La prometió
en el Pacto por México. Luego, agobiado por la crisis de seguridad originada en
la tragedia de Iguala, la volvió a ofrecer en el quinto compromiso del decálogo
que presentó para reasumir el Estado de Derecho en 2014. Pero a unos meses que concluya su gestión de Enrique Peña Nieto no
tiene lista la Clave Única de Identidad que llevaría los datos biométricos de
los ciudadanos mexicanos.
GASTO SÍ HUBO.
La
Secretaría de Gobernación (Segob) –bajo
la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong- pagó 870 millones de pesos en un
contrato abierto con vigencia hasta 2019 para “la continuidad de los
servicios de cómputo” de la Dirección General del Registro Nacional de
Población e Identificación Personal –la instancia a cargo de la clave- con el
consorcio que forman las empresas SixSigma Networks México S.A. de C.V, Sm4rt
Security Services, Metro Net S.A.P.I de C, V, y Masnegocio.Com.
¿Qué hicieron?
Los ciudadanos no pueden conocer si esa
inversión fue efectiva. La dependencia reservó los anexos del contrato (la
parte técnica) del 3 de abril de 2017 al mismo día de 2022. Para entonces, habrán pasado ocho años de la desaparición
de los 43 estudiantes de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos que
estremeció al Gobierno de Enrique Peña Nieto con el despunte en reprobación
hasta 80 por ciento. Quien gane las elecciones presidenciales de 2018
cumplirá cuatro años en el Gobierno cuando ese contrato pueda conocerse.
Las bases de
datos de la identidad de los mexicanos tienen fallas históricas. En 1997, el
Gobierno de Ernesto Zedillo intentó remendarlas con la expedición de la Clave
Única del Registro de Población (CURP); pero no lo logró. Cuando la
Administración peñanietista inició sus trabajos, la Secretaría de Gobernación
reconoció en su plan sectorial 2013-2018 que había un excedente de 60 millones
de CURP, la mitad de la población.
Poner en
orden esas bases era prioritario si es que se quería emitir una Clave Única de
Identidad, según observó la ASF en 2015 (Informe de la cuenta pública de ese
año y dictamen del año siguiente). Pero a unos meses de la conclusión del
Gobierno, en el panorama del registro de los ciudadanos, según datos de la Segob, reinan las discordancias. Hay un sobreregistro
de 46.4 por ciento en el Registro Nacional de Población respecto a la población
estimada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 121 millones 493 mil
personas.
En otras palabras, casi la mitad de
la población tiene doble CURP, como ocurría al principio del Gobierno, además, 12.7 por ciento de los integrantes
del Registro de Menores de Edad también está duplicado y los integrantes del
Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana tienen en promedio
9.5 registros cada uno, según datos de la Segob.
En la
revisión de la cuenta pública de 2015,
la ASF determinó que la Segob carecía de información sistematizada, confiable y
oportuna para expedir la clave única de identidad, lo que limitaba el derecho
de los ciudadanos mexicanos a tener acceso fácil a los trámites y servicios que
brinda el Estado. Además, derechos esenciales como la salud, la educación y
protección. Después, al analizar las observaciones, el órgano de la Cámara de
Diputados expuso que la Segob no acreditó avances significativos en la
consolidación del Sistema Nacional de Identificación Nacional (SNIP).
En conjunto,
en la gestión del Registro Nacional de
Población (Renapo) se han invertido poco más de MIL 80 millones de pesos,
de acuerdo con una búsqueda de contratos de la Unidad de Datos de Sin Embargo
en el Portal de Obligaciones y Transparencia. El dinero se distribuyó en varios servicios informáticos de la
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal,
la instancia a cargo.
Los contratos para la operación del
Registro Nacional de Población fueron todos – MIL 79 millones de pesos- para
SixSigma Networks México. Se trata de la misma empresa que
en 2006 fue señalada de montar en Intranet una página de georeferencia para
identificar personas por nombre, apellido, dirección y hasta preferencia
electoral.
Hubo un
contrato más. Este fue para organizar el evento que tuvo como título “Hacia la
Clave Única de Identidad tu Acta de Nacimiento en donde te Encuentres”. Costó 1
millón 256 mil pesos con la empresa Servicio Audio Representaciones y Artistas
S.A. de C.V. Era febrero de 2015 y el Presidente Enrique Peña Nieto había dicho
en un comunicado: “México carece en pleno siglo XXI de un registro confiable de
su población con el cual ayudar a tener certeza en actos jurídicos, eficacia en
la prestación de servicios públicos y privados, y en materia de seguridad
pública”.
Ya en el
evento, el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
anunció que el derecho a la identidad sería elevado a rango constitucional.
Mencionó que entre las disposiciones se incluirá la gratuidad del trámite de la
primera acta de nacimiento. Luego dijo: “La Clave Única de Registro de
Población es incierta… La CUI hace depuración del registro civil. Se busca un
sistema más accesible y moderno”.
A unos meses
de que concluya el Gobierno, la CUI no es una realidad.
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