En respuesta a un desplegado que la
empresa Odebrecht publicó hoy en varios periódicos, la Secretaría de la Función
Pública (SFP) insistió en que las sanciones que impuso a las filiales mexicanas
de la empresa se aplicaron “en pleno ejercicio de sus atribuciones legales,
luego de identificar irregularidades en la ejecución de contratos suscritos por
la constructora y sus filiales con Petróleos Mexicanos”.
A través de
un boletín, la SFP recordó que, en marzo
de 2017, Odebrecht ofreció a la dependencia una confesión a cambio de una
reducción de las sanciones que ésta le pudiera imponer por los actos de
corrupción en que habría incurrido la empresa brasileña.
Sin embargo,
el escrito que la empresa entregó en
abril de 2017 no convenció a la SFP, pues no aportaba “elementos de prueba de
permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos
constitutivos de alguna infracción concreta”, según el boletín.
La SFP descartó la “confesión” y
Odebrecht solicitó un amparo, que la justicia federal le negó. Ya libre del
amparo, la SFP inhabilitó y multó a filiales de Odebrecht y sancionó a dos de
sus directivos, entre ellos Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de la
empresa en México.
En la
inserción pagada que publicaron varios periódicos –entre ellos Excélsior, La
Jornada y El Universal–, la empresa
acusó la SFP de haber utilizado “la disposición de Odebrecht de cooperar” para
imponerle “sanciones improcedentes e ilegales”.
Y a la par anunció que impugnará las
sanciones “mediante todos los recursos legales”.
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