Decenas de organizaciones civiles y
sindicatos de varios estados del país se pronunciaron contra la intención del
gobierno de Baja California de criminalizar el movimiento de defensa del agua
“Mexicali Resiste” y mantener a uno de sus líderes, León Fierro, tras las
rejas, convirtiéndolo en un preso político.
En una carta abierta firmada por organizaciones,
activistas y académicos de Baja California, Ciudad de México, Morelos, Puebla,
Chihuahua, Sonora, Michoacán, Estado de México y Querétaro, exigen “la inmediata liberación” del líder al gobernador, Francisco
Vega Lamadrid, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja
California, Salvador Juan Ortiz Morales.
Al insistir que el dirigente de
“Mexicali Resiste” es un preso político recientemente vinculado a proceso
judicial, los firmantes reprobaron que el Ministerio Público estatal haya
acusado al activista de “homicidio calificado en grado de tentativa”, lo que
consideraron “un exceso y una represalia, al igual que anteriores regímenes han
criminalizado a otros líderes y movimiento sociales a lo largo de la historia”.
Los
inconformes destacaron que la línea de
mantener a León Fierro en prisión se evidencia, en que ante la imposibilidad
del Ministerio Público de comprobar en su momento la acusación, el juez de la
causa “reconfiguró el delito imputado a León Fierro a ‘lesiones calificadas’,
como una consigna y un mensaje de Estado para criminalizar a León a como dé
lugar, así como las acciones de ‘Mexicali Resiste’”.
En la carta
abierta, resaltan que la actitud del
juez “exhibe la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial de Baja
California ante el Poder Ejecutivo”, más aún por imponerle prisión preventiva
por 60 días por considerarlo “un peligro para la sociedad”, lo que para los
activistas es “a todas luces inconstitucional y contraria a derecho”.
Los
firmantes recuerdan que el
encarcelamiento de León Fierro Reséndiz “tiene su origen en las justas demandas
que reclama la población de Baja California, en especial de Mexicali, en
defensa del derecho al agua”, que se ha visto amenazado por el gobierno estatal
“al privilegiar la entrega de grandes cantidades del preciado líquido a
empresas embotelladoras privadas como Constellation Brands, Coca Cola, Tecate y
otras”.
También puntualizan que dicha acción estatal forma
parte “del proceso de privatización de los derechos sociales, en lugar de
establecer una política de racionalización y cuidado del agua bajo mecanismos
de participación y supervisión ciudadana (…), mediante criterios de
sustentabilidad establecidos por la ONU”.
Más: critican la falta del gobierno estatal, así
como del Congreso local para establecer un diálogo que diera cauce a las
demandas bajo el respeto de “los legítimos derechos a la protesta social y a
las libertades de reunión, de asociación y expresión”.
Por el contrario, continúan, el
gobierno de Vega de Lamadrid “arremete judicialmente contra León Fierro, uno de
los más destacados dirigentes del movimiento de resistencia”, al imputarlo de tentativa
de homicidio de un policía.
Al insistir que el Ministerio Público
no pudo sostener la acusación ante el juez de control, los suscritores de la
carta recuerdan que los señalamientos se refieren a hechos ocurridos a
principios de este año en el Valle de Mexicali, cuando activistas de “Mexicali
Resiste” y de otros grupos intentaron “impedir la instalación del tubo de la
red de agua potable de la ciudad, que proveerá a la transnacional cervecera
Constellation Brands de millones de litros del preciado líquido, incluso, en
perjuicio de los agricultores del Valle de Mexicali”.
En la carta sostienen que hay un video en el que se
observa que durante tales acontecimientos “policías cometieron graves delitos
al actuar fuera de los protocolos sobre el control y uso de la fuerza,
provocando lesiones a los manifestantes, hechos por los que,
contradictoriamente, no han sido vinculados a proceso, a pesar de existir
varias denuncias en su contra”.
Para los
firmantes de la carta, la decisión del
juez de considerar a Fierro “un peligro para la sociedad” por haber declarado
en la audiencia que “dentro o fuera de prisión continuaría la lucha por el
derecho al agua”, así como la apelación del Ministerio Público a la
reconfiguración del delito, demuestra la intención del gobierno de Baja
California de mantenerlo en prisión.
Al reiterar que el activista es un
“preso político”, se dirigen al gobernador Francisco Vega y advierten que
detrás de la acción están “sus verdaderas intenciones de inhibir la defensa del
derecho al agua y la lucha contra su privatización (que es el fondo de todo
este conflicto), e inhibir los derechos de asociación y de reunión, a la
libertad de opinión y a la protesta social”.
El documento, se señala a Vega a
orientar “su gobierno hacia un régimen con rasgos autoritarios” es firmado por organizaciones como
Agrupación Socialista; Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y
Pedregales en Coyoacán; Asociación Mexicana de Trabajadores Activos y Jubilados
22 de Abril, STRM; CNTE Sección IX; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del
Noroeste; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Frente
Estudiantil por una Educación para Todos de Puebla; Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad de Sonora; la comunidad indígena de San Miguel
Tanaquillo, municipio de Chilchota, Michoacán; entre otras.
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