Organizaciones sociales nacionales e
internacionales denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de
lesa humanidad cometidos presuntamente por militares y autoridades civiles
contra más de un centenar de víctimas durante el Operativo Conjunto Chihuahua
(OCCh).
De acuerdo
con la investigación presentada a la CPI, “integrantes
de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad
para combatir a las organizaciones criminales (guerra contra las drogas), con
el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron
crímenes de lesa humanidad”.
En un
documento dirigido a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos,
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),
la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Red “Todos los derechos
para todas y todos” (Red TDT), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
(CDHPN), Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Renacer Lagunero, así como
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, sumaron una solicitud más de intervención del organismo internacional
en México, luego de que en años anteriores se han presentado diversas
comunicaciones, entre ellas otras dos relacionadas con violaciones graves cometidas
en Baja California y Coahuila, durante la llamada “guerra contra el
narcotráfico”.
Entre los crímenes atroces
identificados en el periodo de 2008 a 2010 en Chihuahua, las organizaciones
señalaron asesinatos, torturas, privaciones de la libertad física, violación,
tortura sexual y desapariciones forzadas.
“Los casos documentados demuestran la
existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la
población civil”,
señalaron las organizaciones.
También señalaron que pudieron confirmar
el uso de recursos públicos “para cometer crímenes”, como lo es la disposición
de “vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de
instalaciones castrenses como recinto para tortura a la población civil, así
como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de
tortura”.
Luego
explicaron que, para presentar la comunicación a la Fiscalía de la CPI, analizaron 35 casos que representan 121
víctimas directas, quienes sufrieron abusos durante la primera fase del OCCh
por elementos militares, sin que hasta ahora los responsables de los hechos
hayan sido procesados.
Para las
organizaciones que participaron en la elaboración del informe entregado a la
CPI, los hechos registrados en Chihuahua, así como la entrada en vigor de la
Ley de Seguridad Interior (LSI), demuestran
que “en México no hay ni voluntad ni capacidad para llevar a juicio a los
responsables” del crecimiento exponencial de violaciones a derechos humanos que
se cometen como resultado de “la política de militarización de la seguridad
pública y de la estrategia para hacer frente a las organizaciones criminales”.
Las
organizaciones que firmaron la comunicación destacaron que recurrieron a la CPI
“con la finalidad de poner fin a la
impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de
independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República (PGR),
así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos”.
El documento presentado ante la CPI
“brinda elementos claros sobre los patrones de actuación de las autoridades
militares en el marco de una política que permitió, toleró y en cierta forma
propició la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad en el marco del
OCCh”, abusos que se derivaron de la intención de mostrar “resultados de
efectividad”.
Según las
organizaciones, el cumplir la meta
institucional de mostrar al OCCh como de gran efectividad “llevó a las
instituciones militares a permitir y practicar abusos haciendo uso de recursos
del Estado, como personal, bienes e instalaciones militares; todo ello bajo el
conocimiento de los más altos militares, particularmente aquellos involucrados
en la implementación y supervisión del Operativo Conjunto Chihuahua”.
Por la
documentación recabada sobre los abusos fue
posible confirmar que “el parte militar aportó información falsa, por ejemplo,
sobre la hora, el día y/o el lugar de la detención, señalando generalmente que
éstas se habrían producido en vía pública, durante un patrullaje o puesto de
control, o que fueron producto de la flagrancia delictiva en la cual fueron
sorprendidos los civiles, o a una hora distinta cuando se informó verazmente el
lugar de detención”.
Las organizaciones describen en el
documento que, para casos como privación grave de la libertad, tortura,
violación y violencia sexual, se utilizaron instalaciones militares con el
conocimiento de autoridades federales, estatales y locales, “aun sin existir
fundamento legal alguno que lo permitiera” y sin que ello haya significado el
inicio de alguna investigación por esas conductas.
Al señalar que siendo la violencia la
justificación para que el gobierno de Felipe Calderón implementara el OCCh, lo
cierto es que, durante los dos años en que los militares estuvieron a cargo de
la seguridad pública del Estado, “la violencia incrementó de forma drástica en
zonas donde se llevó a cabo el operativo”.
Las estadísticas oficiales del número
de ejecuciones en Chihuahua pasaron de 517 en 2005 a 2 mil 600 en 2008, año de
inicio del OCCh, llegando a 6 mil 407 en 2010, destacando que, “posterior a la
participación de los militares, la violencia letal no disminuyó a los niveles
previos al operativo”, puntualizaron las organizaciones con una gráfica en la
que se observa que, en 2017, Chihuahua cerró con mil 578 muertes violentas.
Las
organizaciones resaltaron que, en la
primera mitad de 2008, la CNDH registró 199 quejas de abusos cometidos por
militares en Chihuahua, en tanto que, en 2009, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos reportó mil 450 quejas en las que identificó como autoridades
responsables a las fuerzas de seguridad desplegadas en el marco del OCCh.
Tras señalar que, ante el nivel de
violencia generada durante el despliegue militar, en 2010 el control
institucional del territorio le fue trasladado a la Policía Federal, sin que se
disminuyera el nivel de violencia, las organizaciones solicitaron a la CPI
“iniciar una investigación sobre la comisión en México de crímenes de lesa
humanidad”, así como visitar el país y solicitar al Estado mexicano información
adicional, sobre todo en cuanto a “la investigación, procesamiento y sanción
por el sistema penal mexicano al personal militar y máximos responsables
involucrados en los crímenes perpetrados durante el OCCh”.
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