La élite del poder, colusión de magnates y políticos.

Es la élite de la iniciativa privada que domina los distintos sectores económicos del país y que durante décadas ha salvaguardado sus intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo al chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de información. Se trata del Consejo Mexicano de Negocios, del que Proceso presenta un perfil e identifica a varios de sus miembros. Esta exclusiva cúpula empresarial, beneficiada (en parte) de las privatizaciones que han operado diversos presidentes, tiene su origen en 1962, cuando respondió al interés de frenar el desarrollo de la izquierda en México.

Como “cúpula de cúpulas” está regida por algunas reglas básicas que cimentan la confianza entre sus miembros: el ingreso de un nuevo integrante debe ser aceptado por unanimidad, la membresía se hereda, las reuniones y su contenido se llevan a cabo a puerta cerrada.

Y quizás la principal, aunque no haya una postura partidista, todos comparten el mismo objetivo: concretar el proyecto neoliberal en México mediante pactos con el presidente de la República.

Sus refrescos, panes, tortillas, latas, medicamentos, cervezas y licores surten todas las tiendas del país. Controlan los principales espacios de distribución (Soriana, Chedraui, La Comer y Oxxo, entre otros), tienen bancos y aseguradoras, manejan las telecomunicaciones y parte del contenido mediático, detentan las concesiones mineras más redituables, operan las principales empresas de transporte y producen la mayor parte del cemento, del acero y de la pintura.

Aunque sus integrantes se dejan ver cada vez más, aún no hay un registro público de su membresía. Mediante solicitudes de información a la Presidencia de la República y de búsquedas en terceras fuentes, Proceso identificó a por lo menos 52 miembros, entre ellos apenas tres mujeres.

A excepción de Blanca Treviño de Vega, la primera mujer en ingresar al entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –su nombre perdió la palabra “hombres” tras la integración de la regiomontana–, todos heredaron sus grupos o se beneficiaron de las privatizaciones, que el propio organismo –ahora llamado Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– promovió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Entre ellos destacan siete mexicanos que Forbes incluyó en su lista de multimillonarios globales de 2018: Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González, Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala Larreguí, Roberto Hernández Ramírez y Juan Beckmann Vidal.

También lo forman nueve integrantes del “Grupo de los Diez” de Nuevo León: Armando Garza Sada, Rogelio Zambrano Lozano, Tomás González Sada, Sergio Gutiérrez Muguerza, José Antonio Fernández Carbajal, Eduardo Garza, Enrique Zambrano Benítez, Adrián Sada González y Eugenio Garza Herrera.

Acostumbrado a la discreción, el CMN suele expresarse mediante un único canal de comunicación: su presidente en turno, puesto ocupado actualmente por Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis.

De manera poco habitual, el jueves 3, el CMN publicó en varios periódicos un desplegado titulado “Así no”, en el que calificó de “injuriosas y calumniosas” las expresiones que empleó Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, cuando se refirió a la élite empresarial como “minoría rapaz”.

Proyecto neoliberal.

La creación del CMN como grupo informal, en 1962, respondió a un interés urgente: impedir el desarrollo de la izquierda en México, apenas tres años después del triunfo de la Revolución Cubana, a la que el PRI de Adolfo López Mateos enviaba señales de solidaridad.

Para garantizar sus intereses, el CMN se valió de todo: varios de sus miembros financiaron las campañas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente Fox –aunque otros, como Juan Sánchez Navarro, denunciaron estas prácticas–, recurrieron al chantaje, fomentaron el boicot publicitario contra el periódico Excélsior de Julio Scherer, aplaudieron la represión de 1968 y orquestaron campañas sucias contra los candidatos de izquierda, ya fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador.

El CMN impulsó la privatización de las empresas paraestatales y la disminución del gasto público, logró reducir los derechos laborales y contener los salarios y obtuvo la apertura de la economía a la inversión extranjera, como lo mostró la politóloga Marcela Briz Garizurieta en su tesis de doctorado El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, presentada en mayo de 2006.

En los tiempos más decisivos para la élite del sector privado, el CMN colocó a uno de sus integrantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –un órgano en el que el CMN tiene voz y voto, y del que Juan Sánchez Navarro, miembro del club, fue el primer presidente– y de la Asociación Mexicana de Banqueros, a las que utilizó para presionar al gobierno.

En 1986, por ejemplo, el empresario priista Claudio X. González, presidente del consejo de administración de Kimberly-Clark, utilizó su doble condición, como miembro del CMN y presidente del CCE, para presentar al entonces presidente Miguel de la Madrid una “propuesta” de política económica en diez puntos para contener la inflación.

Fue precisamente durante el sexenio de De la Madrid que el CMN tomó fuerza –que culminó en el sexenio de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari–: a raíz de la expropiación bancaria de 1982 “el (CMN) figuró como intermediario clave para recomponer las relaciones entre la administración de Miguel de la Madrid y el sector privado”, sostuvo la académica.

El entonces presidente necesitaba contener la inflación, pero no quería negociar con el CCE, demasiado afín al PAN. Al frente de sus grupos, los miembros del CMN tenían el control sobre los precios de los productos y una mayor disposición a negociar, como refirió el exmandatario en sus memorias.

Empresarios y gobierno acordaron en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, en el que la élite del sector privado consiguió, a cambio de controlar sus precios, que el gobierno federal iniciara la privatización de las empresas paraestatales y abriera las puertas a los capitales extranjeros.

El CMN tenía entonces por interlocutor a Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y Presupuesto, afecto al proyecto neoliberal. Ya instalado en Los Pinos –con la ayuda financiera de varios integrantes del Consejo–, Salinas reprivatizó la banca y aceleró la venta de paraestatales.

Cada año desde 1996, el presidente en turno del CMN protagoniza un ritual público: tras realizar un breve análisis de la situación económica del país, anuncia el monto –en dólares– de las inversiones que los integrantes del exclusivo club realizarán el año siguiente. El presidente, en respuesta, agradece a los empresarios sus esfuerzos y presume el monto de la inversión como un logro de su administración. En diciembre pasado, por ejemplo, Enrique Peña Nieto dio las gracias a la cúpula por invertir “más de 150 mil millones de dólares” durante su sexenio.

Las reuniones que el CMN celebraba cada año con el titular del Ejecutivo solían llevarse a cabo a puerta cerrada, hasta que en enero de 2016 Peña decidió abrir en parte a la prensa una reunión en el exclusivo Club de Empresarios Bosques. Ello generó molestia en la cúpula empresarial y desde esa fecha las reuniones están marcadas por un protocolo rígido.

En cada esquina.

La herencia de los negocios familiares, así como la adquisición de bancos y empresas durante el periodo de privatización, instalaron a los integrantes actuales del CMN al frente de grupos que dominan los distintos sectores económicos del país.

Slim es dueño de las telecomunicaciones, Azcárraga controla la televisión abierta, Bailleres y Larrea la minería –el segundo, con Grupo México, controla además el transporte ferroviario–, Ramírez Magaña posee la mayoría de las salas de cine y Zambrano produce más de la mitad del cemento que se utiliza en el sector de la construcción del país.

José Antonio Fernández Carbajal y Juan Gallardo, presidentes de los consejos de administración de FEMSA y de la organización Cultiba, respectivamente, dominan el mercado mexicano de refrescos.

Eduardo Tricio Haro –presidente de Grupo Lala y Aeroméxico–, junto con Aramburuzabala y Valentín Díez Morodo, lideran los mercados de la leche y de la cerveza, mientras que el sector alimenticio del CMN también cuenta con los gigantes Bimbo y Herdez –dirigidos por las familias Servitje y Hernández-Pons Torres, respectivamente–, así como con Bachoco, el principal productor de pollo del país.

En el comercio minorista están Ricardo Martín Bringas, Antonio Chedraui Obeso o Carlos González Zabalegui, presidentes de los consejos de administración de Grupo Soriana, Chedraui y La Comer, respectivamente. Esos consorcios operan las cadenas de tiendas de autoservicio Soriana, Chedraui, La Comer, City Market y Mega, entre otras.

Por parte del sector bancario destacan Roberto Hernández Ramírez, el presidente de Grupo Financiero Banamex, quien se enriqueció vertiginosamente cuando se privatizó de la banca, así como Antonio del Valle Ruiz, quien vendió su grupo Bital a HSBC en 2002 y dirige actualmente la química Mexichem.

Si bien el Grupo Financiero BBVA Bancomer no está presidido por un integrante del CMN, en su consejo de administración se mezclan los intereses de algunos grupos del exclusivo club de empresarios: en él se encuentran Bailleres y Ramírez Magaña, así como Carlos Vicente Salazar Lomelín, quien hasta diciembre de 2017 fue director general de FEMSA.

Aunque la mayor parte de los grupos no tienen negocios al amparo directo del poder, algunos de ellos destacaron entre los grandes beneficiarios de contratos gubernamentales durante la administración de Peña Nieto.

Grupo Carso, de Carlos Slim, obtuvo contratos por más de 123 mil millones de pesos durante el sexenio; encabezó el consorcio que obtuvo el principal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para la construcción del edificio de la terminal, por 84 mil millones de pesos.

Y no es el único: Aramburuzabala (Sixsigma Networks), Azcárraga (Televisa), Bailleres (Grupo Nacional Provincial), Agustín Franco Macías (Grupo Infra), Bernardo Quintana Isaac (ICA) y Luis Orvañanos Lascuráin (Corporación GEO), entre otros, también obtuvieron jugosos contratos durante la administración de Peña Nieto (Proceso 2160).

El operador.

Con el paso de las décadas creció la membresía del CMN: de seis fundadores llegó a 37 empresarios en 1989 y ahora lo integran por lo menos 52 personas. Veinte de los miembros –o sus herederos– de 1989 permanecen en el grupo y 32 se incorporaron después, lo que diluyó la cohesión y diversificó sus posturas, observó Briz en su tesis doctoral.

En el Consejo de Administración de Banamex, por ejemplo, ocho de los 15 consejeros pertenecen al CMN; en Grupo México se encuentran seis de sus miembros; en el de Grupo Televisa son cinco y el mismo número se encuentra en el grupo regiomontano Alfa.

El financiero Valentín Díez Morodo, presidente el Consejo de Administración de Grupo Modelo –comprado en 2015 por el gigante transnacional de origen holandés AB Inbev– es socio consejero de Kimberly- Clark, Banamex, Grupo KUO, Grupo DINE, Mexichem, todas presididas por miembros del CMN.

Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México y miembro de mayor antigüedad en el CMN, junto con Antonio del Valle Ruiz y Alberto Bailleres, se encuentra en los consejos de administración de los grupos de Slim –Carso, Inbursa y Sanborns–, de Armando Garza Sada –Grupo Alfa—y de Germán Larrea –Grupo México.

Desde su ingreso al club, en 1978, su estrategia no cambió: presente en los consejos de administración de los principales grupos, en las organizaciones empresariales –presidió el CMN y el CCE en tres ocasiones– y en las más altas esferas de la política, asumió el papel más protagónico en la defensa de los intereses de la élite.

En noviembre de 1997 el empresario regiomontano Juan Sánchez Navarro dijo a este semanario: “Claudio era del gobierno, asesor (de Salinas en materia de inversión extranjera). Su situación era equívoca. Es excelente empresario, pero como tal no podía pertenecer al Estado. Era casi una simbiosis que no es aceptable”.

En abril de 2002, al terminar su presidencia al frente del CCE, Claudio X. González denunció los “retrocesos en materia fiscal” de Vicente Fox y sostuvo que “siguen pendientes cambios que permitan la inversión privada en generación de electricidad y gas e, incluso, en la petroquímica”.

Con la doble batuta CMN-CCE, el empresario chantajeó al entonces presidente Fox, al advertirle que el sector empresarial no firmaría el acuerdo político sin el compromiso del gobierno federal de reformar el marco jurídico para abrir parte del sector energético a la inversión privada, a ablandar la ley laboral para eliminar las “excesivas prestaciones” o desregular la educación privada.

El CMN se convirtió en una de las voces más críticas contra López Obrador en las últimas dos décadas: en 2005 resultó el más firme promotor del desafuero al candidato y en octubre pasado apoyó abiertamente a José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial de la coalición encabezada por el PRI.