Fundar.
Mientras políticos mexicanos se
unieron en la indignación frente al anuncio de la militarización de nuestra
frontera norte por parte de Estados Unidos, pasó algo igualmente grave en
nuestra frontera sur: se anunció que México enviará más elementos de la
Gendarmería Nacional a esa zona. Esta decisión, informada el 10 de abril por el
Secretario de Gobernación Navarrete Prida y el gobernador de Chiapas Velasco
Coello a través de un video en Facebook, fue rechazada por organizaciones y
redes de la sociedad civil. Esto porque un aumento de agentes armados en la
frontera sur, sin duda conllevará atropellos a los derechos humanos, tanto para
la población local como para las personas migrantes y refugiadas que habitan o
transitan dicha zona. Por si alguien todavía tenía la duda: con esta decisión
se reafirma el papel que México juega desde hace años para Centroamérica, y es
un papel que no exactamente está basado en el “respeto mutuo” que exigimos
tanto de la actual administración de Donald Trump.
Un
comunicado firmado por cientos de organizaciones, pertenecientes a la Red de
Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Colectivo Migraciones para
las Américas (COMPA), la Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género y el
Grupo de Trabajo de Política Migratoria, advierte que existen similitudes
preocupantes entre este anuncio y el anuncio del Programa Frontera Sur en 2014,
que tuvo impactos desastrosos para la situación de derechos humanos de personas
migrantes y refugiadas en nuestro país. Las similitudes son las siguientes: las
medidas se anuncian luego de que Estados Unidos presionó a México, es decir,
son reactivas, y además no se sustentan en documentos públicos con información
específica sobre en qué consistirán las acciones, las facultades y prioridades
de los agentes participantes, ni la temporalidad de esta medida.
La medida fue justificada por los
políticos porque “reforzaría la seguridad fronteriza” y a la vez “privilegiaría
el trato digno hacia nuestros hermanos y hermanas migrantes”. Es difícil
imaginarse cómo la Gendarmería Nacional podría lograr cualquiera de esas dos
cosas, siendo una instancia con una formación castrense y que ha servido más
para blindar a las inversiones privadas que para dar seguridad a la población.
Otra similitud con el anuncio del Programa Frontera Sur es justamente el
discurso superficial de preocupación por los derechos humanos, que seguramente
se quedará sólo en eso, un discurso. Fue
ampliamente documentado cómo el Programa Frontera Sur generó un aumento de
detenciones de migrantes y de violaciones a sus derechos humanos. Esta política
continúa hoy, además no han cesado los delitos cometidos contra migrantes,
hechos que se caracterizan por una impunidad casi absoluta.
En el
comunicado se resalta que el contexto de
criminalización de la migración y del trabajo de las y los defensores de sus
derechos, aunado al contexto electoral, no pueden justificar un recrudecimiento
de un modelo de seguridad que se ha comprobado fallido. Debemos recordar aquí
la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior y el rechazo por parte
de amplios sectores de la sociedad y diversos organismos internacionales. Si
con el Programa Frontera Sur y la multiplicación de detenciones a migrantes,
todavía se trataba de ocultar la colaboración entre el INM y fuerzas de
seguridad diversas del Estado, multiplicar la presencia de gendarmes en la
frontera sur es una clara señal de cuáles son las prioridades del gobierno
mexicano. La seguridad, y no necesariamente la nuestra, viene primero, y los
derechos humanos se quedan como accesorios en planes con enfoques
asistencialistas, discursos para espacios multilaterales donde hay que lucir, o
para fines electorales. Como señalan las organizaciones y redes, urge revertir
esta reciente decisión, además de replantear las políticas de seguridad y
migratorias.
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