La Comisión
de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México solicitó a la Auditoría Superior capitalina
investigar los contratos otorgados directamente a empresas fantasmas o
irregulares, casos que mostró una investigación de Animal Político.
“Hemos solicitado a la Contraloría
General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Auditoría
Superior de la Ciudad de México, auditen exhaustivamente los contratos
señalados, con el propósito de que sean los órganos internos y externos de
control, quienes lleven a cabo dichas revisiones, y, en su caso, se deslinden
las responsabilidades administrativas correspondientes”, indicó la ALDF.
A través de un oficio firmado por
Leonel Luna, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno; Jorge
Romero Herrera, secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF; Guillermo
Sánchez Torres, Oficial Mayor de la ALDF, y Adolfo Riebeling Montiel, director
general de Administración, el tesorero General de este órgano legislativo,
Pablo Trejo Pérez, solicitó la “revisión detallada de los contratos
adjudicados” a empresas inexistentes o irregulares que han recibido contratos
millonarios firmados por ellos.
En el 2016, la ALDF otorgó a través de adjudicación
directa más de 37 millones de pesos a cinco empresas que dieron domicilios
falsos o que fueron desmantelados; 21 millones de pesos a otras tres empresas
instaladas en casas particulares, o en oficinas sin empleados ni
infraestructura.
Al ser cuestionados sobre este tipo
de irregularidades, el Tesorero de la institución y el Oficial Mayor, cuyas
firmas aparecen en todos estos contratos, no supieron contestar por qué se le
estaba dando dinero público a este tipo de compañías ligadas, incluso, a
empresas clasificadas como fraudulentas, como es el caso de Servicios Publicitarios
Graicy, originalmente ubicada en el mismo domicilio fiscal de Servicios y
Asesorías Profesionales Ying Yang, colocada en la lista de empresas “presuntas
fantasma” del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo
con el oficio TG/VIIL/0804/2018 los
contratos millonarios que serán revisados por David Vega Vera, Auditor Superior
de la Ciudad de México son: los otorgados a Servicios Publicitarios Graicy,
S.A. de C.V. para realizar el “Estudio Sociopolítico de la Ciudad de México con
miras a definir la Agenda Legislativa 2016”, y la “Agenda de Riesgos”, cuyos
montos ascienden a 8 millones 352 mil pesos y a 8 millones 120 mil pesos.
El convenio de colaboración firmado
por Leonel Luna y otorgado al Centro de Investigación Socioeconómica Global
Hernández y Asociados, S.C., con el fin de realizar un “Diagnóstico y
Evaluación”, cuyo monto fue de 4 millones 988 mil pesos; y el contrato otorgado
a Servicios y Administraciones JRS S.A. de C.V., para realizar un “análisis de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo del
Centenario de su promulgación”, cuyo monto fue de 4 millones 176 mil pesos,
también serán revisados por el Auditor Superior.
La Comisión de Gobierno también
solicitó la auditoría de los contratos otorgados a Grupo Jimto, a
Comercializadora y Servicios Alaze, SAMP Agencia Publicista de Medios, a Rehesa
Consultoría para digitalizar el archivo de la ALDF y los pedidos a Grupo
Oryaze.
La revisión fue solicitada con el fin
de “deslindar cualquier responsabilidad que pudiera resultar”, y luego de “una
publicación emitida por un medio de comunicación”.
Respuesta de
la ALDF.
En la
totalidad de los casos mencionados en el reportaje, aseguró la ALDF, “existen los instrumentos legales que les dan origen a
los contratos, siguiendo todo el proceso hasta contar con el bien o servicio
contratado”.
Esto es,
agregó, “desde que quien presta los
servicios se encuentre debidamente registrado en el Padrón de Proveedores,
cuente con sus Actas Constitutivas, presente su comprobante de domicilio, este
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, presente las Fianzas
requeridas para garantizar el cumplimiento de cada contrato, entregue sus
Anexos Técnicos, hasta lo más importante, que es el producto de los trabajos
contratados (entregables)”.
Ya que
ocurren los pasos anteriores, indicó la ALDF, “se tramita el pago correspondiente, y, en ese proceso, se verifica que
la factura esté debidamente validad por el Servicio de Administración
Tributaria”.
En el caso de la contratación del
Centro de Investigación Socioeconómica Global S.C., la Asamblea aseguró que se
encuentra debidamente soportado por un acuerdo de la Comisión de Gobierno de la
ALDF, de fecha 19 de febrero de 2016, en el que se mandata a las Unidades
Administrativas Correspondientes, llevar a cabo la celebración de este Convenio
de Colaboración, atendiendo en todo momento a lo establecido en la normatividad
en la materia”.
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