La filial de
la compañía brasileña Odebrecht México
dijo que rechaza categóricamente las consideraciones de la SFP y que impugnará
mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas
sanciones.
La Secretaría de la Función Pública
(SFP) le aplicó el miércoles pasado sanciones económicas por mil millones de
pesos en contra de diversas subsidiarias y funcionarios.
A través de
un comunicado, la firma expuso que
dichas sanciones administrativas son totalmente "infundadas e improcedentes";
además de que "violan los derechos fundamentales y tergiversan los hechos
de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación
Industrial".
La compañía argumentó en el comunicado que desde 2017
formalizó su intención de colaborar con las autoridades de distintos países,
incluido México, con el fin de aclarar los hechos relacionados con los procesos
de colaboración seguidos ante el Ministerio Público de Brasil y el Departamento
de Justicia de Estados Unidos, pero que la SFP decidió rechazar la solicitud de
cooperación de por considerar que no existían “elementos de juicio o de
convicción suficientes que permitieran presumir una probable infracción a la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas”.
Además,
reiteró su compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades
mexicanas competentes, en un ámbito de cooperación conforme a las leyes
nacionales e internacionales.
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