Temporada de caza.

Raymundo Riva Palacio.

La información cimbró a muchos la semana pasada. Más de mil aspirantes a cargo de elección popular a nivel federal, así como a presidencias municipales y diputaciones locales, decidieron desistir de su objetivo. El dato salió del Instituto Nacional Electoral. La mayoría, se reportó sin precisiones, era por la inseguridad y el temor a perder la vida. ¿En qué país se da un volumen tan alto de renuncias de candidatos a cargos de elección popular como la opción para mantenerse vivos? En ninguno, de acuerdo con los buscadores en internet. “Este es el proceso más violento”, declaró a la agencia alemana de noticias DPA Rubén Salazar, director de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que difundió la semana pasada su cuarto informe de violencia política.

El informe, que sirve de sustento a las afirmaciones de Salazar, señala que durante los primeros ocho meses del proceso electoral –que arrancó en septiembre pasado–, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados –35 eran precandidatos y candidatos–, principalmente a nivel municipal.

En seis de cada 10 casos identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su tercer informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un “notable” crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación: la alta concurrencia de puestos de elección con el aumento de violencia contra políticos y candidatos.

Parecía ser un tema cuantitativo: a mayor número de cargos en juego, los porcentajes de violencia necesariamente iban a multiplicarse. Es decir, con más de tres mil cargos de elección popular en disputa, las condiciones de inseguridad e inestabilidad en varias regiones del país arrojarían un número de asesinatos en porcentajes mayores. El análisis cuantitativo, sin embargo, no permite conocer con certeza cuáles fueron los motivos de los asesinatos con origen en el crimen organizado. Los asesinatos de este tipo suelen responder a dos variables: o se negaron a pactar con los criminales y empezaron a afectarles sus intereses, o negociaron con ellos y luego los traicionaron. En este caso, resulta extraño que el crimen organizado se diera a la tarea de asesinar preventivamente a decenas de candidatos o precandidatos.

Un seguimiento de los crímenes a políticos durante este proceso electoral que ha hecho EjeCentral muestra que los asesinatos se han concentrado en el centro del país, con incidencias mayores en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Los crímenes en estados con fuerte presencia y violencia del narcotráfico, como Tamaulipas y Chihuahua, suman números bajos, y en Sinaloa, donde hay un fuerte choque de cárteles, no se ha registrado ninguno.

Esto lleva a otra hipótesis: que se están aprovechando las condiciones de inestabilidad y tensión electoral para viejos ajustes de cuentas. El caso que la ilustra es el de Abel Montúfar, candidato a diputado local del PRI y alcalde de Coyuca de Catalán, asesinado la semana pasada a manos, según Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, de la delincuencia organizada.

Pero Érit Montúfar, hermano del malogrado político, afirmó en su funeral, según lo registró El Sur de Acapulco, que el crimen había sido perpetrado por sus adversarios políticos. La declaración le dio otro matiz a ese asesinato. Cuando Érit Montúfar fue nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación en febrero, resurgieron las acusaciones contra él y su familia de ser talamontes y tener nexos con el crimen organizado. Montúfar fue señalado hace tiempo de estar detrás de varios asesinatos, entre ellos el de Juventina Villa, una líder ecologista, y su hijo, en 2012. Él siempre lo negó, pero reconoció que existe un viejo diferendo de su familia con los ecologistas y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que degradó su lucha social y se volvió una narco-guerrilla. Uno de los asesinos de la activista, Tereso Díaz Núñez, dijo que la habían matado por la disputa de territorios para la siembra, cosecha y trasiego de droga, reveló en su momento el entonces fiscal estatal Iñaky Blanco.

¿Podría haber sido el asesinato del candidato a diputado local una secuela de las viejas rencillas en Tierra Caliente? De todos los Montúfar, de Abel no se hablaba como de alguien que tuviera relaciones peligrosas o que se hubiera visto involucrado en episodios criminales oscuros, como varios de sus familiares. Pero su eventual llegada al Congreso, en la dinámica de ese choque entre enemigos a muerte en Coyuca de Catalán, le ampliaba el poder político a la familia. ¿Cuántos casos similares existen, donde no está clara la línea entre un crimen para conquistar espacios territoriales y control sobre el mercado de las drogas, y donde las venganzas son el detonante de asesinatos?

Es difícil determinarlo con la información disponible hasta ahora. Pero abrir a más posibilidades la explicación de los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, no ayuda a la respiración. Subraya, en cambio, la terrible debilidad institucional que priva en México, donde los grupos de intereses violentos y armados pueden seguir cometiendo asesinatos sin que existan inhibidores para semejantes acciones. Lo que sí puede explicarse es que, si la violencia es rampante en contra de personas tan prominentes, es porque existe la confianza de los asesinos de que pueden cometer cualquier delito, porque es más fácil que se salgan con la suya a que paguen por ellos. Es decir, una cara más de la impunidad, calamidad nacional.