Un juez de la Ciudad de México
encontró indicios razonables en las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz
para abrir procesos en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, por tres nuevos delitos y ordenó que el exgobernador permanezca preso en
el Reclusorio Norte.
Además, ordenó 6 meses de investigación
complementaria para que tanto la Fiscalía de Veracruz como la defensa reúnan
las pruebas que consideren convenientes.
De la misma
forma, el juez negó la petición de la
Fiscalía de Veracruz de procesar a Duarte por 4 delitos más al considerar al
considerar que estos delitos ya se enmarcaban en el de peculado y no se
justificaba abrir nuevos procesos por ellos.
Los nuevos procesos que el juez
Júpiter López Ruiz ordenó que se abrieran contra Javier Duarte están
relacionados con dos hechos. El primero es el presunto desvío de 220 millones
de pesos de la comisión de agua del estado hecho por el cual el juez abrió
proceso por peculado.
El segundo hecho es el uso ilegal de
un helicóptero de Veracruz luego de haber pedido licencia y el no haber
entregado nunca formalmente los bienes y demás elementos de su administración
al gobernador interino. Por este caso, el juez ordenó que se inicie proceso por
los delitos de tráfico de influencia e incumplimiento de un deber legal.
Al finalizar
la audiencia el abogado defensor de Javier Duarte, Ricardo Reyes Retana, dijo que éste no era el resultado que esperaba,
aunque consideró positivo que los procesos nuevos quedaran abiertos por 3 y no
por 7 nuevos delitos como pretendía la Fiscalía de Veracruz. También anunció
que estudiarán si apelan o interponen un amparo en contra de esta nueva
determinación.
Durante la
audiencia, que tuvo una duración de 3 horas, Javier Duarte solo habló una vez al final de esta para preguntar al
juez: “Juez entonces solo para que le quede claro. Se me está vinculando a
proceso solo por 3 de los 7 delitos nuevos que se me querían imputar” y el juez
le respondió que sí.
Defensa: hay
documentos falsificados.
Durante la
audiencia realizada en la Sala 1 del edificio de juzgados orales en el
Reclusorio Norte, el equipo de abogados
de Duarte intentó desvirtuar la imputación del desvío de 220 millones de pesos
argumentando “mala fe” del Ministerio Público al haber incluido oficios
presuntamente falsificados como datos de prueba en el caso.
En
particular los abogados se refirieron a
dos oficios con los números 1347 y 1750 a través de los cuales el entonces
secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac habría ordenado – bajo
presuntas órdenes de Duarte – al director de la Comisión de Aguas del Estado
que transfiriera como “préstamo” 220 millones de pesos hacia una cuenta de
Veracruz.
Los abogados
sostuvieron que en la carpeta de
investigación de la propia Fiscalía hay un examen de un perito en grafoscopía
que analizó las firmas en ambos documentos y concluyó que las firmas plasmadas
en ellos no corresponden a las del exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac.
Y aunque el propio Audirac luego
declaró ante el MP que el sí ordeno dichas transferencias por “órdenes personales
de Duarte,” los abogados dijeron que esto era “contradictorio” pues fue el
propio exfuncionario (hoy también procesado en Veracruz) quien en su momento
aportó el dictamen pericial donde se señala que las firmas no son suyas.
“Esta es una postura claramente
contradictoria y por lo tanto es un testimonio que carece de validez” dijo uno
de los defensores que además insistió en que no hay otras pruebas que – a su
juicio – sostengan que Duarte ordenó esa transferencia.
Pese a esto el juez sostuvo que los
argumentos expuestos por la defensa se tendrían que desahogar en un juicio oral
pero que, en esta fase inicial de vinculación, lo que se requiere es corroborar
que el hecho existió y que el imputado pudo haberlo cometido.
“Aquí no se le está declarado
culpable o inocente, eso hay que aclararlo. Pero lo que es
real es que sí existió esa transferencia de recursos que refiere el Ministerio
Público y que no se usaron para lo que tenían un fin. Tan es así que hubo 97
obras que quedaron inconclusas (…) de ahí que hay indicios razonables de que
usted pudo cometer estos delitos” dijo el juez dirigiéndose a Duarte.
Al finalizar
la audiencia los fiscales solicitaron al
juez 3 meses de investigación complementaria para redondear su caso, pero los
abogados defensores solicitaron que este plazo fuera de 6 meses, lo que fue
concedido por el juez. En este lapso ambas partes reunirán las pruebas que
consideren pertinentes para, en el caso del MP formular la acusación formal que
permite ir a juicio y, en el caso de la defensa, para desvirtuarlo.
Fiscalía: el
saqueo existió.
En
entrevista al término de la audiencia el fiscal General del estado de Veracruz,
Jorge Winckler Ortiz, se dijo satisfecho
de la determinación del juez de haber vinculado a proceso para Duarte y restó
importancia al hecho de que en el caso del desvío de los 220 millones de pesos
el juez solo haya vinculado al exgobernador por uno de los cinco delitos.
“El juez lo
que hizo fue autorizar la investigación complementaria por el delito de mayor
gravedad que es el de peculado, pero eso no implica que, al momento de formular
la acusación, no se pueda vincular a Duarte a proceso por peculado o por alguno
de los otros delitos que contemplábamos inicialmente” dijo el fiscal.
Cuestionado sobre el destino final
que pudieron haber tenido los 220 millones de pesos transferidos ilegalmente a
una cuenta del gobierno del estado que luego fue cerrada, el fiscal dijo que
están trabajando en ese seguimiento.
“El saqueo existió. La cuenta del
gobierno a donde fue enviado el dinero fue saqueada y luego cerrada porque ya
no había nada, no tenía fondos (…) para qué se habría usado ese dinero es algo
que estamos investigando. Solicitaremos dictámenes contables forenses para
tratar de seguir ese rastro” dijo.
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