En el caso de la demanda de MVS
contra la periodista Carmen Aristegui, el periodista Ricardo Raphael preguntó
“quién, con influencia y mucho poder, sí está enviando memorándums
“estrictamente confidenciales” a los integrantes del Tribunal Unitario del
primer Circuito con objeto de influir en la futura sentencia. (Cuento con una
copia de tales documentos)”.
En su
columna publicada este lunes por El Universal, retomó lo publicado por la revista Proceso esta semana, que en un
reportaje de Jenaro Villamil detalló cómo se “busca presionar desde la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los magistrados del Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que en los próximos días
emitan un fallo favorable al presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas, en el
juicio por “daño moral” contra la periodista Carmen Aristegui”. Sin embargo, el
ministro aludido, Jorge Mario Pardo Rebolledo, negó tal orquestación.
El hecho es que dichos memorándums
existen, como confirman Villamil y el articulista del diario.
“¿Quién posee tanta malicia como para
querer aniquilar la libertad de expresión en nuestro país?”, preguntó Ricardo Raphael.
El periodista advirtió que de ganar
MVS, “tendrían que dejar de opinar en sus cabinas, so pena de ser condenados a
pagar ríos de dinero en caso de volverse sospechosos de malicia a la hora de
decir, analizar o informar”.
“A Carmen Aristegui la quieren
derrotada antes de que termine esta administración”, consideró.
Recordó que
la comunicadora está demandada por
emitir una opinión en el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Peña
Nieto, por la cual “se le exige un pago exorbitante por haber escrito lo que
pensaba”.
“Tres son los magistrados que van a
decidir el asunto en fecha próxima: Elisa Macrina Álvarez Castro, Roberto
Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza. Tienen una gran
responsabilidad en sus manos porque, de concederle razón a MVS, este columnista
y cualquier otro, todos los autores de todos los prólogos de todos los libros
que vayan a escribirse y/o publicarse en México, los académicos que investigan,
los reporteros que informan y prácticamente cualquier otra persona que pise
territorio mexicano tendrá que asumirse limitado en su libertad de expresar
cualquier cosa de la que no tenga absoluta y definitiva prueba”, refirió.
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