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Por Aroa de
la Fuente López
Programa
Territorio, Derechos y Desarrollo
A unos meses de que acabe el actual
sexenio y tan solo a unas semanas que termine el periodo de sesiones en el
Congreso, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking nos advierten que varios
grupos parlamentarios −PVEM, PRI y PAN−, se encuentran impulsando una reforma a
la legislación ambiental en materia de gas y petróleo. Específicamente, a la
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio
Ambiente del sector hidrocarburos, que fue creada con la Reforma Energética de
2013.
Ya en aquel
momento, diversas voces de sociedad civil
hicieron un señalamiento a que la creación de esta Agencia −impulsada por la
Senadora Ninfa Salinas del PVEM y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Senado−, suponía una amenaza para asegurar la protección
ambiental y la garantía de los derechos de la población ante los proyectos de
hidrocarburos. Esto debido a que concentra funciones para crear regulación,
otorgar permisos, investigar irregularidades y sancionarlas, lo que convierte
la en juez y parte de todas las decisiones en materia ambiental, apropiándose
de funciones que antes estaban a cargo de diversas instancias de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa).
Para muchos, la Agencia fue ideada
como una ventanilla única que las empresas petroleras pueden utilizar para
obtener permisos ambientales y, consecuentemente, para facilitar y acelerar la
operación de los proyectos de explotación de gas y petróleo. Además, su titular
es elegido y removido de su puesto directamente por el presidente de la
República, lo que atenta contra la autonomía de la Agencia y sus acciones. Todo
ello, a costa de consideraciones ambientales, climáticas y sociales.
Pero parece que no quedaron contentos
con este embate contra la política ambiental y ahora, a menos de un año de que
ceje en sus funciones el gobierno que impulsó la Reforma Energética, buscan
debilitar aún más la regulación ambiental en favor de proyectos y empresas de
hidrocarburos. En esta ocasión, lo que se pretende es que el Ejecutivo actual
pueda elegir de manera directa a las personas que tomarán las decisiones de la
Agencia durante los próximos años, sin que existan garantías reales de que
estas personas no representen intereses partidistas e, incluso, empresariales.
Esto supone una grave amenaza, pues es sumamente peligroso dejar en manos de
estos intereses decisiones tan importantes como aquellas relativas a evitar que
la actividad de hidrocarburos dañe los ecosistemas, los territorios y las
poblaciones que los habitan.
Con esta nueva reforma, los grupos
parlamentarios que la promueven buscan seguir impulsando la extracción de gas y
petróleo a lo que dé lugar, incluyendo aquella realizada mediante fracking, al
evitar aplicar los más altos estándares ambientales y sociales. En el contexto
de cambio climático en el que nos encontramos, este actuar es sumamente
irresponsable, dado que la extracción y quema de gas y petróleo es la principal
causa de esta problemática, que tiene en jaque al planeta. Además, es
tremendamente incoherente e inconsistente con los compromisos y obligaciones
del Estado mexicano para reducir sus emisiones de gases causantes del
calentamiento global, plasmados en la legislación nacional y en el Acuerdo de
París. Desde cualquier punto de vista, esta reforma lanzada a estas alturas del
año es un desatino y supone riesgos que como sociedad no deberíamos estar
dispuestos a asumir.
Es por ello por lo que un amplio
número de organizaciones y personas se encuentran demandando a las y los
legisladores que esta reforma no sea aprobada y que se lleve a cabo una
revisión minuciosa de la misma, en la cual se debe garantizar un proceso
democrático e incluyente de la sociedad en su conjunto que permita analizar la
propuesta de reforma a profundidad y desde diferentes perspectivas y
territorios. Puedes unirte y sumar tu voz a este llamado firmando esta
petición.
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