El Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Baja California insiste y busca
apelar en contra del activista León Fierro Reséndiz por el delito de homicidio
calificado en grado de tentativa. Así también, la defensa del catedrático en la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) apeló por la
medida cautelar de prisión preventiva dictada por una juez el pasado 8 de mayo.
Aquella vez la jueza Ruth Álvarez modifico el delito
que alegaba el Ministerio Público de homicidio en grado de tentativa por el de
lesiones calificadas, pero optó dejarlo en prisión preventiva por dos meses,
decisión que fue considerada por la defensa como una acción política.
La jueza consideró la petición de la Fiscalía, la
cual dijo que el activista era una persona peligrosa para la sociedad debido a
su participación en manifestaciones del Movimiento Mexicali Resiste. También
tomó en cuenta la declaración de Fierro, quien afirmó que su detención no
impediría seguir con su lucha por el agua.
León Fierro Reséndiz pasó en año y
medio, de ser un profesor de robótica presumido por el Centro Estatal de las
Artes, a enemigo político número 1 del Poder Ejecutivo Estatal. Detenido y apresado desde el jueves
3 de mayo, uno de los líderes del movimiento Mexicali Resiste, es víctima de una persecución política,
según lo expresado por el abogado Fernando Rosales, minutos después de tomado
el veredicto.
La noche del
martes 8 de mayo se llevó a cabo la
audiencia de vinculación a proceso, donde los señalamientos por los que se
acusaba de Homicidio Calificado por Ventaja en Grado de Tentativa fueron
desacreditados por la Jueza Ruth Esperanza Álvarez, tras escuchar los alegatos
de la defensa, pero resultó irrelevante, pues la procuraduría cumplió con el
objetivo de mantenerlo preso, por lo menos hasta concluido el proceso
electoral. El argumento para tenerlo
cautivo fue que es un individuo peligroso.
Curiosamente,
el pasado 14 de abril, un criminal
acusado de Homicidio en Grado de Tentativa recibió la reclasificación del
delito a lesiones y fue beneficiado por un Juez para llevar su proceso en
libertad. La víctima era un niño de 11 años, quien perdió la pierna a causa de
un atropellamiento y el juzgador concedió todos los beneficios posibles al
imputado -con un largo historial delictivo-, pese a que escapaba de la policía
a bordo de auto robado.
PGJE
EXIHIBIDA EN AUDIENCIA.
Por querer alcanzar una acusación
severa en contra del acusado, el Ministerio Público quedó exhibido en la
maratónica audiencia de vinculación a proceso, celebrada el martes 8 de
febrero, donde declararon siete testigos, se presentaron más de 50 fotografías,
tres videos y se expusieron las pruebas de la Fiscalía.
El
coordinador de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la
Integridad de las Personas, Daniel González Guerra, encabezó al Ministerio
Público, pero fue rebasado por la
preparación de los testigos, ya que no pudo arrinconarlos.
El primero
de ellos fue el abogado Daniel Solorio que debatió sobre la legalidad del
ingreso a la propiedad del Rancho Mena, donde se llevó a cabo la trifulca. A
regañadientes aceptó que existen excepciones para el ingreso a un inmueble sin
orden de cateo, pero remató con que nunca mostraron documentos que avalaran las
labores en el canal donde realizarían los trabajos, lo que mantenía el marcador
parejo.
El único
sobresalto fue con la testigo Tania Mitzy Gallaga, quien, al rendir su
declaración, afirmó que los agentes ingresaron de forma violenta y que León
Fierro solo pretendía proteger su vehículo, ya que arrojaron constantes piedras
a la unidad Nissan Sentra, color blanco, modelo 2000, con placas de circulación
de Baja California, propiedad del acusado.
Y es que el
fiscal cuestionó, por no aceptar que Fierro dio reversa a su vehículo y que
regresó para empujar a los uniformados; Gallaga trastabilló, pero se mantuvo en
su postura, y pese a que se le “refrescó la memoria con su primer declaración”,
aseveró que los tiempos fueron distintos y que su intención no era empujar a
los oficiales, sino alejarse de las rocas.
La misma versión respaldaron los
testigos que afirmaron, Fierro Reséndiz jamás intentó lesionar a los agentes.
Sus versiones se reforzaron con videos tomados del diario La Crónica y de
testigos del lugar, donde se observa cómo da reversa y cuando vuelve hacia
adelante gira ligeramente al lado contrario de donde se encontraban los
uniformados. De hecho, la defensa logró acreditar que los oficiales no evitaron
el golpe con “maniobras especiales”, sino que León no intentó atropellarlos.
En su turno
para declarar, la Fiscalía comentó que
tenía las afirmaciones de cinco testigos, incluyendo al oficial afectado,
llamado Édgar Manuel Tapia Castro, quien presentaba una lesión de dos
centímetros en el antebrazo y otra de 10 en la pierna, realizadas con la
defensa del auto; sus heridas no requirieron atención médica, según informó el
médico que lo certificó.
La audiencia
continuó tranquila. Pocas intervenciones tuvieron la defensa y los fiscales
contra la confrontación de ideas, salvo
una vez que el testigo Jorge Benítez acusó al Gobernador de “corrupto”, por lo
que el MP solicitó respeto.
El momento más emotivo de la
audiencia fue cuando el imputado pidió unos minutos para rendir declaración.
Por su propia cuenta -y bajo las advertencias de que todo podría ser usando en
su contra- despotricó en contra de los fiscales y el gobierno por enjuiciarlo.
Reclamó que pasó cinco días encerrado debido a falacias de las autoridades y
acusó de “pseudo servidores públicos” a los agentes que lo llevaron a juicio.
En medio de la tensión y después de
hablar un poco de su persona, Fierro Reséndiz quebró su voz y lloró, para
posteriormente decir que solo lucha por lo que todos los mexicanos deberían
tener, por sus derecho. Ante los señalamientos abogó por la humanidad de la
jueza, pidiéndole que lo dejara en libertad y que no sucumbiera ante ninguna
presión externa, poniendo por encima la justicia.
De manera repentina cambió su
semblante y afirmó que continuaría con la lucha por el agua y que, si tuviera
que seguir preso por defender sus ideales, estaría dispuesto a hacerlo,
mientras apretaba el puño e intentaba controlar sus emociones; sus colegas se
unieron al llanto.
La Jueza Ruth Esperanza Álvarez
solicitó un receso de hora y media que se prolongó a más de dos. Al volver,
desacreditó todas las pruebas de la Fiscalía. De hecho, indicó que ni siquiera
se pudo acreditar que León Fierro era el que abordó el vehículo, ya que el
proceso de reconocimiento realizado por los agentes, tuvo irregularidades, pero
debido a que tanto testigos de la defensa como de la fiscalía reconocieron al
imputado, tuvo que darlo por hecho.
En realidad,
lo único que el Fiscal pudo comprobar es que la víctima fue lesionada, que los
hechos ocurrieron en el Rancho Mena, que el afectado es un policía estatal, y
nada más; la intencionalidad de la
agresión no pudo sustentarse.
Eso se
basaba en testimonios de las víctimas que aseguraron escuchar a Fierro Reséndiz
cuando gritó a los oficiales: “Los voy a matar, pinches policías”. Sin embargo, la mediadora consideró que
debido a la distancia, era imposible que lo escucharan, además de que en
ninguno de los videos quedó registrada alguna palabra amenazante.
Después de escuchar a Ruth Álvarez,
los pocos integrantes de Mexicali Resiste que pudieron ingresar a la sala,
comenzaron a festejar la victoria, pues la reclasificación del delito abría la
posibilidad de llevar su proceso en libertad.
Sorpresivamente,
la jueza aceptó la solicitud de prisión
preventiva en un delito no grave, por un lapso de dos meses, aseverando que se
trataba de una persona violenta que pondría en riesgo a la víctima y a la
sociedad.
Además de las protestas, tomó como
base la declaración del mismo acusado, cuando aseveró que continuará con su
lucha, lo que interpretó como un aviso de que volvería a cometer actos
vandálicos contra la empresa cervecera o el mismo gobierno. Fierro pidió
nuevamente la palabra y le reclamó que sacó sus palabras de contexto, pero solo
recibió una negativa.
INCONFORMES,
DEFENSA Y FISCALÍA; AMAGAN CON APELAR DECISIÓN.
Tanto el abogado Fernando Rosales
como el subprocurador Fernando Ramírez Amador, se dijeron inconformes con la
decisión de Ruth Esperanza Álvarez.
El funcionario estatal argumentó que
en su carpeta existen suficientes pruebas para acreditar la probable
responsabilidad de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, por lo que irán
a una segunda instancia e incluso comentó que analizan la posibilidad de
interponer un amparo.
La justificación es que pretenden ver
por los intereses de la víctima, un agente estatal que sufrió lesiones leves,
pero que pudo perder la vida de ser impactado por el automóvil.
Ramírez
Amador se dijo satisfecho del actuar de
la Fiscalía y negó que el caso se construyera con mentiras, pues siempre
mantuvieron la objetividad en el caso. Incluso aseveró que respaldarían a la
víctima si acepta un acuerdo reparatorio.
Por su
parte, el abogado de la víctima, Fernando Rosales, quien fue entrevistado la
madrugada del miércoles al salir de la maratónica audiencia de 14 horas, afirmó que la medida cautelar impuesta a su
representado es una aberración jurídica y que tiene un trasfondo político.
“Lo reclasifica la juez, es una pena
menor a dos años, unos raspones que tiene un agente y se le aplica una prisión
preventiva, bajo que es un riesgo para la comunidad. Evidentemente es para
tenerlo en prisión preventiva, aunque te puedo por dos meses que está pidiendo
el plazo, es un tiempo excesivo, pero se buscará de una posibilidad alterna al
conflicto, siempre que haya disponibilidad del agente”.
Ante ello dijo que buscarían el acuerdo con el
ofendido, ya que una apelación o un amparo tardarían demasiado y la prioridad
es obtener la liberación de su representado.
LA AMENAZA Y
LA REPRESALIA.
En su última entrevista para ZETA,
publicada en la edición del 27 de abril, Fierro Reséndiz comentó que cada vez
que increpan a algún funcionario estatal, las denuncias se reactivaban de forma
inmediata.
El 18 de
abril de este año, el secretario
Francisco Rueda Gómez salió a la explanada en Centro de Gobierno para comer un
coctel de frutas, cuando León Fierro y algunos compañeros lo increparon por su
actuar como funcionario, además de acusarlo de corrupto; siete días después se
giró la orden de aprehensión en su contra que se cumplimentó la mañana del 3 de
mayo.
“El Gobierno del Estado busca cómo
acallar las voces, reprimir utilizando la vía jurídica como su garrote”,
argumentó en aquella entrevista, donde además lanzó una amenaza de boicot
contra eventos de los candidatos del Partido Acción Nacional y de manera
específica contra Gina Cruz, aspirante al Senado y esposa de Rueda.
De manera
paralela a la detención de León Fierro, se
reactivaron páginas de internet como El Informal de Baja California, que
mantuvo una campaña agresiva al grado de sugerir una posible participación de
León Fierro en el asesinato de su entonces esposa y el frustrado atentado hacia
la vivienda de Tania Gallaga, ya que ambos casos se realizaron con una bomba
molotov.
También las oficinas de Movimiento
Ciudadano -hoy en alianza con el PAN- y una estatua del Club Rotario,
aparecieron “grafiteados” supuestamente por integrantes de “La Resistencia”.
Tania Gallaga se deslindó y recordó que la última protesta que integrantes
realizaron en las oficinas de Poder Ejecutivo se hizo con gis ecológico que se
borra con solo tallarlo.
NO PUEDE
ENTENDERSE MÁS QUE COMO UN TEMA POLÍTICO: ABOGADOS
Para los juristas
Herman López Frank y Marco Carrillo Maza, es
un asunto que no puede entenderse más que con tintes políticos, máxime cuando
la acusación es un delito menor, por lo que la prisión preventiva está
desproporcionada.
La Jueza
Ruth Esperanza Álvarez argumentó que Fierro Reséndiz era una persona peligrosa,
pues la manifestación realizada en el ejido El Choropo, el pasado 16 de enero,
había terminado en un zafarrancho donde resultaron varios policías y activistas
lesionados, motivo por el cual, representaría un riesgo para las víctimas y la
sociedad.
Herman López
Frank aseveró que una prisión preventiva
debe darse cuando exista riesgo de una sustracción de la acción de la justicia,
o bien, que no tenga un domicilio comprobable en la ciudad. Por ello consideró
que no existe una motivación jurídica, lo que hace pensar que el Ministerio
Público es usado con otros fines.
Si bien
consideró que la decisión de reclasificar el delito fue la correcta, López
Frank dudó de la decisión final,
argumentando que no tiene justificación y acusó a la Fiscalía de no ser
objetiva desde el principio, pues los señalamientos de Homicidio en Grado de
Tentativa estaban fuera de la realidad desde el primer momento.
“El argumento de la juez es que es
una persona violenta, pues debió prohibirle acercarse a determinado lugar, a
persona o determinado grupo de personas, si lo que pretendía la juez era
proteger a la víctima del delito”.
Carrillo
Maza fue aún más claro al decir que es
un asunto meramente político, sobre todo en pleno proceso electoral y que su
posible liberación sería después de los comicios del próximo mes de julio.
Comentó que
existe una gran presión por este tiempo al grado que en otros estados ha
cobrado vidas. Mencionó que de septiembre a la fecha, han asesinado a 88
políticos y solo esta semana van cinco. Puntualizó que estos actos represores
son necesarios para entender la dinámica que se vive actualmente por este tema.
Abundó que
cuando fue director de la Policía Municipal, era sumamente complicado lograr
obtener una prisión preventiva por un delito que no la otorgara de manera
oficiosa, por lo que le parece complicado que un Juez tome esta decisión para
un delito como lesiones calificadas.
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