Con apoyo de la alcaldía de Actopan, empresa minera se apodera de 32 hectáreas de un predio rústico.

Mediante el esquema de compra-venta y fusión de terrenos, la empresa minera Alondra, de inversión canadiense y mexicana, se apoderó sigilosamente de más de 32 hectáreas de un predio rústico denominado Pozo de Oro, en la congregación montañosa-costera de Villa Rica.

Con la complacencia del ayuntamiento de Actopan, Alondra SA de CV obtuvo a través de su representante legal René Lechuga Juárez –oriundo de Chihuahua y presunto prestador de servicios legales de Grupo México- la “subdivisión” y “traslado de dominio” para que en las inmediaciones de las localidades El Porvenir y Tinajitas pueda explotar y extraer minerales con maquinaria pesada, pese a la inconformidad de la población.

El pasado 25 de mayo, más de mil habitantes del municipio de Actopan, acompañados de activistas y representantes de la Iglesia, se reunieron en la explanada del parque Morelos, frente al palacio municipal, donde realizaron una “fiesta en defensa de la naturaleza”, como medida para exigir un alto a los proyectos mineros que impulsa la empresa Candelaria Mining Corp, que ha utilizado a Alondra como “outsourcing” de la minería para realizar sus trabajos.

En dicha protesta, el alcalde panista-perredista Paulino Domínguez retó a golpes a uno de los manifestantes, quien lo acusó de “corrupto” por haber aceptado sobornos de representantes de la empresa minera.

“Yo te conozco, no hagas pendejadas, estúpido, anótale el nombre, anota el nombre”, gritaba iracundo el munícipe, luego de lo cual asestó varios golpes a quien lo encaró, y pidió a uno de sus guaruras que anotara los datos generales de quienes lo acusaban de corrupto.

Documentos en poder de Apro revelan que desde el 19 de febrero pasado la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Arturo Velázquez Domínguez –subordinado del alcalde-, autorizó la subdivisión y traslado de dominio de los terrenos, y el 9 de mayo, ante la notaría pública número 34 con sede en Ciudad Cardel, se concretó la compra-venta y fusión de predios, con el aval municipal.

En la escritura pública número 20 mil 471 –documento en poder de Apro– se establece como cláusula séptima que el ejidatario Rufino Cervantes Gabriel cedió el predio rústico para “los fines propios” que “el objeto social” requiere, en este caso la minera Alondra SA de CV.

“Hace una semana la empresa dio a conocer que a partir del 1 de julio iniciaría trabajos en el cerro La Paila, donde pretende echar a andar la mina ‘Caballo Blanco’”, denunció Guillermo Rodríguez Curiel, representante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En los municipios de Actopan y Alto Lucero, la empresa canadiense Candelaria Mining Corp promueve esa mina y cuatro proyectos más: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur. La compra de terrenos ya inició a través de Alondra.

Dentro de “Caballo Blanco” se tiene contemplado remover 20 mil toneladas de tierra y piedra al día, para lo cual se necesitarían ocho toneladas de explosivo y 2.8 toneladas de cianuro.

Candelaria Mining Corp tiene contemplado que ese proyecto produzca un promedio de 240 kilogramos de oro al mes, con una vigencia de ocho años de actividad.

Además, ocupará 4 millones de metros cúbicos de agua para extraer 20 toneladas de oro en el cerro “La Paila”, ubicado en el municipio de Alto Lucero.

De acuerdo con Héctor Salas Hernández, geólogo de Candelaria Mining Corp, en cada uno de los ocho años se utilizaría medio millón de metros cúbicos de agua. A su juicio, dicha cantidad de agua no es representativa en comparación con otros proyectos.

“La presa de eventos está diseñada para contener 383 mil metros cúbicos, lo cual significa que casi un 80% de las necesidades de agua para la operación salen de la pileta de eventos y nada más necesitaríamos un muy pequeño porcentaje de alguna otra fuente”, explicó recientemente al periódico local Crónica de Xalapa.

En respuesta, Rodríguez Curiel soltó: “No queremos la minería ni ahora ni nunca. Vamos a estar firmes y no vamos a bajar la guardia”.

Desde 2012, en Veracruz hay una férrea oposición de ambientalistas y campesinos al proyecto minero, y recientemente acusaron que la fauna y flora del frágil ecosistema tiene daños irreversibles.