Va de nuevo: En plena campaña electoral, PRI y aliados autorizan la operación de 47 programas sociales en Edomex.

En plena campaña electoral, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados aprobaron este jueves la operación de 47 programas sociales en la entidad.

Entre otros, el catálogo incluye los programas: Alimentación Mexiquense, Desayunos Escolares, Nutrición Escolar, Paquete Alimentario para Familias Fuertes, Alimentación para la Niñez y Abasto Alimentario, que se traducen en la entrega de despensas.

No obstante, el artículo 261 del Código Electoral del Estado de México señala que “durante los 30 días anteriores a la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”.

Pero la lista también comprende programas que implican la distribución de materiales, entre ellos útiles escolares; sin embargo, el ciclo escolar está por concluir y el siguiente inicia hasta agosto, un mes después de realizarse las elecciones.

Cinco de los programas aprobados son los más importantes por el alcance de beneficiarios y los presupuestos asignados. En conjunto ejercerán este año 3 MIL 153 MILLONES de los casi 4.8 previstos para los 12 principales apoyos sociales estatales.

El programa de Personas Adultas Mayores –que también implica la entrega de canastas alimentarias (despensas) – tiene este año un presupuesto de 2 mil 460 millones de pesos, el monto más abultado de entre todos los programas, incluso superior al del Salario Rosa (con 977 millones), que no fue incluido en listado.

Alimentación Mexiquense podrá ejercer 490 millones de pesos; Creciendo Contigo, más de 75 millones; Fortaleciendo Comunidades, 57 millones, y Niñez Indígena, 70 millones.

El catálogo fue aprobado con 41 votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT). En contra se pronunciaron Morena y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Desde tribuna, el diputado morenista Vladimir Hernández señaló que, en un país como México, el voto también se emite por manipulación, lo que resulta repudiable.

Aclaró que su partido no se opone a la distribución de recursos etiquetados en los programas sociales, sino a que la voluntad popular se prostituya con ellos para la compra y coacción del voto.

De acuerdo con Hernández, el año pasado se documentó que el PRI condicionó la entrega de recursos a cambio del voto –“o votas por mí o te saco del programa”– y llegó al extremo de comprar, coaccionar y “hasta de fiar” con la promesa de la tarjeta rosa.

“Es ilegal, pero también un tema de ética trastocado por camarillas perversas enquistadas en el poder público. Pedimos a don Alfredo (Del Mazo) que deje que el proceso electoral fluya con toda democracia, se atiendan las demandas (por mal uso de los programas sociales) y se dé seguimiento, que se castigue a los culpables”, soltó.

El diputado señaló que estadísticamente está comprobado que en los municipios más pobres donde se implementaron los programas sociales, se presentó un mayor porcentaje de votación (con 70%, cuando la media era de 40%), y curiosamente ganó el PRI.

En su oportunidad, el panista Fernando Morales consideró que la discusión de los diputados locales no debiera centrarse en una lista de programas sociales a entregar (lo que desde su punto de vista implica violaciones administrativas, electorales y penales), sino en la libertad del voto de los electores.

“El PRI-gobierno predetermina un escenario en el que se aprovecha de la pobreza y transgrede los derechos de los mexiquenses”, sostuvo.

También recordó que el artículo 134 de la Constitución federal establece que el uso de recursos públicos no puede influir en la equidad de las contiendas electorales y deben ser aplicados de manera imparcial.

Sin embargo, dijo, a escala local se pretende la operación de programas que no representan la atención de casos de extrema urgencia.

“El problema es la mala aplicación de los programas por parte del PRI-gobierno”, dijo, luego de señalar que la mayoría de los recursos para su operación pretenden liberarse durante la campaña, porque a la fecha no se ha ejercido un solo peso.

El uso, acusó, es a cambio de las credenciales de elector o con la amenaza de ser eliminados del padrón de beneficiarios. “Pretenden transitar a una elección inequitativa, de competencia desleal”, expresó, y criticó la utilización de recursos públicos y estructuras estatales en favor de los candidatos del tricolor.

A su vez, el perredista José Miguel Morales Casasola manifestó la intención de utilizar esos programas como moneda de cambio que premia a quienes son fieles a los gobernantes y margina a quienes no lo son.

“Las campañas electorales son un campo fértil de cultivo para las conductas clientelares”, soltó.

En respuesta, la priista Tanya Rellstab aseguró que su partido no permitirá el uso de recursos públicos con fines proselitistas y hará valer el marco jurídico sin distingo.

Justificó que por las necesidades sociales no debiera ser suspendido ningún programa, y más que nunca –lanzó– la sociedad es suficientemente madura, responsable, informada, vigila, da seguimiento y denuncia.

Francisco Agundis, del PVEM, y Aquiles Cortés, del Panal, señalaron que la operación de los apoyos es imprescindible, porque los grupos vulnerables no tienen acceso a determinados satisfactores para atender sus necesidades básicas.