México sufre una crisis de confianza
en sus instituciones públicas, la cual ha escalado en la última década, de
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
En su
reporte, elaborado de forma conjunta con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y el Banco de Desarrollo de
América Latina, en colaboración con la Comisión Europea, y titulado
Perspectivas económicas 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo, el organismo señala que, mientras en 2006
la proporción de población que expresa confianza en el gobierno nacional fue de
43%, para 2016 dicho porcentaje cayó al 28%.
Eso no es todo. La confianza en el
sistema judicial y los tribunales del país se situó en 32% en 2016, mientras que hace 10 años el
porcentaje ascendió a 35%. Lo peor es
que el porcentaje de mexicanos que considera que la corrupción se encuentra
extendida a lo largo y ancho del país se elevó de 75 a 85% en el periodo
referido.
Para ponerlo
en perspectiva, esa proporción supera al
promedio de los países de América Latina y el Caribe, así como a los miembros
de la OCDE. Mientras que la confianza en las instituciones es de las más bajas
comparadas con las economías latinoamericanas y las avanzadas adscritas al
organismo encabezado por José Ángel Gurría.
Es la misma situación en cuanto a la
participación y rendición de cuentas, así como en la estabilidad política.
De acuerdo
con los organismos, tres de cada cuatro
ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos.
Mientras que
“alrededor de 80% cree que la corrupción
está extendida en las instituciones públicas. Estas cifras se han
deteriorado desde niveles de 55 y 67% en 2010, respectivamente. La desconfianza ciudadana crece y está
llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo
así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social”.
Las tres
organizaciones señalan el papel fundamental que desempeñan las instituciones
para superar la trampa del ingreso medio –es
decir, la desaceleración del crecimiento que tiene lugar después de alcanzar
niveles de renta media– en la que se encuentran actualmente la mayoría de las
economías de América Latina y el Caribe.
“Los países de otras regiones que
lograron superar con éxito esta trampa invirtieron en instituciones sólidas,
profundizaron su integración con la economía mundial y, en algunos casos, se beneficiaron
de un financiamiento externo significativo para respaldar la inversión
pública”, se explica
en el informe.
En México no es la situación. Durante
la última década, una cuarta parte de la población se mantuvo en la clase
media, es decir, con ingresos diarios per cápita de 10 a 50 dólares.
Para la
OCDE, “esto significa que México se ha
mantenido relativamente estancado en cuanto a mejoras de las condiciones
materiales del bienestar (o de ingresos) y a la movilidad social de la
población”.
En educación
y hospitales, cae satisfacción.
Dentro de
los aspectos positivos, México avanzó en cuanto a la satisfacción de los
ciudadanos respecto de los servicios públicos entre 2010 y 2015.
La mala noticia es que, en 2015,
cerca de 58% de la población dijo estar satisfecha o muy satisfecha con la
educación pública, y 46% expresó lo mismo respecto de los hospitales públicos, LO
QUE SIGNIFICA UNA REDUCCIÓN RESPECTO DE 2010.
“La
influencia de la clase media en la agenda política, impulsada por aspiraciones
más altas, expectativas crecientes y demandas cambiantes, puede ser incluso
mayor de lo que sugieren las estadísticas y explicar la creciente
insatisfacción con la calidad de los servicios públicos”, acotó el informe.
La OCDE
propuso repensar las instituciones en América Latina y reconstruir un nuevo
nexo “Estado-ciudadanos-mercado” basado en tres ejes.
En primer
lugar, consideró que se requieren
instituciones más sólidas para superar la trampa del ingreso medio y aumentar
la productividad a través de inversión en infraestructura, habilidades,
tecnología e investigación y desarrollo para estimular la innovación, la
competencia y mejores empleos.
Para ello, sugirió diversificar su estructura de
producción e incrementar su valor agregado.
“Una mayor integración regional y
mundial es clave, especialmente aprovechando el prometedor diálogo entre
iniciativas de integración regional, como la Alianza del Pacífico y Mercosur, y
entre la región y otros bloques comerciales”, planteó.
En segundo
lugar, aseguró que renovar el contrato
social en América Latina exige reforzar la credibilidad y la capacidad de los
Estados para luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder
a las demandas de los ciudadanos.
Finalmente, señaló que el uso de nuevas tecnologías
para fomentar la innovación en el sector público puede ayudar a reconectar el
Estado con los ciudadanos y a prepararse a los desafíos futuros. Esto implica,
por ejemplo, involucrarse más con la sociedad civil a través de nuevas
plataformas tecnológicas, promover las políticas de gobierno abierto y utilizar
de manera más extensa los análisis de big data en el diseño de políticas
públicas.
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