El consorcio
conformado por las empresas Braskem e Idesa, que opera el polémico complejo
Etileno XXI, se deslindó hoy de la
compañía brasileña Odebrecht –de la que Braskem es una filial–, negó que exista
un “precio preferencial en el etano suministrado” a su planta y aseveró que no
incurrió en “irregularidad alguna en sus actividades en México”.
En un
comunicado, el consorcio aseveró que era
necesario aclarar estos puntos frente a una “serie de notas mal informadas”, en
referencia a los reportajes que publicaron los integrantes de la Alianza
Méxicoleaks –de la que Proceso forma parte– en los últimos días.
Los reportajes mostraron que, siendo
presidente del Consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade
Kuribreña, avaló en abril de 2011 el contrato de suministro de etano celebrado
entre Pemex y Braskem Idesa en febrero del año anterior, y que desencadenó un
desastre industrial y pérdidas multimillonarias en la petrolera mexicana.
Durante la
sesión del Consejo de Administración de Pemex, el hoy candidato presidencial del PRI ignoró las advertencias de tres
consejeros de la petrolera, quienes le alertaron que el documento perjudicaba
los intereses de la empresa e, incluso, desairó la solicitud de uno de ellos de
suspender el proyecto para revisar a fondo los términos del contrato.
En su
escrito, el consorcio Braskem Idesa aseveró
que “la fórmula de precio propuesta y aprobada por la Comisión Reguladora de Energía
aplica para todos los consumidores de etano en el país, inclusive para Pemex
Etileno, desde 2013”.
La fórmula del precio de la venta de
etano de Pemex a Etileno XXI incluye “descuentos”, según el contrato. Además,
el boletín no menciona que, aparte de Etileno XXI, no hay otros clientes
privados de etano en el país.
Es más: para suministrar los 66 mil barriles de
etano diario al complejo –una cláusula plantea multas multimillonarias en caso
de no cumplir con esta cantidad–, Pemex dejó sus propias plantas de
transformación en subocupación.
La
subocupación de Cangrejera y Morelos –las
plantas de etileno de Pemex– llegó a tal punto que Pemex Etileno se encuentra
en una “situación crítica, donde no se podría continuar operando los dos
crackers (plantas que convierten el etano en etileno y derivados)”, según el
acta del Consejo de Administración celebrado el 10 de abril de 2017.
El factor
etano.
El consorcio también planteó en su
boletín que “Braskem Idesa está comprometida con Pemex para encontrar
soluciones que incrementen la disponibilidad de etano en México”, pues sostuvo
que “el origen de la falta de etano, se debe a una insuficiente producción
nacional, la cual no refleja las proyecciones entonces realizadas; esta
situación se encuentra fuera del control de las empresas petroquímicas
privadas, que dependen de este insumo”.
Esta aseveración es correcta. De
hecho, fue una de las razones por las cuales el consejero Rogelio Gasca Neri
pidió al Consejo de Administración que se suspendiera el proyecto.
Durante la
reunión celebrada en abril de 2017,
Gasca advirtió que el contrato “compromete a Pemex a un suministro de gas, que
no está basado en la producción actual sino a posibles futuros descubrimientos,
que son inciertos”.
“Simplemente, si no existe el etano en Pemex
Exploración y Producción, por las razones que se quieran, entre ellas el no
descubrimiento de reservas, Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene la obligación
de importarlo o bien pagar una penalización importante”, observó el
consejero.
Y ocurrió: según la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), durante los primeros 10 meses de operación de Etileno XXI,
Pemex perdió cerca de dos mil millones de pesos, y para surtir de etano al
complejo operado por la filial de Odebrecht, la petrolera se vio obligada a
comprar el gas en el extranjero para vendérselo a un precio menor al consorcio.
Así, en los próximos dos años, Pemex comprará
720 mil toneladas de etano al consorcio árabe SABIC (Saudi Arabian Basic
Industries Corporation) por un costo total de cuatro mil 550 millones de pesos,
de acuerdo con un reportaje que publicó la semana antepasada la organización
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En diciembre de 2016, Odebrecht y su
filial Braskem aceptaron pagar cerca de 3.5 mil millones de dólares al
Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar un juicio. En un
documento, las empresas reconocieron que incurrieron en prácticas de corrupción
en distintos países.
En su
boletín publicado hoy, Braskem Idesa
insistió en que el documento celebrado entre Braskem y las autoridades
estadunidenses “no reporta irregularidad alguna en sus actividades en México”.
En el acuerdo, Braskem reconoció que pagó más de 250 millones de dólares a
funcionarios extranjeros, partidos políticos y candidatos en Brasil a través de
estructuras offshore.
Por su
parte, Odebrecht reconoció ante las
autoridades estadunidenses que pagó sobornos a funcionarios de distintos
países, entre ellos a un alto funcionario de México.
En abril de
2017, la organización Quinto Elemento
Lab reveló en Proceso que este funcionario era Emilio Lozoya Austin, señalado
por exdirectivos de Odebrecht por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos,
primero como coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial
de Enrique Peña Nieto, y posteriormente como director general de Pemex.
En su
comunicado, Braskem Idesa aseveró que “es una empresa separada e independiente
de Constructora Odebrecht en México”, pues “cuenta con Gobierno Corporativo,
Consejo de Administración, gestión y toma de decisiones, propias”.
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