AMLO en el Estadio Azteca.

Gabriel Sosa Plata.

Andrés Manuel López Obrador hará su cierre de campaña en el legendario Estadio Azteca. La elección de ese lugar, propiedad de Televisa, le ha generado innumerables críticas al candidato porque esto representaría, según se ha dicho, un acuerdo político con las televisoras, la claudicación a uno de los poderes fácticos y un ejemplo más de las contradicciones de su discurso.

Debe admitirse que en este proceso electoral Televisa y TV Azteca han sido en general condescendientes con López Obrador. El candidato también lo ha sido con ambas empresas, a diferencia de lo ocurrido en las elecciones presidenciales de hace seis y doce años. Por ejemplo, durante el segundo debate presidencial de 2012, el entonces candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano afirmaba que el grupo económico que domina el país es “también dueño de los medios de comunicación más influyentes del país y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia”, y que “con la publicidad, con la mercadotecnia” buscaban imponer a Enrique Peña Nieto. “Hay un monopolio de la comunicación en nuestro país. Vamos a democratizar los medios de comunicación”, prometía.

A seis años de distancia, con una reforma de telecomunicaciones que ha modificado las reglas del juego, hay una situación algo distinta, que pudo haber suavizado, junto con otros factores, el discurso de López Obrador sobre las televisoras y en general con los medios de comunicación. Sin embargo, también debe aceptarse que el partido de López Obrador ha mantenido, en la mayoría de los casos relacionados con los medios, una agenda congruente con sus principios, desde su nacimiento.

Morena, debe recordarse, se opuso a la llamada Ley Chayote (que preserva la discrecionalidad en la asignación de los recursos de la publicidad gubernamental), a los retrocesos en materia de derechos de las audiencias, a la Ley de Seguridad Interior y sus consecuencias en el espionaje, a la criminalización por la instalación de estaciones de radio sin la concesión correspondiente, entre otros cambios regulatorios contrarios al interés general.

También sus diputados han propuesto iniciativas a favor de un control más estricto a la publicidad de comida chatarra, a la protección a la privacidad y a eliminar de la ley la disposición que priva de las instalaciones y equipos a las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión. Es decir, propuestas que en su mayoría afectan intereses de las televisoras, de los grandes grupos radiofónicos y otros medios de comunicación.

Es por esta visión que Morena y López Obrador han ganado la simpatía de diversos sectores de la población y su intención de voto. Traicionar esta agenda por una cobertura informativa favorable sería desastroso y decepcionante para el electorado, independientemente de lo que diga la plataforma electoral y sus proyectos a desarrollar en los seis años siguientes si ganan la elección.

Por lo tanto, lo que hasta ahora hay es especulación sobre los acuerdos con las televisoras, comprensible ante los resultados de las encuestas y la cercanía con la jornada electoral. También es comprensible el tono conciliatorio de ambos actores (televisoras y candidato) por el probable triunfo de López Obrador y para evitar un nuevo flanco de batalla que poco contribuye a sus causas e intereses.

TEMAS SENSIBLES.

Si López Obrador llega a la Presidencia será hasta ese momento que sabremos si hubo o no acuerdo previo con las televisoras y otros medios de comunicación.

¿Cuáles son algunos de los temas particularmente sensibles de esta relación?

El principal, a mi parecer, es la publicidad gubernamental. La llamada Ley Chayote, aprobada por el PRI y sus partidos satélites, que entra en vigor el primer día de enero de 2019, debe revertirse si se pretende acabar con el gasto discrecional en imagen y dejar de favorecer solo a un puñado de empresas (y periodistas). ¿López Obrador y los legisladores de Morena promoverán la reforma con visión democrática, a favor de la pluralidad y la libertad de expresión? ¿disminuirán los elevados montos asignados para imagen? Si es así ¿cómo repartirán el dinero?

Otro tema muy relevante es el que comenté hace unas semanas en Sin Embargo (15 de mayo): se acerca la prórroga de concesiones de Televisa, TV Azteca y los principales grupos de radio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órgano autónomo, tiene el sartén por el mango en cuanto a las contraprestaciones o pagos por dichas prórrogas, pero el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene un peso importante en la fórmula que determina los montos a pagar. Con la actual fórmula, se pagarían cantidades multimillonarias. Los concesionarios se oponen a ello y han propuesto modificarla por obvias razones. ¿Qué hará López Obrador si llega a la presidencia? ¿hará que paguen lo que resulte de los cálculos o reducirá mediante un nuevo referente las contraprestaciones vía Hacienda?

Los derechos de las audiencias es un tema más, que no debe subestimarse. El Gobierno de Peña Nieto tiró por la ventana los escasos alcances de estos derechos incluidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; combatió legalmente los lineamientos que al respecto aprobó el IFT; elaboró y publicó los lineamientos de clasificación de programas de radio y televisión para satisfacer los intereses comerciales de la industria mediática y de los anunciantes subestimando las opiniones y recomendaciones de organizaciones de la sociedad, incluidas las de padres y madres de familia; boicoteó los esfuerzos de la Secretaría de Salud para combatir la publicidad de comida chatarra en horarios en los que niñas y ninos ven la televisión, entre otras acciones. También esto debe revertirse y Morena ha coincidido con esta posición. Si su candidato gana las elecciones ¿mantendrán esta postura?

En cuanto a los medios públicos, de igual manera se esperaría un cambio radical para que algunos de ellos recuperen sus principios y dejen de ser voceros gubernamentales. Hay diversas iniciativas legales, con las que simpatiza Morena, que podrían sacarse del escritorio para reformular el modelo de radiodifusión pública y acoplarse al Estado democrático que anhelamos. Esto implicaría dotar de mayor autonomía al IMER, a Canal 22, a Radio Educación, a Once TV, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y al sistema de radiodifusoras indigenistas. Paralelamente, la agencia mexicana de noticias, Notimex, está obligada a corregir el rumbo como órgano de Estado y dar la vuelta a la página de un episodio oscuro que se ha caracterizado, en años y meses recientes, por estar al servicio del presidente, su partido y su candidato.

Por supuesto hay otros asuntos en los que Morena, López Obrador y los partidos políticos que lo apoyan tendrían la oportunidad de demostrar que se equivocan quienes los ven como nuevas estrellas del Canal de las Estrellas y de otros medios, como quitar la facultad a la Secretaría de Gobernación en la regulación de contenidos, impulsar la producción nacional independiente en radiodifusión, producir más cine nacional, así como fortalecer y expandir la radio y la televisión comunitarias e indígenas.

Pronto lo sabremos, si el voto mayoritario los favorece.