proceso pudo observar en la zona.

Además, bandas de huachicoleros encontraron una veta de oro para surtir de combustible robado a la empresa que construye la terminal aérea. Ante todo esto, las autoridades federales y mexiquenses nada hacen, aun cuando saben lo que está ocurriendo.

Lodos tóxicos que contaminan mantos acuíferos –de donde se abastecen la Ciudad de México y otras 20 comunidades–, devastación de más de 200 cerros –de donde se han extraído 22 millones de metros cúbicos de tezontle y basalto–, uso de explosivos prohibidos para fracturar montes y proliferación de huachicoleros que surten a los vehículos que transportan el material –con la complacencia de autoridades locales, federales y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)– es lo que ha dejado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Y no menos importante: la destrucción de zonas arqueológicas.

En un recorrido por cuatro de las comunidades afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto, realizado el pasado viernes 6, Proceso comprobó los daños mencionados; también atestiguó la demanda de los pobladores para que se detenga el trabajo en minas clandestinas y legales y para que se retire el material tóxico extraído del polígono donde se construye el aeropuerto.

Más grave aún, denuncian la presencia de huachicoleros y la cobardía de funcionarios federales, del Estado de México y del GAP al no denunciar los ilícitos por considerar que el asunto no es su responsabilidad, e incluso la negativa de la Policía Federal para acudir a la zona.

“¿De qué sirve un aeropuerto si ya no vamos a tener agua?”, reclama uno de los vecinos de la comunidad de Tlaminca, municipio de Texcoco, donde se han depositado ilegalmente los lodos tóxicos extraídos del lago de Texcoco.

“¿De qué sirve tener respiraderos de los mantos acuíferos si los han contaminado con explosivos C-4, que están prohibidos, en más de 35 barrenas a 30 metros de profundidad?”, pregunta Pablo, poblador de San Martín de las Pirámides, donde la empresa michoacana Grupo Minero Betancourt colocó el explosivo y, ante la inacción de las autoridades, fue enfrentada y expulsada por residentes de siete comunidades.

“Ustedes ya vieron. ¿Qué planeta nos quieren dejar si el cerro es el que detiene la contaminación y lo están acabando?”, exclama Alejandra, de 8 años, quien vive a las faldas del Cerro Gordo. Ahí se utilizó el explosivo C-4 y en 15 días talaron 18 mil huizaches, árboles que costó entre ocho y 10 años sembrar y hacer crecer para formar parte del pulmón del municipio de Ixtlahuaca.

En el recorrido, convocado por el presidente de la comisión legislativa que da seguimiento a la construcción del NAIM, Rafael Hernández Soriano, participaron ejecutivos del GAP –grupo encargado de construir el aeropuerto– y funcionarios de las procuradurías ambientales del Estado de México y federal. Ellos rechazaron las denuncias.

Pese a tener las evidencias frente a ellos –como la venta ilegal de combustible o la explotación de la mina El Colorado, que está en una zona protegida–, las autoridades dicen: “Son indicios”, “no me consta que sea un ilícito”, “verificaremos si hay minas ilegales”, “no son lodos tóxicos porque la norma dice que son contaminantes cuando interviene la mano del hombre y los que se extraen del lago de Texcoco están contaminados de manera natural”.

Contaminación del agua.

La primera parada del recorrido es Tlaminca, municipio de Texcoco; a unos cuantos metros se ve el río de lodos extraídos del terreno en el que se construye el NAIM y donde, con estudios elaborados por la Universidad Autónoma de Chapingo, los pobladores comprueban que son tóxicos, por lo que el lugar en el cual se vierten quedará contaminado.

Vicente Espinoza Aldana, vecino de Tlaminca y quien se ha dedicado a realizar ordenamientos territoriales y evaluaciones del impacto ambiental, enseña los estudios de Chapingo que demuestran el grado de toxicidad de los lodos del lago de Texcoco: alta salinidad y PH elevado –que mata la vegetación–, así como grandes concentraciones de boro y cloruro sódico.

Pobladores de Tlaminca, como Juan José Reyes, denuncian que la empresa mexiquense Urbanus, S.A. de C.V., tenía permiso para usar la zona como tiradero de material de demolición, pero nunca para llevar ahí los “lodos tóxicos” que trae del NAIM.

Detallan que esos lodos se están yendo hacia los mantos acuíferos y son más tóxicos que el azolve de los drenajes de la Ciudad de México. “Están a 40 metros de los pozos de agua potable y de uno de ellos se abastece Bonafont”, alertan.

La respuesta del director corporativo de los llamados “contratos aire” del GAP, Benjamín Granados, fue insultante: “De acuerdo a la norma técnica se establece que los lodos tóxicos son aquellos que previamente son contaminados por la acción humana; pero éstos vienen del Vaso de Texcoco y su salinidad es natural”.

Luego explicó que la construcción del NAIM tiene dos partes: una, la preparación de tres pistas en mil 200 hectáreas, donde colocan dos metros de tezontle y dos metros de basalto. Para colocar ese material se extrae el agua que tiene la arcilla. “Ahí no se generan lodos”. El agua se desecha con un sistema de drenaje interno.

La segunda parte es la construcción del edificio de la terminal, el centro de transporte y la torre de control. Ahí, dijo, sí se extraerán 5 millones de metros cúbicos de arcilla húmeda (lodo). “La mitad se deja en terrenos del aeropuerto para rellenar otros espacios y menos de la mitad se deposita en ‘tiros’ que cumplen con todas las reglas ambientales y manejo de residuos”.

Y se justificó: “El GAP no hace ese movimiento, quien hace la extracción del material (los lodos tóxicos) es el contratista. Nosotros sólo le exigimos la certeza de que el tiro llena lo requisitos. Y no todo lo que llega aquí viene del aeropuerto, pero nos lo cargan a nosotros”.

El titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (Propaem), Nicolás Mendoza, dijo a los vecinos que lo encararon: “Entréguennos los estudios donde diga si es una zona de recarga de acuíferos y si esa salinidad puede convertir los depósitos en salobres. Confrontemos estudios para ver si existe grado de toxicidad que afecte la salud, más allá de que es una coincidencia de que se trata de suelos provenientes del lago y son suelos salinosos. Hay que ver si los lodos son tóxicos, con un perito tercero”.

Su propio subprocurador de medio ambiente, José Luis Jiménez, dio la razón a los pobladores. El 6 de octubre de 2017 Urbanus fue clausurada. Ahora se pudo comprobar que fue reabierta.

Integrantes del equipo del diputado Hernández Soriano abonaron a los argumentos contra el depósito de los lodos, dieron lectura al Manifiesto de impacto ambiental que elaboró el GAP en sólo dos meses y medio y donde revela que “el suelo del aeropuerto no es apto para la vegetación”.

“¿Y ustedes nos dicen que allá adentro del polígono sí son nocivos, pero cuando los depositan aquí ya no lo son?”, espetaron indignados.

De acuerdo con datos de la población y de la comisión especial de la Cámara de Diputados, se han devastado cerca de 200 cerros de las zonas aledañas al polígono del NAIM.

Uno de ellos es el Cerro Colorado, en Altica, municipio de Tepetlaoxtoc, que en 1944 fue donado por el entonces gobernador mexiquense Isidro Fabela al Instituto Científico, que hoy es la Universidad Autónoma del Estado de México.

Está en una zona protegida y forma parte del bosque de 250 hectáreas que en los setenta el Ejército reforestó. Durante el recorrido se pudo comprobar que el cerro se encuentra cercenado a la mitad, formando una mina clandestina donde el uso de la dinamita para sacar tezontle y basalto ha afectado al pueblo de Santa Gertrudis y su zona de manantiales.

Denuncia un poblador local, Juan Pablo Murillo: “Ya lo habían clausurado seis meses atrás, pero la necesidad de un nuevo aeropuerto hizo que reabrieran la mina, que está en zona protegida”.

Rodolfo Vilches, inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dijo que “derivado de muchas denuncias en marzo se hizo la visita. Ahora está en sustanciación de pruebas, está en revisión y puede haber medidas de restauración si se comprueba el ilícito”.

“Pero si tienen el ilícito a 20 metros. Está claro que se está trabajando. El delito lleva dos años y ha generado un daño ecológico a 14 kilómetros a la redonda, hay más de 50 minas trabajando, afectando a 26 comunidades y ya en siete no hay agua potable. Y no sólo eso, hay un templo ceremonial: el 24 de enero pasado el Instituto Nacional de Antropología e Historia comprobó que hay una zona arqueológica con 30 monumentos históricos.

“Y, por si fuera poco, en San Telmo hay una laguna rodeada de ocho minas, cortaron la laguna a la mitad afectando el hábitat del ajolote, una especie endémica”, reclamaron los pobladores.

De nuevo Nicolás Mendoza: “Sólo autorizamos 26 minas y seis más por la federación a través del mecanismo de uso de suelo… si hay más, acordamos una reunión para que nos las ubiquen y hagamos lo que tengamos que hacer”.

En el documento del GAP Cumplimiento ambiental de bancos de préstamo y tiros se establecen permisos para 119 minas de las que se extraerá tezontle y basalto para rellenar el polígono del NAIM; la mina de El Cerro ubicada en zona protegida y bajo la tutela de la Universidad Autónoma del Estado de México figura con el número 94 y su permiso está vencido desde el 21 de diciembre de 2017. Pese a ello, se constató, sigue trabajando.

Huachicoleros.

En San Agustín Actipan, municipio de San Juan Teotihuacán, se encuentran el cerro de Tetlacalo y la mina El Bosque, de donde también se extrae tezontle; ahí la contaminación de mantos acuíferos por las explosiones no es lo único que alarma a los pobladores. El problema más grave e inmediato es la apertura de una gasolinera clandestina, rudimentaria, operada por huachicoleros que usan vehículos con placas de Tamaulipas.

Hernández Soriano puso la denuncia ante la Procuraduría General de la República el pasado 16 de marzo. El diputado la acompañó con fotografías de los bidones, de góndolas o camiones que cargan combustible en la estación clandestina en las faldas del cerro, y la relatoría de cómo fueron recibidos por gente armada.

Durante el recorrido por los cuatro puntos se estuvo acompañado por funcionarios y elementos de la Policía Federal; sin embargo, al llegar a las cercanías del almacenamiento clandestino de combustible, los policías anunciaron que no entrarían, para evitar un enfrentamiento.

Los representantes del GAP y de la Propaem enfrentaron a los comuneros, quienes les exigieron hacer algo: “Nosotros no somos el gobierno. El aeropuerto es una empresa pública. Nuestro mandato es construir el aeropuerto dentro del polígono… fuera del polígono no está a nuestro alcance controlar… este es un problema de todo el país”, respondió el ejecutivo del GAP.

“No son gobierno, pero trabajan con dinero público y están ayudando a la cadena del ilícito”, dijo Hernández Soriano. “Según el artículo 18 de la Ley Contra el Robo de Hidrocarburos, deben denunciar”.

Una y otra vez la respuesta fue “no”.

Mendoza dijo incluso: “Hay que ver si se acredita el delito. Usted, como legislador, empuje su denuncia; éstos son sólo indicios. Pero si se acredita el delito, nosotros lo revisaremos. Cuando autoricé la mina no estaban esos indicios. Cuando me conste a mí, pondré la denuncia. Para mí son indicios de una conducta que dice que hay; a mí no me consta”.

Los funcionarios también huyeron de San Martín de las Pirámides, donde se ubica el Cerro Gordo y Grupo Minero Betancourt opera una mina clandestina que usa un explosivo prohibido por la Secretaría de la Defensa: el C-4.

Hernández Soriano también puso la denuncia ante la Defensa, que aseguró que no había expedido ningún permiso, a ninguna mina, para utilizar ese explosivo.