El
representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab,
urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a esclarecer plenamente los hechos de
represión ocurridos hace dos años en Nochixtlán, Oaxaca, toda vez que “las
autoridades siguen sin aclarar lo ocurrido, por lo que aún está lejos de
alcanzarse la verdad y la justicia que tanto las víctimas como la sociedad
demandan”.
En un
comunicado, Jarab apuntó que la sanción
a los responsables “es indispensable para que el caso no quede en la
impunidad”.
Al considerar la urgencia de adoptar
medidas para garantizar la no repetición de lo ocurrido en la localidad
oaxaqueña, el representante de la ONU-DH consideró que el caso “pone en relieve
una vez más la urgencia de que exista en México un marco nacional que regule el
uso de la fuerza a todos los niveles, ajustado a los más altos estándares
internacionales de derechos humanos”.
Jan Jarab recomendó tomar las medidas necesarias para
“evitar que el actuar de las fuerzas del orden en situaciones similares culmine
en afectaciones indebidas al derecho a la vida, la integridad y libertad de las
personas”.
Asimismo, consideró “preocupante” que, al referirse a
los hechos, “el Estado culpe a pobladores y manifestantes, rechazando la
responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos” en Nochixtlán.
Tras señalar
que en estos años “han surgido legítimas
dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con que se ha conducido
la investigación”, la oficina de la ONU recordó que en octubre de 2017 la
Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) emitió una recomendación en la
que confirmó “un uso excesivo de la fuerza y calificó algunos hechos como
graves violaciones a derechos humanos”, y alentó a su cumplimiento total.
Si bien la
ONU-DH reconoció que en diciembre de 2017 la Procuraduría General de la
República (PGR) incorporó en su indagatoria declaraciones de los pobladores
agredidos, lamentó que “hasta la fecha
no haya evidencia de que algún servidor público esté siendo procesado por las
inadmisibles conductas perpetradas”.
Al exhortar a la dependencia a que
lleve a cabo una “investigación exhaustiva e imparcial apegada a los estándares
internacionales de derechos y culturalmente adecuada”, manifestó su
preocupación de que algunas víctimas y sus representantes “hayan sido blanco de
campañas de desprestigio, actos de intimidación y hasta agresiones físicas”.
Añadió: “La Oficina reprueba estas conductas y
reitera su llamado a las autoridades para que también investiguen de manera
diligente estas agresiones”.
Y, luego de
manifestar su solidaridad con las víctimas y familiares de los hechos ocurridos
en Nochixtlán, Huitzo, Viguera y Hacienda Blanca, en el estado de Oaxaca, expresó su disposición a colaborar con las
autoridades para “seguir avanzando en la resolución de este caso y en la
adopción de medidas idóneas que eviten su repetición a futuro”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.