El renovado conservadurismo.

Raymundo Riva Palacio.

Ante la vista de todos, pero con la pasividad de muchos, México está atravesando por una contrarreforma conservadora. En seis meses, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una reforma a la Ley General de Salud que permite a médicos y enfermeras negarse a participar en prácticas contrarias a su ética –léase el aborto, como la práctica madre detrás de las discusiones– aplicando una “objeción de conciencia”. Esto se define como “la razón o argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales”, lo cual confronta la legitimidad en la toma de decisiones personales, y lo improcedente y ominoso cuando incide y modifica una política pública. Qué tipo de consideraciones llevaron a la aprobación de la contrarreforma, no terminan de aclararse todavía, pero el debate y la secuela de aquellas deliberaciones en el contexto actual sí permiten argumentar que la clase política, que mayoritea parlamentariamente, está empapada en la hipocresía.

En un país como México, cada quien es libre de profesar cualquier religión o no, de creer en el dios que quiera o no, de escoger su culto y rendirle respeto, y quienes no compartan esas creencias, actuar con respeto y tolerancia en esos temas que siempre, sin embargo, deben habitar el ámbito de la vida privada. México es un Estado laico que a lo largo de décadas ha ido construyendo un edificio institucional que alberga a todos, a los creyentes de cualquier religión o secta, o a los agnósticos y ateos, donde una religión no sea normativa de la vida de todos –de manera consensuada o impositiva– pero, al mismo tiempo, donde las leyes no discriminen ni sean sectarias en su aplicación por una inducción o falla de su diseño. La reforma a la Ley General de Salud, mediante la adición al artículo 10 Bis, atenta contra la esencia laica de la nación al dejar vulnerable a un sector de la sociedad que podrá ser afectada por esta legislación.

La iniciativa fue presentada por la diputada Norma Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que tiene como su principal base electoral a los cristianos. La aprobación en la Cámara de Diputados fue abrumadora: 313 votos a favor del PRI, Partido Verde, PAN y Encuentro Social, 105 en contra y 26 abstenciones. A mediados de marzo, la minuta fue aprobada en el Senado con 53 votos a favor del PRI, PAN y Verde, 15 en contra y una abstención. Abrumadoramente, los representantes del pueblo y la federación, que es lo que teóricamente son los legisladores, votaron por una agenda no nacional, sino de las fuerzas conservadoras que han ido ganando terreno en la vida pública mexicana.

En el momento en que se comenzó a cabildear la iniciativa, Encuentro Social estaba en pláticas para una alianza electoral con el PRI, que fue una de las explicaciones que dieron los analistas en su momento por las que le diera su apoyo. Ese partido se coaligó finalmente con Morena, en plenitud para cuando pasó la minuta al Senado. Los apoyos y rechazos no cambiaron: el PRI votó todo el tiempo con Encuentro Social y el PAN, mientras que Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza lo hicieron en contra. Es decir, las líneas por donde corrió la contrarreforma no obedecieron a componendas políticas, sino al sedimento conservador que se está asentando de manera religiosa y por encima de los aspectos programáticos que tendrían que ser los que definieran las políticas públicas.

La adición al artículo 10 Bis señala que el “personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”, con lo cual se contraviene, también, el juramento hipocrático de la Convención de Ginebra, que señala: “La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones… No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase… Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor”.

Esta contrarreforma mexicana allana el camino para que las creencias religiosas se antepongan a sus responsabilidades profesionales y, por añadidura, impacta negativamente en la política pública mexicana en el tema de la salud y de las libertades consagradas en la Constitución. “No nos hagamos tontas ni tontos”, dijo la senadora perredista Angélica de la Peña durante el debate en esa cámara el mes pasado. “Esta reforma a la Ley General de Salud está dirigida para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, como una cuestión inalienable de cada una de nosotras a decidir sobre nuestra maternidad”. En el dictamen se incorporó que no podría invocarse la objeción de conciencia en casos de riesgo de un paciente o una urgencia médica, pero la falta de definiciones sobre riesgos y urgencias, como dijeron en su momento los especialistas, pone en riesgo la atención a la salud y lo vuelve discrecional.

La forma como quedó la contrarreforma va mucho más allá del derecho de una mujer sobre su cuerpo, y afecta a los grupos más vulnerables a discriminación por cuestiones de género, raza, situación socioeconómica, discapacidad, edad y preferencias sexuales. Choca también con la esencia del Estado laico, donde los derechos humanos básicos a los que tiene derecho cualquier persona no pueden estar sometidos a las prerrogativas concedidas a grupos específicos, como sucedió, en este caso, con los religiosos.