Una nueva amenaza de muerte contra un
periodista de Tamaulipas se suma a la cadena de agresiones y asesinatos contra
los comunicadores del noreste de México, una región que ha sido “zona de
silencio” durante años debido a la complicidad de autoridades y crimen
organizado.
Jorge A. Pérez González, director del
portal Optimus Informativo, anunció el cierre de su espacio debido a
intimidaciones y amenazas, “todo bajo el amparo del anonimato”.
“Hay quien me dice que debo presentar
la denuncia respectiva, pero en un país donde la impunidad reina, creo que es
más peligroso esto que darles el gusto de callarnos”, señaló Pérez González en una columna
de despedida.
“Estas líneas no persiguen ni la
victimización ni la autoflagelación, agradezco de antemano la solidaridad de
los lectores… no tenemos otra alternativa más que alejarnos por precaución de
EL ACOSO Y EL AHOGO”,
concluyó el texto.
Pérez
González ha intercalado su oficio de periodista con diversos cargos públicos:
fue síndico primero en el ayuntamiento de Matamoros y también se desempeñó como
coordinador operativo de Comunicación Social durante el gobierno de Tomás
Yarrington.
No obstante que desde ese puesto
acordó convenios de publicidad con medios de Tamaulipas, los cuales fueron
utilizados para imponer una censura a periodistas críticos del exgobernador,
ante la amenaza los comunicadores de Tamaulipas cerraron filas con Pérez
González.
La denuncia
del director de Optimus Informativo ya está siendo atendida por el Mecanismo de
Protección a Periodistas y por diversas organizaciones como Artículo 19.
Esa nueva
amenaza se suma a la cadena de ataques y asesinatos que se han registrado en la
región, sin embargo, las agresiones
ahora vienen por parte de funcionarios y miembros de partidos políticos y no
por el crimen organizado como anteriormente sucedía.
En los últimos meses tres periodistas
fueron asesinados en la región, se registró el intento de secuestro contra un
comunicador y al menos dos reporteros fueron despedidos por presiones de
funcionarios que utilizan los convenios de publicidad como arma de chantaje.
En Monterrey se registró en días
pasados el asesinato de Alicia Díaz González, corresponsal de El Financiero; le
siguió el crimen en Ciudad Victoria contra Héctor González Antonio,
corresponsal de Excélsior; anteriormente mataron en Nuevo Laredo a Carlos
Domínguez Rodríguez.
Las investigaciones realizadas por
las autoridades registran que los asesinatos de Carlos Domínguez y Héctor
González tienen tintes políticos.
Mientras que en Nuevo León, exjefes
policiacos y exfuncionarios planeaban el secuestro del periodista Víctor
Badillo, molestos por su trabajo que ha documentado las ilegalidades y
corrupción que priva en el municipio de Escobedo.
Despidos por
“afectar a clientes”
A las agresiones y amenazas ahora se
suman los despidos de periodistas por publicar en sus redes sociales
comentarios que molestaron a los funcionarios que mantienen convenios de
publicidad con sus medios.
El Heraldo de Saltillo anunció el
pasado 31 de mayo que su reportero Daniel Revilla “dejó de prestar sus
servicios en El Heraldo al haber cometido faltas graves a las políticas
internas de esta empresa, deshonestidad y agresiones en contra de nuestros
clientes”, informó
una editorial que se publicó en su página de la red social Facebook.
La “deshonestidad” que cometió Daniel
Revilla fue denunciar en sus redes sociales agresiones de la Policía Municipal
de Ramos Arizpe en su contra cuando realizaba una cobertura periodística
encargada por su medio.
En respuesta
a esa denuncia, sus jefes le
advirtieron: “Ojo con eso Daniel; aunque tu comentario es a título personal, tú
trabajas para El Heraldo y en El Heraldo tenemos acuerdos comerciales
importantes con Tita (la alcaldesa de Ramos) que tú estás poniendo en riesgo”.
Tras
despedirlo, sus jefes publicaron:
“Asimismo, nos reservamos emprender las acciones legales tanto por la vía penal
como por la vía civil que correspondan”.
El mismo caso se registró en la
región de la Laguna de Durango, con una periodista que publicó denuncias en su
red social y a título personal, pero por ello fue despedida por el diario donde
trabajaba: Milenio Laguna.
Cecilia
Rojas Orozco denunció en sus redes
sociales que el Festival Lerdantino de 2010 dejó una deuda que afectó a más de
100 personas involucradas, desde artistas hasta organizadores y proveedores. La
deuda no pagada se le atribuye a Othón Reuter Ramírez, quien entonces presidía
el comité del festival y hoy es director de Arte y Cultura en Lerdo.
Para abril
de este año, Cecilia Rojas fue despedida
de Milenio Laguna como represalia por su denuncia a título personal. La orden
para despedirla vino de la alcaldía de Lerdo.
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