A decir de expertos en política
salarial y laboral, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios obtienen
las mayores ganancias con grandes empresas que pagan sueldos de miseria y dan
prestaciones incompletas. Es decir, crean empleos precarios, pero no en
proporción con su creciente riqueza, además de que son responsables de la
colusión histórica con el Estado para mantener los salarios mínimos en niveles
bajísimos.
Para el
director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, Miguel
Santiago Reyes Hernández, el desplegado “Así no” que publicó el Consejo Mexicano
de Negocios (CMN) el pasado jueves 3, es “pura propaganda”.
El también
investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad,
de esa universidad, afirma que la
advertencia de esa élite empresarial es parte del “mito histórico” que el CMN
ha fomentado y que consiste en que “nadie debe pelearse con ellos porque son
los generadores de empleo”.
De acuerdo
con el Informe del Observatorio de Salarios 2018, el club empresarial (clasificado entre las “empresas de más de 500
trabajadores”) genera 1.4 de cada 10 empleos, es decir, ocupa al 14% de los 38
millones de asalariados del país.
Reyes
Hernández destaca dos factores
relevantes: la mayoría de los empleos consisten en labores de subordinación, no
son altos puestos. Al 20% de sus trabajadores no les pagan en su totalidad
vacaciones y aguinaldo, ni cotizan para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), que son las tres prestaciones mínimas
establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
“Si algo
cuestionan los grandes empresarios es la demagogia, las falsas promesas, pero
aquí (en su desplegado) hay una clara manipulación de cifras”, indica Reyes,
también exdirector del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero-Puebla.
En un
informe reciente, el observatorio
universitario encontró que las grandes empresas de los magnates del CMN violan
“claramente la ley”, pues sólo pagan todas las prestaciones a 80% de sus
empleados, de los cuales 60% se ve beneficiado con lo “mínimo y algo más”, como
bonos y otras prestaciones.
El restante 5.2% no tiene ninguna
prestación y 14.8% tiene sólo alguna de las tres prestaciones que por ley debe
dar cualquier empresa generadora de empleos formales en México.
A decir del
investigador, los integrantes del
consejo tienen “muchos recursos” y no tendrían “ningún problema” para asegurar
a todos sus trabajadores. Por ese motivo señala que Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social son omisos en su
responsabilidad: “Deberían tener personal que revisara el cumplimiento legal de
estas empresas. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por corrupción? ¿Por compadrazgo?”
El Informe
del Observatorio de Salarios de 2017 revela otro dato: 68% de los trabajadores de las empresas del CMN no alcanza el “salario
mínimo constitucional”, que debería pagarse para que las personas vivan
dignamente. El observatorio lo estableció en 638 pesos diarios.
La diferencia entre las percepciones
de los directivos o accionistas y las de un empleado común es abismal. Por
ejemplo, el informe dice que los accionistas de una empresa minera ganan un
promedio de 13 millones de pesos al mes, pero pagan un promedio de 25 mil pesos
a sus trabajadores. “Obviamente en el promedio de estos salarios se incluye a
gerentes, no solamente a los trabajadores, a éstos se les paga muchísimo
menos”, comenta
Reyes Hernández.
El contraste es peor cuando se tiene
en cuenta que la productividad mensual de dichas firmas –lo que cada trabajador
genera– se estima en 462 mil pesos mensuales.
Trabajos
indignantes.
Las condiciones laborales son aún más
difíciles para los jóvenes, apunta Reyes Hernández, porque el patrón argumenta
su “falta de experiencia” para darles sueldos más bajos.
En el anexo
estadístico del Informe del Observatorio de Salarios 2018 se establece que de un millón 423 mil 502 jóvenes de entre 15
y 29 años que laboran en empresas de más de 500 empleados, 22% carece de las
tres prestaciones mínimas de ley y 9.1% no tiene ninguna.
Según el
documento, también es el sector de la
población asalariada de estas empresas que muestra los porcentajes más altos de
trabajo sin contrato (28%), jornadas laborales superiores a ocho horas (23%),
sin acceso a la seguridad social (21%) y no alcanza el salario digno (72%).
Samantha
Cruz, estudiante de administración de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) campus Cuajimalpa, relata que durante su experiencia como “empleada
general” durante un año y tres meses en la cadena de cines del millonario
Alejandro Ramírez, fue la obligación de arrodillarse ante los clientes “para no
molestarlos”.
Entre sus actividades en el Cinépolis
VIP Samara, en Santa Fe, a veces le asignaban “correr”, es decir llevar la
comida a los clientes hasta su asiento en la sala. Como parte del servicio,
dice, “te arrodillas porque no puedes molestarlo; si estás parado obviamente
tapas la película a los demás”.
Samantha, de
24 años, narra que las lesiones no eran motivo para transgredir esa regla:
“Luego de un accidente que tuve, en el que me lastimé la rodilla y me dieron
incapacidad, me pidieron ‘correr’. Yo no quería eso porque me dolía bastante,
pero con todo estuve un fin de semana así. Obviamente mi rodilla se volvió a
lastimar y me tuvieron que dar más tiempo de incapacidad. Ya cuando volví a trabajar
me regresaron a taquilla”.
Empleado general es la categoría con
que se contrata al grueso del personal de Cinépolis, así se desempeñan en
cualquier área: limpieza, cocina y atención al cliente en la taquilla o en
proyección. “No importa que no sepas nada de cocina, por ejemplo; sobre la
marcha los mismos compañeros te van enseñando”. Todo esto por 28.47 pesos la
hora, con lo que su salario suma a la catorcena 2 mil 200 y hasta 2 mil 500
pesos.
Los turnos
en Cinépolis son “fijos” y de ocho horas, con un día de descanso entre semana
–nunca en sábado y domingo– aunque las jornadas cambian cuando hay estrenos
grandes:
“Mi horario era de 16 a 11 horas,
pero a veces salía a la media noche o, si era premier, a las 3 de la mañana,
sin importar que al día siguiente tocara apertura y tuviera que estar a las 10.
Con la escuela eso me empezó a causar mucho estrés. Además, no te apoyan con el
transporte; eso es horrible. Yo tenía la fortuna de que mis papás fueran por
mí, pero cuando no podían, tenía que pagar Uber y éste me salía más caro que
todo el día trabajando”.
El tiempo
que trabajó ahí (de junio de 2016 a septiembre de 2017), Samantha tuvo aguinaldo, vacaciones y Seguro Social, pero no cotizó al
Infonavit. Sin embargo, era la opción más viable:
“Honestamente
no es un trabajo que yo recomendaría, pero reconozco que hay mucha facilidad
para entrar. Mi entrevista fue muy fácil; me pidieron sólo mis documentos
oficiales y la preparatoria terminada. Se me hizo fácil pedir trabajo ahí
porque sus horarios supuestamente coincidían con mi horario de escuela. Cuando
estaba buscando trabajo, mis dos opciones eran Cinépolis y Starbucks, pero
finalmente me fui con el que pagaba más”.
Influencia
histórica.
El doctor
por la Universidad de Texas y experto en el estudio del salario industrial en
México del siglo XX, Marco Águila Medina, coincide: el empleo que las grandes empresas generan son una “parte pequeña”
comparada con la ocupación total y con “los problemas de desocupación
estructural del país”.
El también
investigador y profesor de la UAM Xochimilco destaca que el sector empresarial ha jugado un papel determinante en la
política salarial del país, pues su cercanía con la cúpula política,
fortalecida desde el sexenio de Miguel de la Madrid, ha incrementado su
capacidad para influir en los sueldos, en detrimento de la capacidad
adquisitiva del sector obrero y de la autonomía de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami).
“Se supone que en la Conasami
participan empresarios, representantes laborales y el Estado. En realidad, es
como si habláramos de la reunión de dos enemigos y un traidor: éstos últimos
son los representantes de los trabajadores pero no son muy confiables, y del
otro lado, el de los empresarios y el Estado, hay una tendencia a aliarse”, explica.
El académico
advierte que, a pesar de que a nivel mundial estos consorcios son las que pagan
los salarios “más altos” en el mercado –porque se asocian a las ganancias
“excepcionales” que consiguen–, en México no ocurre lo mismo: para un
trabajador que se desempeña en el mismo empleo y en la misma empresa que otro
asalariado en otro país, el salario es más bajo.
“¿Por qué es importante para este
consejo (el CMN) y la coalición gobernante que los salarios no crezcan? –plantea Águila Medina–. Si uno tiene una política de apertura
comercial, un arma básica de competencias en el mercado mundial son los bajos
salarios. El salario en México ha quedado estancado con la ayuda de la política
del salario mínimo”.
La situación
empeora, dice, porque ahora instituciones
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) influyen en la
determinación del salario mínimo.
“El FMI habla de salarios
estructuralmente bajos y dejarlos ahí… y eso es lo que han seguido haciendo”.
Enfatiza que
actualmente el nivel adquisitivo del salario está por debajo del que ganaba un
mexicano en los setenta. El pasado 1 de
diciembre la Conasami anunció un aumento de cinco pesos al salario mínimo, con
lo que llegó a 88.36 pesos diarios.
En perspectiva
histórica, añade, “el expresidente Lázaro Cárdenas puso el salario mínimo como
una conquista a lograr para los sindicatos y movimientos de trabajadores, no
por debajo sino por encima de lo que decía el mercado. En nuestros días y desde el sexenio de Miguel de la Madrid se aplica la
política exactamente inversa, que es utilizar el salario mínimo como un ancla
para el conjunto de la estructura salarial”.
Al respecto
Reyes Hernández concluye: “Estos
empresarios tienen posibilidades de ejercer cierta presión y lo pueden hacer,
por ejemplo, desde sus mismos empleados. Eso se ha demostrado. No es que estés
en contra de los empresarios, sino de la manera en que ellos han hecho su
riqueza y han crecido”.
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