La Auditoría Superior del Estado dio
entrada a la solicitud presentada por periodistas y activistas para revisar de manera
específica y esclarecer el posible conflicto de interés por los contratos
publicitarios otorgados por el gobierno municipal de Guanajuato y el Sistema
Municipal de Agua Potable a la empresa televisiva de Jorge Rodríguez Medrano,
esposo de la regidora del PRD en el Ayuntamiento Silvia Rocha Miranda, así como
a sus hijos y nuera.
Estos contratos se otorgaron mientras
uno de los hijos del matrimonio fue empleado del propio gobierno municipal y
otro a la fecha lo es del Sistema Municipal de Agua Potable, el Simapag, en el
cual su esposa cobró diversos servicios durante el 2017.
También se admitió la petición expresa para revisar
la omisión en el cobro por el uso de vía pública que al menos desde el 2013 y
hasta la fecha ha dejado de pagar la empresa de televisión por cable Telecom al
gobierno municipal, en perjuicio de las arcas públicas por un monto estimado en
87 millones de pesos.
En un oficio
firmado por el titular de la Auditoría Superior, Javier Pérez Salazar, se notificó la competencia de esta instancia
estatal para atender la petición entregada por los periodistas y activistas,
así como la procedencia de esta solicitud, por lo que se aprobó efectuar las
dos auditorías, una al gobierno municipal y otra al Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado, Simapag.
Esta resolución fue tomada por el
titular de la ASEG tras revisar la petición y todos los documentos entregados
de manera adjunta, mismos que fueron principalmente oficios de ambas instancias
(el gobierno municipal y el Simapag) en respuesta a solicitudes de acceso a la
información efectuadas por el abogado Roberto Saucedo Pimentel, integrante de
la organización Ciudadanos Hartos.
Los
documentos oficiales detallan los
contratos publicitarios convenidos con familiares de la regidora Rocha Miranda:
TV8, de Jorge Rodríguez Medrano, su hijo Jorge Alberto Rodríguez Rocha (quien
fue empleado del municipio), su otro hijo Héctor Alejandro, funcionario del
Simapag y la esposa de éste, María Fernanda Denise Uribe Ramos, con el gobierno
municipal y con el propio Simapag.
Tanto la regidora Rocha Miranda como
su esposo e hijos han interpuesto demandas por daño moral en contra de Saucedo
Pimentel ante un juzgado civil, en acciones calificadas por organizaciones
nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión como
Artículo 19, la Red Nacional de Periodistas y Propuesta Cívica como un
hostigamiento que pretende censurar la libre opinión.
“Se ordena la práctica de una
auditoría específica…por conducto del Ayuntamiento y de diversas autoridades
unipersonales: presidente, tesorera y director general de desarrollo urbano y
protección ambiental…y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, a
efecto de revisar la adecuada contratación y su debida ejecución (de los contratos)
… determinando entre otras cuestiones, si se actualizó conflicto de interés”, refiere el oficio de la ASEG.
Por estas
auditorías se ordena revisar también
“que se hayan realizado correctamente los actos orientados a recaudar el
ingreso correspondiente por la instalación u ocupación de línea de cableado
para uso comercial en la vía pública a cargo de Telecom Nacional S. de R.L. de
C.V. o de la persona moral que corresponda, relativa al servicio prestado por
la empresa conocida como Tv8, operada por Jorge Antonio Rodríguez Medrano,
durante los ejercicios fiscales del 2013 al 2017”.
Las
auditorías se adicionarán al Programa general de fiscalización de la Auditoría
Superior del Estado.
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